La candidata a magistrada de salas regionales del TEPJF sostuvo que la transformación de esta institución se encuentra en manos de ciudadanos
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
Consciente de que el reconocimiento para ejercer el voto ha sido un proceso muy largo, histórico y personal, la maestra en derecho Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, candidata a magistrada de las Salas Regionales del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que el sufragio cumple una función social y representa un factor ciudadano que contribuye al ejercicio del poder público.
Al referirse a la elección de juzgadores que se llevará a cabo el 1 de junio del presente año, Hernández Zenteno señaló que éste es un primer ejercicio derivado de la reforma judicial de 2024, que tendrá su fase de ejecución el próximo domingo.
Sin embargo, en la entrevista con Eric Ordóñez, subdirector del diario Ultimátum, aseguró que este proceso está investido de otras etapas en las que intervienen autoridades y candidaturas, pero el papel fundamental lo desempeñan los votantes.
Consideró que estos comicios se deben asumir con la convicción de aportar a una transformación del Poder Judicial que ahora está en manos de la ciudadanía.
Informó que la Sala Regional Xalapa atiende la región Sureste del país, la cual se encuentra integrada por los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
Afirmó que una de las primeras competencias que tiene el Tribunal Electoral es la defensa del voto como derecho, obligación o deber histórico.
De ahí se han derivado diferentes criterios para que toda la ciudadanía, parte de una comunidad, tenga la oportunidad de participar en las decisiones fundamentales, como la constitución del poder público.
Sus propuestas, dijo, tienen que ver con que los criterios establecidos a través del tiempo se consoliden realmente y se perfilen a que efectivamente haya mayor participación de la ciudadanía.
Insistió en que el reconocimiento de la identidad también hace justicia y esta debe hacerse realidad en la vida de las personas.
Aquellos criterios que han abonado a que grupos en condiciones de vulnerabilidad puedan participar en las decisiones públicas, deben ser reales y se vean en las comunidades indígenas y en las mujeres, entre otros sectores.
“Que esto verdaderamente se proyecte en la vida de las personas. Estamos en situaciones donde valoramos, por ejemplo, la autoadscripción indígena; valoramos violencia política de género, en donde vemos también a otros sectores o con otras perspectivas”, añadió.
Es importante, por ello, tener un personal capacitado y empático que adviertan todas estas condiciones para decidir en un asunto.
“Eso es lo que en alguna medida, advierto en lo personal, ha ocasionado este movimiento, esta renovación en sí misma, que hemos tenido papeles, expedientes en la mano, pero realmente tenemos que acercarnos a esa realidad que es la que nos impacta y debe quedar evidente en una sentencia”, sostuvo.
Consideró que los fallos deben transformar realmente la vida de las personas.
Generalmente, indicó, emiten una sentencia con buen criterio, pero deben ser bien comunicadas, que las personas entiendan qué se resolvió.
Ante esto, señaló que es necesario comunicarle a la ciudadanía todo aquello que se resuelve y para que le va a servir.
“Lo otro es justamente el cumplimiento”. Se necesita, dijo, una verdadera coordinación entre todas las autoridades participantes para atender la violencia política de género.
Estas serían las fiscalías, institutos electorales de los estados y tribunales, porque esa coordinación hará que se cumplan los efectos de una sentencia y no se queden únicamente en el papel.
Es por ello que sus propuestas llevan a que la justicia se haga realidad en la vida de la sociedad, a partir del reconocimiento de la identidad de las personas, la comunidad y del conflicto, porque al final de cuentas el aparato judicial está dispuesto para eliminar la conflictividad social.
Habló de la importancia de renovar el PJF porque se busca hacerlo más cercano a la gente y escuchar sus necesidades y expectativas que tienen respecto de la justicia.
Reveló que para los tres cargos de magistrados y magistradas de la Sala Regional Xalapa compiten 11 mujeres y ocho hombres.
Su nombre aparecerá en el número 07 de la boleta de color melón, el cual deberán anotar las y los ciudadanos en el recuadro superior de la papeleta.
