Pretenden sembrar la idea de que la procuración de justicia e investigación de delitos están a cargo del Poder Judicial de la Federación
✍🏽Eugenio Hernández Sasso
Se debe desenmascarar la mentira usada para impulsar la reforma, pues se pretende sembrar la idea de que la procuración de justicia e investigación de delitos están a cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) y no en los ministerios públicos y las policías como realmente es, aseveraron Rosadelhy Domínguez Serrano, secretaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, y Mario Arias Montes, secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas.
Entrevistados por Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, los juristas aseguraron que el movimiento que encabezan tiene el propósito de dar a conocer a la sociedad la función que tiene el Poder Judicial de la Federación y la importancia de la división de poderes en el país.
Asimismo, también han informado sobre la posible infracción a los derechos humanos y garantías que tienen todos los gobernados en México, a efecto de que no pase la reforma judicial porque contiene premisas equivocadas y, a través de ellas, se plantea un cambio que no es adecuado a las disposiciones a nivel internacional.
Para detener la reforma, manifestó Rosadelhy Domínguez, no solo se ha recurrido a la acción social, sino también a lo legal como juicios de amparo que ya tramitaron algunos jueces de distrito en contra del procedimiento de la reforma judicial. Reveló que esto representa un atentado al poder, la carrera y la autonomía judicial.
Sin embargo, recalcó que uno de los derechos de los gobernados es el del juicio de amparo en contra de actos autoritarios que infringen sus derechos humanos o sus garantías constitucionales.
Destacó que ve su carrera en los últimos días, porque a 25 años de carrera judicial no se vería como secretaria al servicio de alguien que le indique lo que tenga qué hacer algo desapegada a la constitución.
“No me gustaría pertenecer a un PJF donde los jueces y magistrados fueran designados por elección popular, porque estoy segurísima que no quedarán los más competentes sino quienes sean afines a las ideas del partido político en el poder y eso delimitaría la función, la virtud del Poder Judicial, que es la de velar por los derechos de los ciudadanos”.
En cuanto a la suspensión contra la reforma judicial a la que se refirió el diputado Ricardo Monreal, señaló que lejos de combatirla con calificativos de ese nivel, los diputados deben hacerlo con argumentos jurídicos.
Mencionó que, inclusive, la bancada del PRI se retiró ayer de la Cámara de Diputados, porque si no se acata esa resolución se puede incurrir en un delito establecido en la Ley de Amparo.
Consideró que el uso de calificativos para desdeñar, demeritar, hablar mal de algo o alguien es una práctica común del partido en el poder.
RECALCÓ QUE LOS DESCALIFICATIVOS LE HAN CAUSADO DAÑO MORAL
A su vez, Mario Arias Montes comentó que la actitud de quienes impulsan la reforma ha sido cerrada desde el principio, porque están conscientes de la falsedad de sus argumentos, y solo tratan de sembrar en la sociedad la idea de que la procuración de justicia, la investigación de delitos y la justicia común está a cargo del PJF.
Pidió a los medios de comunicación que abran sus espacios para desenmascarar la mentira, porque la procuración de justicia e investigación de delitos no están a cargo del PJF como se le ha hecho creer a la sociedad, sino de los ministerios públicos y las policías.
Indicó que se puede pagar un costo político como la pérdida de inversiones y la fuga de capitales del país por la falta de seguridad jurídica.
Comento que existe la intención de concentrar el poder en una sola persona, por medio de una propuesta disfrazada de reforma judicial, sustentada en calumnias al decir que en el PJF prevalece la corrupción, cuando es en los estados donde existe una situación tortuosa.
Afirmó que no están preocupados por perder el trabajo, sino más bien por perder la oportunidad de llegar a ser impartidores de justicia, titulares de un Juzgado de Distrito o integrar un Tribunal Colegiado de Circuito.
Añadió que si nos sometieran al procedimiento que está proponiendo la reforma, estarían obligados a ser postulados como candidatos, y para ello, tendrían que vincularse con partidos políticos, los grandes capitales o, inclusive, la delincuencia.
Para ser electos, además, tendrían que sujetarse a un procedimiento de campaña y contar con recursos económicos para acceder a espacios de comunicación. “Eso solo lo podrían pagar quienes tienen las posibilidades”.
Indicó que los calificativos en la Cámara de Diputados no son de extrañar, porque vienen de personas que están acostumbradas a realizar su función a través de la calumnia, difamación y es parte de la estrategia de distorsionar la realidad para que los apoye la gente.
“Nunca mencionan que esta demanda de amparo no es en contra de una reforma, porque no se ha concretado, está dirigida al procedimiento legislativo, a actos del Congreso dentro del procedimiento reformador”.
