A diferencia de algunos estados de la Unión Americana y de otros países del mundo, en México constitucionalmente está prohibida la pena de muerte
✍🏽IDENTIDAD POLÍTICA | José Adán Altúzar Figueroa
A diferencia de algunos estados de la Unión Americana y de otros países del mundo, en México constitucionalmente está prohibida la pena de muerte, algo que se ha debatido por años y del cual solo se argumenta que para la justicia mexicana y por la generación de violencia y descomposición social que vivimos, algunas voces se han manifestado, sin embargo se cree que por la corrupción imperante y por la decadente manipulación de la justicia pues en México sería muy riesgoso aplicar la pena de muerte ya que se cometerían injusticias al aplicarle la pena capital a una víctima que después se comprobaría, como sucede con mucha frecuencia, ser inocente de los cargos que se le imputan, dejándolo en libertad y con las acusaciones en contra del estado mexicano por la violación a sus derechos humanos.
En relación a los cuestionamientos hechos por reporteros y de algunos personajes reconocidos por su actividad en las redes sociales, el día de ayer jueves 7 de noviembre, la Presidenta Sheinbaum Pardo, señalo: “No a la pena de muerte”.
Y abundo que, acerca de la iniciativa de ley presentada por una legisladora morenista para aplicar la Pena de Muerte, la mandataria indicó que ella no cree en eso, finalmente es hasta dónde tiene el Estado la posibilidad de matar a alguien.
La Presidenta de México dijo: “Considero que en los casos de violencia familiar y en contra de niñas y niños se debe atender a las causas, debe haber prevención mediante la escuela y otros mecanismos”.
La Dra. Claudia Sheinbaum concluyo tajante, por la propuesta de “Ley Crucito” tras asesinato de menor en Iztacalco: “Yo no creo en la pena de muerte”.
La iniciativa fue presentada por una diputada de MORENA, luego de la muerte del menor de 6 años el 11 de octubre de este año.
Debido a ello y según la información recabada esta se define como: La pena de muerte, pena capital, ejecución, o ajusticiamiento, consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Debe distinguirse de las ejecuciones extrajudiciales, ya que éstas son realizadas sin el debido proceso legal. Los delitos por los cuales suele aplicarse esta sanción se denominan «delitos capitales». Existe un debate, legal y filosófico, respecto a la pena de muerte.
La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. Así, ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos (excepto Rusia y Bielorrusia), y la mayoría de los correspondientes a Oceanía (como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental). La mayoría de los países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que, en países como los Estados Unidos, y la mayoría de los estados del Caribe todavía sigue siendo aplicada. En Asia la pena de muerte está permitida en países como China, India, Indonesia, Corea del Sur, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irán y Japón. En África, todavía se usa en varios países, especialmente de la zona nororiental del continente, sigue siendo aplicada en la mayoría de los países árabes y en toda la zona de Oriente Próximo. Los países que le han puesto fin son 160 de los cuales 104 son totalmente abolicionistas, seis la impiden para crímenes ordinarios, en otros seis rige una moratoria y 44 son «abolicionistas de hecho» y no aplican la pena capital.
En muchos países donde todavía se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte del derecho militar. En algunos países se aplica también para castigar delitos sexuales, siendo considerados como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte, en algunos países musulmanes, la apostasía, la renuncia formal a la propia religión. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción política son castigados con la pena de muerte. En algunos países la pena de muerte se utiliza por motivos políticos, con la máxima difusión posible, como «escarmiento» de masas: en 2007 en Corea del Norte el director de una empresa fue ejecutado como castigo por haber realizado numerosas llamadas telefónicas al extranjero.
El tema de la pena de muerte es muy controvertido. Los simpatizantes de la misma opinan que su realización reduce el delito, previene su repetición y es una forma de castigo para el asesinato. Los detractores argumentan que no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua; son peores que el delito y es una discriminación de hecho contra las minorías pobres que puedan no tener recursos suficientes en el sistema legal.
En 2015, Irán, Pakistán y Arabia Saudita fueron responsables de casi el 90 % de las ejecuciones, según Amnistía Internacional (AI). Este dato no incluye las ejecuciones en China, las cuales AI cree son de miles, pero no existen cifras oficiales disponibles. En 2020, según Amnistía Internacional, el ranking de ejecuciones continuaba encabezado por China, como en años anteriores. La cifra total de condenas a muerte durante 2020 fue de al menos de 1.477, entre las que se habrían podido confirmar 483 ejecuciones.
Sin embargo, en 2015 cuatro países abolieron la pena capital para todos los crímenes (República del Congo, Fiyi, Madagascar y Surinam ), y en 2016 Benín y Nauru hicieron lo mismo. En 2019, 56 países mantenían en su legislación la pena de muerte, pero de ellos un total de 28 países llevan al menos una década sin llevar a cabo ejecuciones.
Según Amnistía Internacional, en 2023, aunque el número total aumentó, solo se registraron ejecuciones en 16 países del mundo, la cifra más baja jamás alcanzada.
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