Contralores del sureste se reunieron en Tuxtla para evaluar avances institucionales, coordinar esfuerzos y reforzar la legalidad en la administración pública.
Sandra Paredes/Ultimátum
Chiapas se convirtió en sede del encuentro regional más importante en materia de fiscalización y control institucional, al albergar la Primera Asamblea Ordinaria 2025 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), correspondiente a la Región Sureste. La reunión congregó a representantes de los órganos estatales de control de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y la entidad anfitriona, con el objetivo de fortalecer mecanismos de coordinación, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Durante el acto inaugural, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria general de Gobierno, Patricia del Carmen Conde Ruiz, destacó el papel de Chiapas en la consolidación de un modelo de gobernanza con integridad y transparencia. A su vez, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, anfitriona del evento, subrayó la importancia de dar seguimiento puntual al Programa Anual de Trabajo de la CPCE-F.
La asamblea fue presidida por la coordinadora nacional de la CPCE-F y contralora general del estado de Sinaloa, María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien reconoció el esfuerzo de la región sureste por avanzar en dos ejes prioritarios: la profesionalización técnica en fiscalización gubernamental y la mejora del mecanismo de validación de representantes técnicos para contratistas del sector construcción.
Uno de los momentos clave del encuentro fue la conferencia impartida por el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Renato Cortazar Reyes, quien abordó los desafíos jurídicos de las instancias de control en su función investigadora, en un contexto donde la impunidad sigue siendo uno de los principales retos del servicio público.
El encuentro regional también permitió compartir buenas prácticas, intercambiar experiencias y establecer acuerdos para el fortalecimiento institucional, apostando por una administración pública más eficaz, ética y cercana a la ciudadanía. La presencia activa de Chiapas reafirma su compromiso con la legalidad y la vigilancia permanente del ejercicio del poder público.
