Con más de mil 500 personas desaparecidas, Chiapas enfrenta un grave repunte de casos, en su mayoría mujeres.
Redacción/Ultimátum
La desaparición de personas en Chiapas registra un repunte alarmante: hasta el 10 de mayo de 2025, el Registro Nacional contabiliza mil 546 personas desaparecidas en la entidad, muchas de ellas mujeres, en un contexto marcado por la violencia estructural, la impunidad y el silencio institucional.
De acuerdo al texto “El murmullo por la Verdad y Justicia”, publicado en Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), según organizaciones civiles y documentación en poder de organismos internacionales, la desaparición forzada en México es una práctica sistemática que constituye un crimen de lesa humanidad, sostenido en muchos casos por la omisión, complicidad o tolerancia de autoridades a nivel local, estatal y federal.
En Chiapas, la desaparición de personas tiene raíces históricas. Tras el levantamiento zapatista de 1994, el Estado mexicano puso en marcha una estrategia de contrainsurgencia bajo el Plan de Campaña Chiapas 94, que incluyó la formación de grupos paramilitares. Como resultado, entre 1995 y 2000 se reportaron 70 desapariciones en la zona norte del estado, muchas de ellas ligadas al conflicto con bases de apoyo zapatistas.
Uno de los casos emblemáticos es el de Antonio González Méndez, desaparecido en 1999 en el municipio de Sabanilla. En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por su desaparición forzada y ordenó medidas concretas como la creación de un registro único y la categorización clara de estos crímenes.
La crisis se agudiza: entre 2019 y 2023, las desapariciones en Chiapas crecieron un 358%, especialmente en regiones con presencia de grupos criminales y corredores de tráfico humano, a menudo ligados a redes de trata y explotación sexual. Actualmente, más del 60% de los casos corresponden a mujeres, lo que ubica al estado por encima del promedio nacional.
A pesar del panorama, continúa pendiente la instalación del Consejo Estatal Ciudadano contemplado en la Ley estatal de desaparición, mecanismo clave para garantizar la participación de familiares y víctimas en el diseño de políticas públicas.
La desaparición de personas en Chiapas no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia de control social y territorial donde el terror opera como herramienta de poder. La exigencia es clara: que el Estado investigue, sancione, repare y escuche el clamor de quienes no descansan hasta encontrar a sus seres queridos.
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