Por sistemas normativos, las mujeres en muchas localidades no tienen permitido sufragar porque la asamblea general les impide ese derecho, aseguró la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
El más vulnerado es el derecho de las mujeres a votar en pueblos y comunidades indígenas, afirmó la doctora Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entrevistada por Eric Ordóñez, subdirector del diario Ultimátum, López Santiago agregó que las mujeres indígenas, por sistemas normativos, en muchas localidades no tienen permitido votar porque la asamblea general les impide ese derecho.
La institución a su cargo, informó, brinda atención a quienes no se les permite ser candidatas o candidatos, derecho a petición, a la consulta, cambio de régimen de partidos políticos a asambleas normativas y elección de autoridades auxiliares de ayuntamientos
Asimismo, la institución defiende el derecho a la identidad. “Este punto es muy importante porque estamos atendiendo a personas en prisión preventiva y muchas veces necesitan un medio de identificación y les ayudamos a tramitar su credencial”, explicó.
Refirió que en el año 2017-2018 la institución llevó a cabo un litigio estratégico con dos indígenas tzotziles recluidos en El Amate, quienes no tenían sentencia firme, presos desde hacía 15 años y, finalmente, se logró que todas las personas en esa condición puedan ejercer el derecho al voto.
Manifestó que solo hay tres estados de la república que regulan el derecho al voto de las personas en prisión preventiva: Chiapas, Hidalgo y Ciudad de México.
La Defensoría Pública Electoral del TEPJF atiende con una perspectiva intercultural, interseccional y apegada a los derechos humanos, insistió.
Dijo que en materia político electoral había una deuda histórica para atender a cualquier población porque no existían defensorías públicas para ese rubro, a diferencia de las áreas civil, mercantil, penal y familiar, entre otras.
Esta defensoría se creó para atender exclusivamente a pueblos originarios, de tal forma que, en 2023, entró en funciones en esa institución donde ha permanecido ocho años como titular, un año como defensora y, actualmente, como encargada de despacho.
Marina Martha López aseguró que todas las personas que estén en el servicio público deben apostarle a capacitarse siempre en accesibilidad, derechos humanos y en cada una de las materias correspondientes.
Informó que la defensoría cuenta con cuatro servicios: representación jurídica ante las salas del TEPJF; asesoría a nivel estatal, porque solamente hay diez entidades que cuentan con esta ayuda; coadyuvancia para la mediación, y orientación para candidatos.
La mayoría de la población que atienden, indicó, son pueblos originarios, personas afromexicanas, niñas, niños y adolescentes, juventudes, adultos mayores, personas en prisión preventiva, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero y cualquiera que justifique la necesidad.
Señaló que en este proceso de elección de juzgadores han buscado la ayuda mamás cuidadoras primarias que quieren ejercer su voto anticipado, porque cuidan a sus hijos o padres y no podrán acudir a las urnas el 1 de junio.
Esta defensoría también pudo aprobar que se diera asistencia a personas con discapacidad, toda vez que no se logró una sentencia para que las papeletas se hicieran también con sistema braille.
Señaló que en 2027 se va a tener que crear una ley reglamentaria sobre la elección de personas juzgadoras, porque, así como en partidos políticos está regulado el financiamiento, tiempos en radio y televisión, prerrogativas y fiscalización, también debería haber lo mismo para ellos.
Añadió que es necesario, como en el sistema de partidos, tener claro quién puede impugnar, en qué momento y cuándo una persona no es elegible, es decir, que haya reglas claras para generar certeza en el proceso.
Dijo que su estancia en el estado obedece a que en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) esta organización le otorgó el reconocimiento Florinda Lazos León en el Museo del Café, por el trabajo que ha realizado con las mujeres indígenas desde 2016.
Indicó que este reconocimiento le fue otorgado, fundamentalmente por su defensa a mujeres indígenas que han sido víctima de violencia política en razón de género.
Consideró que las mujeres necesitan un acompañamiento especializado, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, así como también aquellas que no lo son.
Precisó que la confianza ha crecido en la defensoría, porque en 2016 se atendieron 81 casos, en tanto que en el proceso electoral de 2024 se tuvieron más de 2 mil 300.
“Pienso que la defensoría debe consolidarse, fortalecerse para seguir garantizando el acceso a la justicia no solo de las mujeres indígenas sino de todos los grupos que están desprotegidos de los procesos electorales, porque no saben qué hacer, cómo solicitar recursos a su partido, no saben qué es violencia o no cuando llegan al cargo o cuáles son las prerrogativas que deben darles”.
Señaló que debería haber un sistema de acceso a la justicia en materia electoral en cada uno de los estados de la república, porque muchas veces los recursos de impugnación son rechazados debido a que se presentan de manera extemporánea ante las instancias correspondientes.
