La anterior administración del ombudsman chiapaneco no solo empantanó las acusaciones de la gente, sino que también “desapareció”, presumiblemente, recursos internacionales que le llegaban
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
Un total de 10 mil quejas no se resolvieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante los siete años que estuvo al frente de la institución Juan José Zepeda Bermúdez, “inclusive las de él”, las cuales le fueron heredadas a Horacio Culebro Borrayas, actual ombudsman chiapaneco.
“Gracias a él se perdieron muchos recursos que nos llegaban; y no se ha logrado concretar la investigación, pero desaparecieron muchos dineros internacionales, más que nada cuando fue el flujo de migrantes del 2019 al 2024”, aseveró Culebro Borrayas al ser entrevistado por Amet Samayoa Arce y Eric Ordóñez, director y subdirector del diario Ultimátum, respectivamente.
Señaló que también Protección Civil envió recursos que nunca entraron a la CEDH.
“Lo malo es que como se tardaron tanto en elegir al ombudsman chiapaneco y ya ve que desde el 19 de diciembre, al saber ellos que yo iba a llegar, se robaron todas las facturas, sacaron todos los expedientes relacionados y nos quedamos sin nada para poder actuar”, precisó.
Actualmente se llevan a cabo investigaciones, pero mientras no cuenten con las pruebas necesarias no podrán actuar en consecuencia. Para ello, Horacio Culebro tendrá que reunirse con quienes destinaron los apoyos financieros a la CEDH en la entidad.
Reveló que el 26 de febrero se reunirá con tres instituciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Tapachula, para solicitarles información acerca de qué tipo de recursos brindaron al ombudsman chiapaneco y, dependiendo de ello, se podrán deslindar responsabilidades.
Indicó que en la administración anterior conocieron un total de 343 quejas y en lo que va desde que asumió el cargo ya llevan 100, lo cual indica que, en promedio, llegarán a más de mil quejas en el presente año.
Aseguró que se deben recuperar las querellas de Tapachula, Ocosingo, Cintalapa, Tonalá y Pichucalco, “en donde estaban muertas totalmente”.
Hasta este momento, informó, han emitido alrededor de 70 recomendaciones y sus principales clientes son la UNACH, la presidencia municipal y SMAPA, así como algunos casos con las secretarías de Medio Ambiente y Turismo. En el caso de la FGE les han resueltos las quejas sin problemas.
Apuntó que, con bases bien fundamentadas, se destituyeron visitadores que se prestaron para sacar cajas repletas de facturas y documentos de confidencialidad de las instalaciones de la CEDH en el municipio de Tapachula.
Informó que debido a la queja presentada por el cobro de predial en el ayuntamiento de Tuxtla, se le hizo ver al alcalde Ángel Torres Culebro que no es lo mismo ser propietario que ser poseedor, sin embargo no hizo lo que se le recomendó.
“Como no nos contestaron de acuerdo nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), que es la que va a estar hasta junio. Ojalá y lo resolvieran, porque en la otra Corte ya no confío”, recalcó Culebro Borrayas.
Ponderó la disposición del fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para atender todas las quejas que se reciben, las cuales se tramitan y se resuelvan de manera directa sin necesidad de emitir recomendaciones.
Indicó que en esa institución ha habido asuntos hasta de fiscales del Ministerio Público despedidos, quienes son reinstalados inmediatamente.
Sin embargo, acusó que en la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ni siquiera le ha tomado la llamada el titular de la misma, por lo que se le harán las recomendaciones que sean pertinentes de las violaciones que denuncien, “caiga quien caiga”.
Apuntó que el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, le dijo que se van a reunir para atender todas las quejas en contra de la dependencia, para darles la solución correspondiente.
ANTECEDENTES
El ombudsman chiapaneco estuvo dos veces encarcelado, la primera por represalias que tomó el ex gobernador Juan Sabines Guerrero contra él, ya que en 2009 documento en la revista Proceso los cerca de 40 mil millones de pesos que se había robado.
Además, en el mes de noviembre, había combatido la “Ley Sabines” mediante la cual el ex jefe del Ejecutivo local pretendía prorrogar el mandato de los presidentes municipales y diputados locales y, a la vez, el del gobernador.
Explicó que impugnó esa ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Procuraduría General de la República (PGR), para que se declarara inconstitucional el intento de cancelar las elecciones para elegir alcaldes en 2010.
Recordó que el 15 de febrero la Corte dictaminó la procedencia de inconstitucionalidad de aquellos decretos y el 24 de febrero lo detuvieron por ese motivo.
Agregó que también publicó una carpeta de investigación por violación y otra por acoso a Rutilio Escandón Cadenas, quien al llegar al gobierno del estado lo encarceló.
