Desde 2019, la legislación obliga a elecciones libres y transparentes, marcando un giro en las relaciones laborales.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
Por décadas, el sindicalismo universitario en México se ha caracterizado por su heterogeneidad, tanto en sus formas organizativas como en sus prácticas políticas. Mientras algunas universidades públicas han albergado sindicatos combativos y democráticos, otras han sido el terreno fértil para estructuras corporativas, cooptadas o francamente burocratizadas. En este contexto complejo, la reforma laboral del año 2019 representó un punto de inflexión que permite transformar radicalmente —aunque no sin resistencia— el panorama sindical en la educación superior.
La reforma laboral, fue promulgada con el objetivo de democratizar las relaciones laborales, garantizar la libertad sindical y erradicar prácticas como el charrismo y los contratos de protección. Entre sus principales cambios se incluyen la obligatoriedad del voto libre, directo y secreto en la elección de dirigencias sindicales, la legitimación de contratos colectivos, y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que centraliza el registro y vigilancia de los sindicatos, entre otros.
Para el sindicalismo universitario, estos cambios tienen un potencial transformador profundo, pero también abren una etapa de incertidumbre. Por un lado, sindicatos históricamente cerrados y controlados por camarillas podrán ser desafiados por nuevas agrupaciones laborales que representen de forma más genuina los intereses de los trabajadores académicos y administrativos.
La autonomía universitaria ha sido una de las principales tensiones en la aplicación de la reforma. Algunas autoridades universitarias y sindicatos al inicio de la aplicación de las nuevas normas laborales, argumentaron que el nuevo marco legal no era aplicable plenamente a las universidades públicas autónomas, dado que, estas contaban con normativas internas derivadas del artículo 3° constitucional. Interpretación, sin embargo, ha fue cuestionada desde múltiples frentes, incluyendo el propio Poder Judicial que, reconoció la validez de las nuevas reglas laborales incluso en contextos autónomos, al considerar que los derechos laborales fundamentales no podían estar supeditados a disposiciones locales.
En la práctica, la implementación de la reforma ha sido desigual. Mientras algunos sindicatos universitarios han celebrado elecciones internas con voto directo, otros continúan operando bajo prácticas poco transparentes, o incluso han promovido reformas estatutarias que en apariencia, cumplen con la ley, pero que en la práctica reproducen el control vertical del liderazgo. Asimismo, el proceso de legitimación de contratos colectivos —que debía concluir en mayo de 2023— fue un parteaguas: algunos contratos fueron ratificados sin dificultad, mientras que otros, fueron rechazados por sus propios afiliados, lo que ha llevó a su extinción o renegociación.
El sindicalismo universitario mexicano en los próximos años enfrentará varios desafíos clave. El primero es la renovación generacional. Muchas dirigencias sindicales están compuestas por liderazgos que han permanecido durante décadas en el poder, en algunos casos reproduciendo esquemas clientelares y de control. La reforma abre la puerta a una mayor participación de jóvenes académicos y trabajadores administrativos, quienes en muchos casos tienen condiciones laborales precarias, como contratos temporales, falta de prestaciones o cargas laborales excesivas.
El segundo desafío es la diversificación de las formas de organización. La aparición de nuevos sindicatos independientes, más horizontales y con agendas centradas en la equidad de género, la transparencia y la defensa de los derechos laborales frente a la precarización, puede generar una recomposición del mapa sindical universitario. No obstante, estos nuevos proyectos enfrentarán resistencias tanto de las autoridades universitarias como de los viejos sindicatos, que buscarán preservar su hegemonía.
El tercer gran reto es articular lo local con lo nacional. Las universidades mexicanas viven contextos muy dispares, pero muchos de sus problemas estructurales —como el estancamiento salarial, la falta de plazas de tiempo completo, la terciarización del trabajo administrativo, o el déficit en seguridad social— tienen raíces comunes. Por ello, una de las oportunidades más importantes será la construcción de redes sindicales nacionales que permitan incidir en políticas públicas de educación superior y en la distribución del presupuesto educativo, fortaleciendo la voz colectiva del sector.
Finalmente, el sindicalismo universitario deberá redefinir su papel en el contexto de una universidad pública en transformación. La crisis financiera de muchas instituciones, el avance de modelos de educación virtual y a distancia, y la creciente presión por vincular la educación con el mercado laboral, exigen que los sindicatos no solo defiendan los derechos laborales, sino que también sean actores activos en el debate sobre el modelo educativo. En otras palabras, su legitimidad dependerá no solo de su capacidad para organizar a sus bases, sino también de su contribución al proyecto universitario.
En suma, la reforma laboral de 2019 no ha garantizado por sí sola la democratización del sindicalismo universitario, pero sí abre una ventana de oportunidad inédita. El futuro dependerá de la capacidad de los trabajadores universitarios para apropiarse de estas herramientas legales, exigir su cumplimiento y construir formas organizativas más representativas, incluyentes y combativas. No será un proceso rápido ni exento de tensiones, pero en el horizonte se vislumbra la posibilidad de un sindicalismo universitario más fuerte, más plural y más democrático.
Discussion about this post