Lo que está haciendo AMLO, Morena y sus aliados no es nada simple ni sencillo.
✍?ACÁ ENTRE NOS | Alejandro Moguel
Andrés Manuel López Obrador está a punto de eliminar en México la separación de poderes, de la que ya se hablaba desde tiempos de Aristóteles y Platón, pero que fue materializada por el filósofo y político francés, el Barón de Montesquieu, quien en 1748 escribió El espíritu de las leyes, que identificó tres poderes del estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Su objetivo principal: limitar el uso arbitrario del poder político y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Lo que está haciendo AMLO, Morena y sus aliados no es nada simple ni sencillo. Se trata de algo muy grave para la democracia en México, por eso sigue la polémica sobre la intención del presidente de que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante el voto popular. No, no y absolutamente no.
¿Qué hay corrupción entre los juzgadores? ¿Qué, en muchos casos y en sexenios anteriores, esos mismos juzgadores han beneficiado a las élites del poder económico y político del país? Es cierto.
Peroo, ¿no parece que ustedes, morenistas, habían prometido en campaña que eso no iba a suceder cuando ustedes llegaran al poder presidencial? ¿O son tan cínicos, que no se van a acordar de sus reiteradas promesas en actos de proselitismo?
Hay otras formas de prevenir la corrupción: castigar en forma severa los juzgadores corruptos. Inhabilitar a un juzgador corrupto con la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y privados en materia jurídica.
Sin embargo, está claro que el presidente no quiere acabar con los vicios de los juzgadores. Únicamente quiere que todo el Poder Judicial esté bajo el arbitrio del Ejecutivo en turno.
¿Por qué no deben ir a elección popular los jueves, magistrados y ministros de la Corte? Primero, porque esos funcionarios públicos no deben poseer popularidad para estar en sus cargos, como ocurre con los gobernantes y representantes populares. Los empleados del Poder Judicial deben obedecer a la Constitución y a las leyes secundarias de todo el país, y para eso, lo único que deben poseer es una amplia carrera judicial y acreditados conocimientos en la materia.
No deben surgir de elecciones porque también esa es una triquiñuela del propio mandatario nacional para vengarse de los ministros actuales que nunca se sometieron a sus instrucciones, como si fueran sus empleados.
Varios hombres de la toga asumieron su independencia y su autonomía para emitir resoluciones de acuerdo con la Constitución y las leyes. Eso no le gustó al tabasqueño. Como muchos mexicanos saben, el presidente quiere que todos, absolutamente todos, estén sometidos a su voluntad y como varios jueces, magistrados y ministros no se doblegaron, hoy quiere cobrar venganza.
El otro motivo está suficientemente claro, de igual manera. El mismo AMLO dictó el contenido de las reformas al Poder Judicial a manera de que todos esos funcionarios públicos sean electos por el voto popular, para que Morena y sus aliados propongan a candidatos con ideología morenista para que las decisiones de la Corte estén a su disposición. Es decir, el presidente acabará con la autonomía del Poder Judicial para que, en todo momento que él o la nueva presidenta lo requieran, puedan iniciar una persecución política contra todos aquellos que no se sometan a sus designios, como lo ha hecho en este sexenio con la ex titular de Sedatu, Rosario Robles y el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuyo único “delito” fue haber elaborado una investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este gobierno lo está investigando por desaparición y tortura, que no le han podido comprobar.
Él desea, anhela que se haga realidad aquella famosa frase de “a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia a secas”, pero esto último con un matiz de mayor control.
Eso será muy grave, por varias razones. Si en este sexenio y cuando no tenía a su disposición a todos los juzgadores, López Obrador mantuvo a Rosario Robles tres años en prisión preventiva por la llamada Estafa Maestra, sin haberle podido comprobar nada, imaginemos qué va a hacer contra sus adversarios políticos cuando los jueces, magistrados y ministros de la Corte estén bajo su dominio.
López Obrador y Morena quieren apoderarse del Poder Judicial a como dé lugar y lo van a lograr, porque tienen mayoría calificada en las dos cámaras, y con eso se dará paso a la fácil intromisión del Poder Ejecutivo y de otros poderes fácticos, incluido el crimen organizado, en el nombramiento de los juzgadores, quienes estarán dictando justicia de manera parcial. Se acabará con la autonomía de poderes, lo cual significará un grave retroceso en el lento avance de las libertades individuales en México.
Por lo pronto, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña ha advertido con contundencia lo que muchos mexicanos ya sabemos. Que la multicitada reforma al Poder Judicial fortalecerá a “grupos de poder” que podrían influir en la elección de jueces y que éstos, ya en sus cargos, responderían precisamente a los intereses de esos grupos. Dijo también que esa reforma abrirá la puerta para la llegada de improvisados al Poder Judicial. “Ya no llegará la persona más capacitada al puesto, la que haya pasado varios años estudiando y preparándose para presentar exámenes de oposición, sino la más popular, la que haya sabido relacionarse con los grupos de poder que, irónicamente, es uno de los puntos que presuntamente pretende acabar esa reforma. Dicho de otra manera, la reforma provocará lo que se intenta erradicar.
El problema está en que ya no habrá vuelta atrás. Los morenistas están fingiendo parlamentos abiertos, en los que se están discutiendo las reformas al Poder Judicial, pero todo mundo sabe que, a la hora de pasar la iniciativa de ley al pleno de las cámaras legislativas, esas opiniones no van a ser tomadas en cuenta.
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