El excoordinador de Agencias Municipales, Francisco Serrano Montero, acusó al alcalde de gobernar con autoritarismo y sin rumbo. Señaló que la administración trabaja por ocurrencias y desatiende las necesidades ciudadanas.
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
Con una actitud egocentrista y autoritaria, el alcalde de Tuxtla, Ángel Torres Culebro, se cree dueño de la verdad absoluta y ha decepcionado a la mayoría de los ciudadanos que votaron por su proyecto para llevarlo a la presidencia municipal de la capital del estado, afirmó Francisco Serrano Montero, ex coordinador de Agencias Municipales.
Entrevistado por Amet Samayoa Arce y Eric Ordoñez, director general y subdirector del diario Ultimátum, respectivamente, Francisco Serrano aseguró que se decepcionó de Ángel Torres pues “les robó el tiempo de vida” que invirtieron para llevarlo al cargo el pasado 2 de junio de 2024.
En los cuatro meses que lleva la administración municipal, dijo que ve una administración demasiado desorganizada, que trabaja por ocurrencias, sin planeación y construye obras en calles donde nadie solicita, en tanto que quienes documentan sus peticiones no son beneficiados.
Hay una gran decepción porque la gente se organiza para pedir firmas a cada uno de los habitantes de colonias para solicitar la rehabilitación o construcción de calles y creen en una gestión. “Cuando ven que no hay resultados lo primero que dicen es que te jugaron tu cabeza”, recalcó Serrano Montero.
Cuestionó que se haya destinado presupuesto para comprar kits de uñas, láminas, tinacos y regalarlas, sin atender las verdaderas necesidades de los tuxtlecos con el humanismo que caracteriza a la Nueva ERA.
Afirmó que Ángel Torres nació en Tuxtla, pero no tiene el arraigo en el pueblo y eso lo hace insensible a la necesidad de la gente.
Ponderó la seguridad que ha logrado dar el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, porque eso le permite la libertad de ejercer el derecho a expresarse y decir las cosas tal y como son.
Relató la forma injusta en que fue removido del puesto de coordinador de Agencias Municipales que se ganó con el trabajo realizado durante meses de campaña para posicionar el nombre de Ángel Torres Culebro y generar credibilidad en su proyecto.
Explicó que las agencias municipales cuentan con un promedio de 150 trabajadores, matriculados en una nómina de alrededor de un millón 500 mil pesos mensuales.
Tuxtla cuenta con 10 agencias municipales que atienden de primera mano las necesidades de las 482 colonias populares, barrios y ejidos que integran la capital del estado, agregó el ex funcionario.
Sin embargo, reveló que al llegar al cargo se encontró con una serie de irregularidades que iban desde el desvió de recursos y la existencia de “aviadores”, hasta la privatización de lugares públicos, tales como domos y campos de futbol.
Afirmó que mediante una investigación logró detectar que esos espacios generan un promedio de 25 mil pesos mensuales, porque los encargados cobran 200 pesos por partido.
Sin embargo, los recursos que deberían ingresar al Ayuntamiento eran depositados a una cuenta personal de Rodolfo Álvarez Hernández, hijo del quinto regidor Rodolfo Álvarez García, quien estuvo alrededor de cinco años la Coordinación de Agencias Municipales.
Recalcó que también encontró un conflicto de interés porque su antecesor se retiró en enero de 2024 para competir por el cargo de regidor el 2 de junio de ese mismo año, pero le entregó la dependencia municipal a su hijo Rodolfo Álvarez Hernández.
Para no caer en omisiones, señaló que a su llegada hizo un oficio dirigido al alcalde Ángel Torres Culebro para darle a conocer toda una serie de anomalías para que las atendiera y, en respuesta, recibió el cese ilegal y arbitrario del cargo.
Consideró que las agencias municipales, en vez de ser un órgano de beneficio se convirtieron en los verdugos de quienes realizan una labor honesta y transparente, pues también cuentan con un promedio de 50 inspectores y abogados que revisan obra pública y comercios informales, que generan aportaciones que no entran a las arcas del Ayuntamiento.
Manifestó que la información también se le hizo llegar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Ana Laura Romero Basurto, así como a la Auditoría Superior del Estado.
Indicó que continuará el proceso legal para que las autoridades determinen lo que se debe hacer en consecuencia, porque “es necesario levantar la voz y que aprendan nuestras nuevas generaciones que ante la injusticia no nos podemos quedar callados”.
Esta semana, además, iniciará su demanda laboral y ya dio a conocer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la forma como fue tratado y destituido del cargo.
Sus abogados preparan también la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, para hacer responsable a las partes involucradas de su integridad física y la de su familia.
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