Lamentablemente, en tan solo tres días, dos hechos violentos encendieron las alarmas en la entidad.
✍? Alfredo Pacheco | PUNTO DE FUGA
El pasado miércoles 23 de octubre, una noticia estremeció a la sociedad de la capital chiapaneca: el hallazgo del cuerpo de la niña Liliana Guadalupe, enterrado en el interior de un domicilio del barrio Colón de esta ciudad.
Liliana Guadalupe, de apenas 12 años de edad, era oriunda del municipio de Berriozábal, desde donde venía a Tuxtla a vender sus dulces. Fue reportada como desaparecida el sábado 19 de este mismo mes.
Ayer, varias diputadas locales se sumaron al clamor ciudadano y manifestaron su indignación en la conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas. Exigieron a las autoridades encargadas de la procuración de justicia que el crimen de Liliana sea investigado con perspectiva de género.
El llamado de las diputadas captó mi atención por dos razones. La primera es que el estado ya cuenta con una alerta por violencia de género, y la segunda, que por protocolo, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y clasificarse como probable feminicidio. No obstante, en Chiapas, rara vez se inician así las carpetas de investigación.
Martha Figueroa Mier, de la Colectiva Feminista Mujeres Libres Colem A.C., me comentó en una entrevista un dato preocupante que han detectado las activistas: cada día se registran menos feminicidios, ya que muchas muertes de mujeres se clasifican sistemáticamente como accidentes o suicidios, y no como el protocolo indica.
Por otra parte, Alma Rosa Cariño, presidenta de la colectiva ‘50+1’ Capítulo Chiapas, me dijo en una ocasión que la justicia no se limita solo a la detención del agresor o feminicida. También debe servir de ejemplo, y cada vez que una mujer sea violentada, debe haber una sanción severa para demostrar que la justicia existe.
MARCELO
El domingo por la mañana, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en el barrio Cuxtitali de San Cristóbal de Las Casas conmocionó al país. Marcelo era un miembro de la iglesia que siempre elevó su voz en defensa de las comunidades vulnerables de los pueblos originarios.
El sacerdote había recibido diversas amenazas por su activismo y, aunque contaba con medidas cautelares debido a estas intimidaciones, no tenía elementos de seguridad que lo protegieran.
Tras su asesinato, se viralizó un video de cámaras de seguridad en el que se observa cómo sale de la iglesia, donde había oficiado una misa, y camina solo hacia su vehículo. Al abordarlo, su agresor accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, acabando con su vida.
Un par de días después, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención del presunto autor material del asesinato del padre Marcelo. En este sentido, el vocero de la Arquidiócesis de Tuxtla, el padre Gilberto Hernández, recalcó la exigencia de justicia y señaló que esperan que no se fabriquen “chivos expiatorios”.
LA NIÑA Y EL SACERDOTE
Lamentablemente, en tan solo tres días, dos hechos violentos encendieron las alarmas en la entidad. 72 horas entre un crimen y otro. En ambos casos, el clamor y la exigencia de justicia son contundentes. Las circunstancias entre uno y otro son diferentes, pero esto no los hace menos dolorosos.
PERSPECTIVA
Muchos confiamos en que el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, dará un golpe de timón en la política de seguridad para Chiapas. En los próximos días, se dará a conocer el nombre de quien será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, una de las dependencias más delicadas y complejas por su naturaleza.
Hasta el momento, Ramírez Aguilar ha presentado a 18 personas que ocuparán algunas de las Secretarías del Estado durante su administración. Resaltan perfiles como el de Paty Conde y Juan Carlos Gómez Aranda, con probada experiencia en la política, además de rostros nuevos, como los empresarios Luis Pedrero y María Eugenia Culebro.
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