Luis Ignacio Avendaño clausuró los trabajos del Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la actual Legislatura.
Sandra Paredes/Ultimátum
En una sesión extraordinaria encabezada por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó importantes reformas en materia de justicia para las mujeres, protección de la niñez y modernización administrativa.
Con el respaldo de diversos colectivos feministas, se aprobó la iniciativa que reforma el Código Civil de Chiapas para establecer la pérdida automática de la patria potestad, tutela y derecho de convivencia a quienes hayan sido sentenciados por feminicidio o tentativa de feminicidio.
“Quien esté procesado por feminicidio no puede conservar la patria potestad de sus hijos”, subrayó Avendaño Bermúdez.
Las y los legisladores Juan Salvador Camacho Velasco, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Sahara Munira José Flores y Marcela Castillo Atristain coincidieron en que esta reforma, conocida como Ley Monzón, privilegia la dignidad y seguridad de las víctimas y sus hijos, y contribuye a erradicar la impunidad.
También se aprobó una reforma a la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género, que tipifica de forma específica los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas como una forma grave de violencia de género.
Las diputadas Rosa Linda López Sánchez, Ana María Solís Ruiz, Andrea Negrón Sánchez y Luz María Castillo Moreno enfatizaron que este tipo de agresiones deben dejar de ser invisibilizadas y merecen penas ejemplares y atención integral a las víctimas.
Avanza digitalización y simplificación administrativa
En el mismo periodo de sesiones se aprobó la minuta de reforma constitucional a nivel federal en materia de simplificación administrativa y digitalización, que modifica los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las y los legisladores María Mandiola Totoricaguena, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Juan Marcos Trinidad Palomares y Getsemaní Moreno Martínez destacaron que esta transformación permitirá modernizar los servicios públicos, cerrar brechas digitales y erradicar prácticas como el coyotaje.
“La inclusión digital es un derecho ciudadano. Debemos acompañar estas reformas con políticas públicas que garanticen el acceso a la tecnología en todo el país”, expresaron.
