Cinco familias refugiadas en San Cristóbal de las Casas demandan al gobierno la reparación de daños, reubicación y la liberación de Versaín Velasco García, acusado de homicidio bajo presuntos cargos fabricados.
Gilberto Luna
A tres años del desplazamiento forzado de cinco familias de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, los afectados exigen al gobierno estatal y federal atención inmediata, incluyendo el pago de daños a sus bienes, la reubicación territorial y la liberación de Versaín Velasco García, defensor de derechos humanos sentenciado a 58 años de prisión bajo cargos que califican como fabricados.
El desplazamiento ocurrió el 16 de diciembre de 2021, cuando las familias fueron atacadas por hombres armados, presuntamente bajo la dirección de las autoridades locales de Nueva Palestina. Según Versaín Velasco, hijo del defensor encarcelado, sus viviendas y bienes fueron destruidos y quemados, obligándolos a refugiarse en el bosque antes de establecerse en San Cristóbal de las Casas.
“Estamos aquí porque nuestras vidas siguen en riesgo. No podemos regresar a nuestras casas; las amenazas persisten. Exigimos reubicación y justicia por todo lo que hemos perdido”, expresó Velasco.
Versaín Velasco García, padre de uno de los desplazados, se encuentra recluido en el penal número 5 de San Cristóbal, sentenciado a más de 58 años por un presunto homicidio. Según su familia, este delito fue fabricado por autoridades de Nueva Palestina para justificar el desplazamiento y silenciar su labor como defensor de derechos humanos.
“Queremos que el gobierno investigue a fondo y demuestre que los cargos contra mi padre son falsos. Además, exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los desplazados”, añadió Velasco.
Los desplazados piden reparación de daños materiales y patrimoniales; reubicación territorial segura, dado el riesgo de regresar a Nueva Palestina; libertad inmediata para Versaín Velasco García y cancelación de órdenes de aprehensión contra las familias afectadas.
“Es urgente que el gobierno actual actúe. Hemos vivido tres años de incertidumbre y sufrimiento mientras las autoridades anteriores ignoraron nuestro caso”, concluyó Velasco.
El caso de las familias desplazadas de Nueva Palestina evidencia la necesidad de una intervención integral que aborde el desplazamiento forzado, las violaciones a derechos humanos y la impunidad en Chiapas, para garantizar la seguridad y dignidad de los afectados.
