Documentos oficiales y testimonios revelan desapariciones, golpizas y cobros ilegales dentro de la “La Popular”.
Redacción/Ultimátum
Una serie de oficios publicados por el medio digital Noticias Chiapas del periodista Miguel Ángel Carrillo Barrios, que fueron emitidos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) y testimonios recopilados por este medio, apuntan a una grave crisis de abusos, tortura y corrupción al interior del Centro de Reclusión por Faltas Administrativas “La Popular”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Las denuncias involucran directamente a altos funcionarios del ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Ángel Torres Culebro, quien ha sido señalado como responsable de omisión ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de personas detenidas.
Los documentos oficiales —que incluyen al menos tres oficios dirigidos al Ayuntamiento capitalino, al defensor municipal de derechos humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal— revelan desde el uso excesivo de la fuerza, hasta presuntos casos de tortura, desaparición forzada y la muerte de un joven identificado como Jesús Iván, de 19 años. Testimonios directos apuntan que el joven falleció a consecuencia de los golpes recibidos en zonas blandas del cuerpo, sin que se le proporcionara atención médica oportuna.
Además, se han documentado prácticas sistemáticas de extorsión dentro del centro, como el cobro de multas arbitrarias que van de mil 800 hasta 10 mil pesos, sin entrega de comprobantes fiscales y con transferencias a cuentas personales, según refieren familiares de víctimas. Dichos recursos, señalan las denuncias, alimentan una “caja chica” de funcionarios municipales, entre ellos Enrique Velasco Marina (secretario general), José Luis Echeverría Escobar (director de Gobierno), Alexa Urbieta Aguilar (encargada de “La Popular”), Onésimo Méndez (tesorero) y el secretario de Seguridad, Félix Penagos Madrigal, alias “El Chamula Motoneto”, acusado también de vínculos con grupos delictivos.
Un testimonio clave es el de Gibran Fernando Martínez Escobar, quien denunció ante la CEDH que fue víctima de agresiones físicas, amenazas y humillaciones tras intentar conocer los motivos de la detención de un tercero involucrado en un accidente vehicular. El agraviado declaró haber sido golpeado hasta colapsar físicamente, en presencia de elementos de Tránsito Municipal, quienes le impidieron ejercer su derecho a la defensa.
La documentación oficial también da cuenta de una inspección realizada al CECUMPLE (Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas) el 20 de febrero de 2025, donde un detenido denunció haber sido maltratado por policías aprehensores del grupo “Los Pakales”. La CEDH solicitó al Ayuntamiento copia certificada de la puesta a disposición correspondiente, como parte de las indagatorias.
En otro oficio, fechado el 7 de abril, la Comisión pide a una quejosa acudir personalmente para entregar evidencia audiovisual sobre los hechos, lo que indica que se han abierto expedientes formales sobre las denuncias.
Mientras tanto, medios locales como Noticias de Chiapas refieren que el centro “La Popular” debe recaudar al menos 600 mil pesos mensuales, bajo presión directa a comandantes y policías para “ingresar” detenidos, so pena de ser degradados o dados de baja.
Familiares de detenidos y organizaciones sociales exigen la intervención directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del Congreso del Estado para cesar de inmediato a los funcionarios implicados, auditar el uso de recursos obtenidos por multas y garantizar la rendición de cuentas. También hacen un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, para que actúe sin dilación ni encubrimientos.
