De acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador todas las personas que actualmente son ministros, jueces y magistrados dejarán su cargo el día en que tomen posesión los nuevos ministros, jueces y magistrados, ya elegidos por voto popular.
✍🏽Rodolfo L. Chanona
La reforma judicial impulsada por el presidente AMLO y la presidenta electa Claudia Sheinbaum entrará a un debate en los próximos meses, luego de que, tras las elecciones del pasado 2 de junio, el Congreso de la Unión contará con mayoría de Morena y sus aliados. Iniciativa que plantea cambiar el formato de elección de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de los tribunales colegiados y juzgados de distrito.
En el caso de la Suprema Corte, la reforma plantea reducir el número de ministros que la componen -de 11 a 9 ministros- todos electos por voto popular, cada uno duraría 12 años en su encargo -tres menos que en la actualidad- y su salario no podría ser mayor al que recibe el Presidente de la República.
Para la elección de cada ministro, las personas votarán por ellos cada tres años en la misma jornada electoral en la que se eligen diputados federales, senadores y nuevo Presidente; sin embargo, en el lapso de la campaña únicamente podrían participar en foros organizados por el Poder Judicial y compartir sus posturas en radio y televisión; ello sin financiamiento público ni privado, ni la intervención de partidos políticos.
Las y los candidatos a ocupar una silla en la Suprema Corte serán propuestos por los tres Poderes de la Unión: el Presidente de México propondrá 10 candidatos; el Senado y la Cámara de Diputados propondrán 10 candidatos más, y el Poder Judicial, otros 10 candidatos; además de cumplir los requisitos para ser candidato que, se establecen en la Constitución y en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
La situación es similar para magistrados del Tribunal Electoral, quienes se encargan de resolver todas las impugnaciones a candidaturas, sanciones a partidos políticos y elecciones.
De acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador todas las personas que actualmente son ministros, jueces y magistrados dejarán su cargo el día en que tomen posesión los nuevos ministros, jueces y magistrados, ya elegidos por voto popular. Además, si la iniciativa se aprueba, los 32 estados del país tendrán que establecer mecanismos similares en sus constituciones locales, con lo que jueces y magistrados también serían electos a partir del voto de las personas.
La reforma judicial plantea que una vez que entre en vigor se tendrían que realizar elecciones extraordinarias para sustituir a todos los titulares del Poder Judicial de la Federación, por lo que, si se aprueba en septiembre, dichos comicios se podrían realizar, el primer domingo de junio de 2025 y estarían a cargo del INE, mientras este no sea reformado también.
Por otro lado, la reforma judicial considera eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que se encarga de organizar el funcionamiento –a nivel federal– de jueces y magistrados, así como de vigilar y disciplinar el funcionamiento del Poder Judicial, para sustituirlo por un órgano de administración judicial para temas de administración y organización, así como un Tribunal de Disciplina Judicial para establecer sanciones al interior del Poder Judicial de la Federación.
El unico caso en latinoamerica en donde se eligen a los jueces es, en Bolivia y es a nuestra consideración, el único país en que podríamos hacer el comparativo respecto a la eficacia o ineficacia del proyecto como ejemplo, toda vez que, comparte un sistema jurídico similar al mexicano, no así el de. los Estados Unidos o los paises europeos que existe en alguno de ellos la elección de jueces, aún que no del máximo tribunal.
En 2009, la Constitución bolivariana introdujo el sistema de elección popular de sus más altas cortes; su proceso de preselección se lleva a cabo, en primer término, por comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Después de la primera etapa, las comisiones envían a esta Asamblea Legislativa el grupo de aspirantes que a su parecer reúne los requisitos exigidos por la legislación para ser electos. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea, mediante una mayoría de dos terceras partes elige a las personas aspirantes que serán sometidas al voto popular.
Sin embargo un dato importane a destacar es que, la Constitución de Bolivia igual al proyecto de México, prohíbe a las personas aspirantes hacer campaña política; con la diferencia de que, solamente el Órgano Electoral puede difundir información de las personas aspirantes.
La primer elección se llevo en el año 2011 y no obstante 13 años de su vigencia, dicha reforma ya se plantea hecharla para atrás; por lo desastrosa que ha sido, toda vez que los principales actores políticos bolivianos han coincidido en calificar como un error y un fracaso el sistema de elección del poder judicial por votación popular.
Sin que el sistema de elecciones de jueces haya erradicado la intromisión política en el poder judicial, ni el retraso en la administración de justicia, ni la corrupción; manteniéndose la percepción de desconfianza del sistema judicial en Bolivia igual que en México sin reforma, en donde según estudios, 2 de cada 10 habitantes bolivianos y mexicanos, confían en su sistema judicial.
