Es natural pensar que esta pausa estratégica busca permitir que los tiempos políticos de la “nueva era” coincidan con el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía.
✍🏽REALIDAD A SORBOS | Eric Ordóñez
Aunque nadie lo digera explícitamente o aceptara oficialmente, era evidente que la renuncia de Olaf Gómez Hernández como Fiscal General de Chiapas ya era un hecho consumado. Si no fuera oficial, ¿cómo es que el Consejo del Ministerio Público podría estar informado antes que el Congreso del Estado? La lógica nos lleva a entender que, aunque la noticia no se haya ventilado formalmente, las piezas ya se están moviendo en los pasillos del poder.
Es natural pensar que esta pausa estratégica busca permitir que los tiempos políticos de la “nueva era” coincidan con el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía. La administración entrante, encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar, parece estar tomando su tiempo para marcar el inicio de un cambio legítimo y planeado.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el procedimiento es claro: el Congreso debe proponer una lista de cinco candidatos al Ejecutivo estatal. El Gobernador, en este caso el electo Eduardo Ramírez, tendrá la facultad de reducir esa lista a una terna que regresará al Congreso. Finalmente, será el pleno legislativo quien elija al próximo fiscal general. Este proceso busca garantizar equilibrio entre los poderes, aunque los rumores ya comienzan a inclinarse hacia ciertos nombres.
LO QUE ES Y LO QUE NO ES LA FISCALÍA
Antes de hablar de nombres y posibilidades, es importante aclarar una confusión frecuente entre la ciudadanía: la Fiscalía General del Estado no es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ni mucho menos el Poder Judicial. Cada una de estas instituciones tiene roles específicos y complementarios en el sistema de justicia.
La Fiscalía General se encarga de investigar y perseguir los delitos, actuar como el órgano acusador en los procesos penales y garantizar el respeto al debido proceso. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública se dedica a la prevención del delito y al mantenimiento del orden público, mientras que el Poder Judicial imparte justicia resolviendo los casos que le son presentados.
Quien llegue a la Fiscalía debe tener claro que no se trata solo de resolver casos o presentar cifras, sino de comunicar de manera efectiva. La percepción ciudadana sobre la seguridad y la justicia se construye, en gran medida, a partir de lo que comunica la autoridad. En este aspecto, la administración saliente quedó a deber, dejando un vacío en la narrativa institucional que debe ser prioridad para quien asuma el cargo.
LOS RUMORES Y LA APUESTA
Entre los nombres que circulan en los pasillos del Congreso y las conversaciones ciudadanas, destaca el del diputado Jorge Luis Llaven Abarca. El encuentro entre Eduardo Ramírez y Llaven, revelado por el gobernador electo en redes sociales, ha avivado las expectativas. Ramírez lo calificó como “un gran abogado” y “gente de toda mi confianza”. Estas palabras, en un contexto político como el actual, no son casuales.
Llaven Abarca tiene una trayectoria que, aunque marcada por señalamientos, también se ha destacado por su institucionalidad y su habilidad para comunicar. Su paso por la Fiscalía dejó huella, y su regreso no sería del todo inesperado. Sin embargo, las críticas hacia su figura reflejan la necesidad de un liderazgo que no solo sea eficiente, sino que también inspire confianza y credibilidad. Son tiempos difíciles.
EL RETO DE TRABAJAR EN CONJUNTO
Independientemente de quién sea el próximo fiscal general, el reto es monumental. La Fiscalía debe trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Judicial, así como con el Gobierno Federal, respetando siempre el marco de competencias de cada institución. Esta colaboración es clave para que Chiapas salga del bache de violencia e inseguridad en el que se encuentra.
Además, el nuevo fiscal deberá construir sobre los aciertos de la administración saliente y corregir sus errores. Esto incluye mejorar la comunicación institucional, no solo para informar sobre los resultados, sino para construir una percepción de seguridad en la ciudadanía. Porque, al final, una fiscalía que comunica bien no solo informa, sino que fortalece la confianza de la sociedad.
El momento político que vive Chiapas es una oportunidad para rediseñar las estrategias de seguridad y justicia. Que esta “nueva era” sea verdaderamente el inicio de un cambio profundo depende de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.
La expectativa es alta, y con razón. Chiapas merece una Fiscalía que no solo persiga delitos, sino que también inspire confianza, comunique con claridad y trabaje en equipo para garantizar la seguridad y la justicia que la ciudadanía necesita.
A QUIEN CORRESPONDA:
La próxima persona que ocupe la vacante de Fiscal General tiene en sus manos no solo la responsabilidad de perseguir delitos, sino también la de devolverle a Chiapas la esperanza de vivir en paz. Es momento de romper con las inercias de la indiferencia y demostrar que la justicia puede ser más que un discurso. Que quien ocupe este cargo se comprometa a trabajar con transparencia, inteligencia y coordinación para hacer algo verdaderamente diferente. El Chiapas que ya no conoce la paz lo agradecerá, y la historia recordará si estuvo a la altura del reto o si solo fue uno más en la lista de promesas incumplidas.
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