En municipios como Aldama y Amatenango del Valle, partidos registran candidaturas femeninas que al asumir son ocupadas por hombres.
CON VALOR DE MUJER. NI MÁS NI MENOS/Candelaria Rodríguez
Y da ejemplos: Hasta hoy día, en los pequeños municipios rurales e indígenas los partidos políticos entregan candidaturas a hombres, previo acuerdo, que el registro será con la credencial de elector de una figura femenina; cumpliendo de esta forma la paridad horizontal. Practica que ha permanecido vigente en las elecciones de 2018; 2021 y 2024; como ha sido públicamente conocido, en los municipios Aldama y Amatenango del Valle; sin que estas figuras masculinas sean sancionadas.
Y en los ejemplos de la simulación, Burguete, señala: El problema es tan grave que en estos municipios “la disputa electoral” se da entre nueve mujeres candidatas. Cualquiera de ellas ganará; pero ninguna ejercerá. Esta simulación y usurpación se presenta en todos los cargos del ayuntamiento.
Y advierte que “usurpar el ejercicio de un cargo público es un delito, que se castiga con prisión y/o multa; además puede constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando se comete en contra de una mujer electa” y alude al artículo 409 del código penal para el estado de Chiapas.
Y nuevos argumento que señala Que les cuesta (garantizar la paridad, libre de violencia) son otros problemas parecidos que enfrentan las mujeres regidoras; la mayoría de ellas no logra asumir el cargo, por acuerdo del Cabildo. Muchas de ellas han ido al Tribunal, y, aunque regularmente, ganan los juicios; ninguna autoridad asume la responsabilidad de su reinstalación al cargo. De esta forma, como se puede ver, las violencias ocurren no solamente en el registro simulado; sino también en el ejercicio del cargo usurpado. Se concentran aquí todas las violencias en contra de las mujeres; permaneciendo ignoradas por la autoridad.
Esa práctica de los partidos políticos dice la investigadora, de obligar a estos pequeños municipios rurales e indígenas a registrar candidaturas de mujeres presidentas, les permite a los partidos políticos disponer de un reservorio de mujeres, para cumplir, de manera instrumental, con la paridad horizontal simulada. Quedándose los municipios más grandes en manos de candidaturas masculinas. Lo que es profundamente discriminatorio.El monopolio masculino de las candidaturas explica el rezago de los derechos políticos electorales de las mujeres en el ámbito municipal. La paridad efectiva en el ámbito municipal es una deuda en Chiapas.
La brecha de género es persistente y palpable. En la actualidad, solamente 24 ayuntamientos, de un total de 124 municipios en el estado, son encabezados por mujeres (22 presidentas por elección popular y 2 nombradas por el h. congreso del estado) (en 2015 fueron 33, yendo progresivamente en descenso, como tendencia).
En Chiapas persiste el techo de cristal que impide que la mitad de los municipios tengan presidentas municipales; lo que es violatorio a los principios constitucionales de paridad de género.
Actualmente, señalo que en el estado, 103 personas son sindicas y 335 son regidoras; pero muchas de ellas no ejercen en realidad sus cargos, siendo desplazadas por las figuras masculinas de su entorno. Muchas veces estas mujeres carecen de apoyo, protección y defensa del partido que las postuló; y con frecuencia usan las redes sociales para la denuncia, ante la carencia de procedimientos legales e institucionales, para su defensa y reparación.
La reforma constitucional conocida como “paridad en todo”, aprobada en el mes de junio de 2019, consolidó formalmente el modelo paritario en la organización del Estado, diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública; incluyendo el municipio, por supuesto; tanto en el ayuntamiento como en la administración municipal.
El objetivo de la reforma “paridad en todo” es garantizar que todos los órganos del Estado en todos los niveles estén conformados de manera paritaria y que las mujeres participen en todos los espacios de poder, y de decisión pública. Omitir estos principios en Chiapas, como ocurre hasta hoy día, es discriminatorio, y en los municipios indígenas, adquiere rasgos de racialización.
Y concluye, sosteniendo que a cien años de vigencia de los derechos políticos y electorales de las mujeres en Chiapas, el resultado es de claro-oscuros, y falta mucho por hacer. Hay indicios, dice que marcan el camino, que podrían dar pistas de por dónde ir.
Cuando a iniciativa del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) y luego el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), estableció (3 de febrero de 2024), que los partidos políticos debían de registrar dos candidaturas de mujer al cargo de presidenta, en uno de los cinco municipios más poblados en el estado, durante el Proceso Electoral Ordinario 2024. Esta medida hizo posible un pequeño, pero significativo avance, en los derechos de las mujeres.
Obviamente, el TEECH tuvo que solventar la protesta de los partidos políticos. Pero mostró la viabilidad de este camino. Por ello conviene pensar en una estrategia que posibilite la alternancia paritaria en todos los municipios del estado.
De esta forma, siempre, después de un hombre presidente, le tocará a una mujer, y así sucesivamente. De esta forma, se logrará que, de manera segura, la paridad en el ámbito municipal será una realidad en cada trienio. Y siempre habrá paridad en las presidencias municipales.
Para el avance en la paridad municipal, otras medidas son posibles; por ejemplo: que las autoridades auxiliares municipales y los consejos de participación ciudadana, se integren en paridad. Pues que les cuesta, insistiría.
