Lo más alarmante de sus palabras no fue solo la gravedad de la insinuación, sino que provino de una figura pública que representa los intereses de los ciudadanos de Chiapas en el Congreso de la Unión.
Las declaraciones de la diputada federal por Chiapas, Carmen Patricia Armendáriz, sobre el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, han causado indignación y rechazo entre la ciudadanía. Su comentario en redes sociales ha sido calificado como una acusación sin fundamentos que empaña la memoria de una víctima del crimen que golpea al estado.
En un contexto de dolor y consternación por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, líder comunitario en San Cristóbal de las Casas, las declaraciones de la diputada federal por Chiapas, Paty Armendáriz, han generado una ola de indignación entre los chiapanecos. Armendáriz, a través de su cuenta de X (antes Twitter), insinuó que el crimen organizado podría haber tenido vínculos con la iglesia, sugiriendo que el sacerdote poseía bienes que «no venían de la limosna», lo cual generó especulaciones y cuestionamientos sobre la figura de Pérez Pérez.
Lo más alarmante de sus palabras no fue solo la gravedad de la insinuación, sino que provino de una figura pública que representa los intereses de los ciudadanos de Chiapas en el Congreso de la Unión. La falta de pruebas o datos concretos detrás de sus comentarios resulta preocupante, más aún cuando se habla de una víctima del crimen organizado, un flagelo que ha sembrado miedo y violencia en la región.
Ante la avalancha de críticas, la diputada publicó una disculpa horas más tarde, reconociendo que sus palabras no habían sido las adecuadas y que su intención no era manchar la reputación del padre Pérez Pérez ni de la iglesia. Sin embargo, para muchos, el daño ya estaba hecho. En su disculpa, mencionó que retiró el tweet tras reflexionar sobre el impacto que podría tener, aceptando que su comentario hacía más daño que bien al intentar esclarecer los hechos.
El sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue un defensor de las causas sociales en Chiapas y trabajó de cerca con las comunidades indígenas de la región. Su asesinato representa una pérdida no solo para la iglesia, sino para las luchas que lideraba en favor de la justicia y los derechos humanos.
El caso del padre Marcelo Pérez Pérez es una tragedia que merece una investigación seria y profunda, lejos de especulaciones que desvíen la atención de lo verdaderamente importante: la justicia para una comunidad herida. Es hora de que quienes ocupan cargos públicos se comportan a la altura de las circunstancias, velando por el bienestar de la ciudadanía y respetando la memoria de aquellos que han sido víctimas de la violencia.
La violencia en Chiapas no debe ser utilizada como plataforma para comentarios sin sustento que dañen la memoria de quienes han dedicado su vida a luchar por el bienestar de las comunidades. La justicia y el respeto por las víctimas deben ser las únicas prioridades en estos momentos de crisis.
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