Actualmente la regulación y normatividad ambiental es muy amplia y dispersa, a veces incluso es contradictoria.
✍🏽ECOLOGÍA HUMANA | Amado Ríos Valdez
Hace algunos meses colaboré, junto con un conjunto de compañeros profesionales, en un libro titulado “Ideas para continuar la 4T”, este libro fue publicado por Editorial Itaca en julio de 2023 y el prólogo fue escrito por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. El libro fue coordinado por el Dr. Enrique Semo Calev y cuenta con 8 capítulos, además del prólogo y la introducción. Mi participación fue específicamente en el capítulo dedicado al medio ambiente y titulado “Nuestra propia agenda para un futuro certero. Una propuesta programática en el bienestar socioambiental de México”, capítulo coordinado a su vez por el Dr. Pedro Alvarez-Icaza Longoria.
Para el libro en cuestión escribí varias ideas y propuestas de mejora de la política ambiental del país y de esas ideas he extraído las 6 que se refieren a un tema fundamental y en el cual urgen cambios sustanciales y de fondo como es el del impacto ambiental. Estas ideas parten de un diagnóstico del estado actual de la evaluación del impacto ambiental en México y están muy resumidas para los propósitos de esta columna Ecología Humana.
UN SOLO TRÁMITE DE GESTIÓN AMBIENTAL
Actualmente la gestión de las obras y proyectos que necesitan de la intervención del sector ambiental tienen que pasar al menos por varios trámites: impacto ambiental, cambio de uso del suelo forestal, vida silvestre, zona federal marítimo terrestre, manejo de residuos peligrosos, licencia ambiental única, etc. con la particularidad de que en muchos casos las respuestas de la autoridad ambiental son contradictorias o antagónica entre sí.
Por ello me parece que estos instrumentos de política ambiental deben evolucionar a que se unifiquen los trámites en uno solo para que la autoridad ambiental tenga un solo ingreso e integre y emita una sola respuesta. Un solo trámite, una sola respuesta.
Además de ello debe trascenderse a que los estudios de impacto ambiental, los forestales y otros, dejen de ser una mera simulación y sean efectivamente un instrumento útil para la toma de decisiones con bases científicas.
INTEGRACIÓN DE LA ASEA EN LA SEMARNAT Y FORTALECIMIENTO DE UNA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Actualmente ha desaparecido de la estructura una Subsecretaría de gestión ambiental pero existen las funciones en 5 diversas direcciones generales, sin una coordinación clara y operativa. Por otra parte la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que fue creada para que PEMEX tuviera una estructura exclusiva para sus trámites ambientales, es una instancia que es juez y parte pues igualmente concentra las funciones de vigilancia y sanción ambiental y de seguridad industrial, restando con ello facultades a la SEMARNAT y diluyendo en varias instancias la política federal de gestión y protección ambiental.
Para el mejor desarrollo de la política ambiental del país la ASEA debe integrarse con su estructura, funciones, infraestructura y presupuesto a la Subsecretaría de Gestión Ambiental y que ésta a su vez mejore y modernice su estructura interna para unificar criterios, normatividad y funciones para hacerla más ágil y ejecutiva.
QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEJE DE FUNCIONAR COMO JUEZ Y PARTE PARA DARLE LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD A LAS OBRAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO
Actualmente el gobierno, por medio de la SEMARNAT se autoevalúa sus obras, es juez y parte interesada, generando permanentemente un conflicto de interés. Además de ello las grandes obras y proyectos no son evaluadas de manera imparcial por el bien común, por ello es importante generar instrumentos que posibiliten la objetividad científica,técnica y jurídica a la hora de evaluar y autorizar proyectos gubernamentales.
Por ello me parece indispensable que se cree un Comité científico y ciudadano que emita opiniones con carácter jurídico vinculante para la emisión de los resolutivos de la SEMARNAT. El Comité estará conformado por representantes de las mayores y mejores universidades del país, así como ONGs y organizaciones ciudadanas con amplia y demostrada experiencia técnica y profesional. Las opiniones deberán tener siempre fundamento científico y jurídico y la autoridad estará obligada a aplicarlas en su resolución administrativa.
SIMPLIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD, CREACIÓN DE NORMATIVIDAD MÁS ESPECÍFICA Y FOMENTO DE LA AUTORREGULACIÓN
Actualmente la regulación y normatividad ambiental es muy amplia y dispersa, a veces incluso es contradictoria. Existe una subutilización del ordenamiento ecológico del territorio como instrumento de planeación para el desarrollo e incluso hay estados que no lo tienen,
Ante esta situación que se acerca mucho a lo caótico, es urgente simplificar y concentrar las leyes y reglamentos ambientales en los menos posibles. crear tantas normas oficiales mexicanas ambientales como sea necesario para promover la autorregulación ambiental y facilitar la carga administrativa de la SEMARNAT y la PROFEPA.
DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS ESTADOS Y EFICIENTAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actualmente el 90% de los trámites en la SEMARNAT son de proyectos pequeños, de impacto ambiental limitado y que consumen mucho tiempo, recursos y energías de los equipos técnicos centrales, generando además un gran retraso en las respuestas y con ello deteniendo la inversión local y federal. Por otra parte, en casi el 100% de los casos, no se visitan los sitios de los proyectos y se analizan con desconocimiento del lugar. Por ello es necesario que las autoridades locales se involucren en la evaluación de los proyectos pequeños y se baje la carga administrativa a la federación.
Es necesario trasladar funciones a las autoridades estatales para que se hagan cargo de la evaluación y resolución de los proyectos que no sean de interés de la federación. El traslado de funciones puede ser mediante acuerdos de coordinación, capacitación intensiva y bajo los mismos principios técnicos, jurídicos y metodológicos adoptados en la SEMARNAT en la nueva administración.
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA EFECTIVA, CONSENSUADA, ÁGIL Y RESPETUOSA DE LOS INTERESES LOCALES
La participación y la consulta ciudadana es fundamental para que la sociedad entienda, proponga y acuerde las obras y proyectos que se instalarán en sus estados, municipios, localidad e incluso en sus propiedades. La propia Constitución garantiza la consulta previa e informada a las comunidades indígenas y originarias de nuestro país, sin embargo, la consulta debe ser una manera efectiva de conocer los intereses y propuestas y no convertirse en un trámite eterno que dificulte la participación ciudadana.
Ante esta condición vigente es indispensable modificar la legislación ambiental para que regule la participación ciudadana mediante consultas públicas que garanticen explícitamente que sean previas e informadas y que la población involucrada efectivamente puedan participar libremente. Las consultas de este tipo, por su propia naturaleza de infraestructura y logística deben limitarse a las grandes obras. Hoy, aunque existen en la Ley, son más bien una simulación y una formalidad.
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