Un legislador no solo está para dictaminar presupuestos o revisar cuentas públicas, también tiene la facultad —y el deber— de alzar la voz.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
Tuxtla Gutiérrez tiene diputados, pero parecen más bien sombras de lo que deberían ser. Representantes que callan cuando deberían hablar, que evaden cuando deberían cuestionar y que, ante un escándalo de presunta corrupción en la administración municipal, prefieren mirar hacia otro lado.
El caso de las facturas infladas y compras a sobreprecio en el gobierno de Ángel Torres Culebro no es un simple rumor. Hay regidores que han denunciado y documentos que apuntan a posibles irregularidades. Sin embargo, los diputados que representan a Tuxtla en el Congreso del Estado han decidido hacer lo que mejor les sale: nada.
SILENCIO CONVENIENTE, SILENCIO CÓMPLICE
María Mandiola Totoricaguena, diputada por el Distrito II de Tuxtla y presidenta de la Comisión de Hacienda, se ha apresurado a deslindarse de cualquier responsabilidad. “No nos corresponde”, dijo cuando le preguntaron si el Congreso del Estado investigaría las denuncias contra el Ayuntamiento. Y en lo legal, puede que tenga razón: el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OSFCE) es el encargado de revisar los recursos públicos.
Pero, ¿qué hay del deber político y moral? ¿Qué hay de la responsabilidad de representar a los ciudadanos que votaron por ella y los demás diputados de Tuxtla? Un legislador no solo está para dictaminar presupuestos o revisar cuentas públicas, también tiene la facultad —y el deber— de alzar la voz, de exigir transparencia, de cuestionar cuando algo huele mal.
El silencio de Mandiola y de los demás diputados de la capital no es neutral, es una decisión. Y en política, cuando se opta por el silencio, generalmente es para proteger a alguien.
LA LEALTAD CON EL PODER, NO CON LA GENTE
No es coincidencia que quienes callan pertenezcan al mismo equipo político que llevó a Ángel Torres Culebro a la alcaldía. No es coincidencia que su mutismo beneficie a los mismos que han hecho de la política un espacio de favores, más que de rendición de cuentas.
Porque no nos engañemos: los diputados de Tuxtla no están en el Congreso para representar los intereses de la ciudadanía, sino para cuidar los equilibrios de su grupo político. La lógica es clara: primero la lealtad con el exgobernador Rutilio Escandón, después la protección a los suyos, y si queda tiempo —que rara vez queda—, un guiño a los ciudadanos.
Si fueran independientes, si realmente se debieran a los tuxtlecos y no a su partido, estarían exigiendo explicaciones. Pero no lo hacen. Prefieren el papel de espectadores, como si las denuncias contra la administración municipal no afectaran a la ciudad que representan.
MANDIOLA Y SU HISTORIAL DE INACCIÓN
El caso de María Mandiola no sorprende. Su paso por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género de Chiapas dejó una huella de omisión. Durante su gestión, las organizaciones feministas la acusaron de indiferencia ante la violencia de género, de falta de transparencia en el manejo de recursos y de privilegiar el discurso sobre la acción.
Si como secretaria no pudo —o no quiso— actuar con determinación, ¿qué se podía esperar de ella como diputada? La historia se repite: frente a un problema que requiere posicionamiento, su respuesta es la evasión.
Y no es la única. Ningún diputado de Tuxtla ha salido a exigir claridad en el caso de Torres Culebro. Ninguno ha pedido una revisión a fondo de los contratos. Ninguno ha utilizado su tribuna para hacer lo que se supone que deben hacer: representar.
¿Y A LOS TUXTLECOS, QUIÉN LOS DEFIENDE?
En este escenario, los ciudadanos quedan en la indefensión. Si sus propios representantes no los defienden, ¿quién lo hará? Si sus diputados no exigen transparencia en el manejo de los recursos municipales, ¿qué esperanza queda de que se haga justicia?
La pregunta que queda en el aire es tan obvia como dolorosa: ¿cuál es su chamba, diputada? Porque si la respuesta es cuidar la imagen de su grupo político, entonces está claro que la ciudadanía no es su prioridad.
El Congreso del Estado puede no tener facultades de fiscalización directa, pero los diputados de Tuxtla tienen una obligación moral y política con los ciudadanos que los eligieron. Su trabajo no es encubrir, no es hacerse de la vista gorda, no es jugar a la lealtad partidista mientras los recursos públicos se manejan con opacidad.
Si sus acciones no pueden cambiar las reglas del juego, su voz sí puede influir en la opinión pública. Pero para eso se necesita valentía, y la valentía no se ha visto en ninguno de los diputados de la capital chiapaneca.
Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Para llenar curules? ¿Para cobrar dietas? ¿Para asegurarse un futuro político dentro de la misma maquinaria que hoy protegen?
Mientras tanto, los tuxtlecos siguen esperando representación. Y lo único que reciben es silencio.
Cordial saludo.
