El 10 de abril recuerda la lucha agraria encabezada por Emiliano Zapata y los desafíos vigentes en Chiapas.
MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/Carlos Serrano
Cada 10 de abril nos recuerda la historia agraria de nuestro país. Esta fecha nos evoca no solo la figura de Emiliano Zapata –que este año cumplió 106 años de su muerte- y la lucha por la tierra, sino también la persistencia de temas estructurales que, en estados como Chiapas, aún siguen generando tensión social y representan desafíos institucionales, después de más de treinta años de movimientos sociales que ha propiciado cambios en muchos sentidos y que, a pesar de ello, aún prevalecen rezagos que limitan su desarrollo.
Uno de los acontecimientos que marcó un parteaguas en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas fue precisamente el surgimiento del EZLN, en 1994, lo que colocó en la agenda nacional la necesidad urgente de atender la desigualdad, la marginación y el rezago en los derechos colectivos, pero también evidenció que el reparto agrario, que formalmente concluyó dos años antes, dejó territorios con alta conflictividad y sin certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra.
Desde entonces, la convivencia entre el Estado, el EZLN y diversas organizaciones sociales ha sido compleja, con un equilibrio frágil, donde el respeto a las autonomías y la búsqueda de diálogo han coexistido con tensiones territoriales, invasiones de predios y actos de impunidad que afectaron tanto a pequeños propietarios como a las propias comunidades y municipios vecinos.
Frente a este panorama, el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha expresado con claridad su compromiso por atender de manera integral los rezagos y construir un Chiapas humanista, próspero y con justicia social. Su visión considera, además de haberle hecho frente a la inseguridad, seguir fortaleciendo el Estado de derecho, con acciones que garanticen la certeza jurídica sobre el patrimonio de los pequeños propietarios y por supuesto, terminar con las invasiones que en los últimos años fueron escalando.
Este nuevo enfoque institucional busca distinguir entre las demandas legítimas y los actos que vulneran el orden legal, es decir, se trata de reconocer las causas históricas del conflicto agrario -porque muchos de los diferendos por la tierra datan de al menos 40 o 50 años atrás, pero también de asumir con responsabilidad que la propiedad privada, debidamente acreditada, debe ser protegida como parte fundamental de la gobernabilidad y del desarrollo regional.
De esta manera, a través de acciones orientadas al ordenamiento territorial y la mediación para atender de fondo los conflictos agrarios, como los que aún persisten en municipios como Venustiano Carranza, Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán o Tila y la regularización de la propiedad, se busca avanzar hacia un modelo en el que la legalidad, la inclusión social y la paz, sean ejes rectores.
Por ello, el 10 de abril, más que una conmemoración, se convierte en una oportunidad para reafirmar el compromiso de las instituciones con la justicia agraria, el respeto a los derechos de propiedad y alcanzar una verdadera convivencia armónica entre los diferentes actores sociales, que les permita superar sus diferencias, para que Chiapas pueda cerrar un ciclo de incertidumbre y abrir uno de certeza, legalidad y paz duradera.
