Octavio Castellanos propone renovar el Poder Judicial con enfoque social, transparencia y perfiles sin vínculos políticos.
Eric Ordóñez/Ultimátum
En vísperas de la histórica jornada del 1 de junio, cuando por primera vez en México se elegirá mediante voto popular a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Octavio Enrique Castellanos Ramos, candidato a juez de distrito en materia de amparo y juicios federales por el Vigésimo Circuito, compartió en entrevista su visión sobre los desafíos, carencias y posibilidades de transformación del sistema judicial.
Castellanos reconoce que el proceso representa un experimento sin precedentes con profundas implicaciones democráticas. A pesar de las críticas y dudas que ha suscitado la reforma, considera que esta elección abre la puerta a una “renovación moral” del Poder Judicial. “Se está empoderando al pueblo para decidir quién debe juzgar”, señaló. “Eso podría traducirse en una nueva legitimidad para un poder que ha perdido la confianza ciudadana”.
Durante la conversación, fue claro: “Existe un divorcio entre la ciudadanía y los jueces. La gente ha perdido mucha confianza en el Poder Judicial y en quienes lo integran”. A su juicio, esa falta de credibilidad tiene raíces en denuncias de corrupción, nepotismo y, sobre todo, una desconexión con la realidad de los sectores más vulnerables. Por ello, una de sus propuestas centrales es diseñar un protocolo de atención a personas en situación de pobreza.
Este protocolo —dijo— se sumaría a los ya existentes para atender a mujeres, infancias, personas LGBTIQ+, migrantes e indígenas, pero con un enfoque transversal centrado en la pobreza. “Una persona que no tiene dinero ni siquiera para trasladarse al juzgado, difícilmente ejercerá su derecho a la justicia. No basta con que una sentencia ordene atención psicológica si en su comunidad no hay una sola clínica”, ejemplificó.
Además de esta perspectiva social, Castellanos plantea transparentar el quehacer judicial mediante herramientas tecnológicas. Propone visibilizar el trabajo de jueces, divulgar sentencias de interés público y permitir que la ciudadanía pueda conocer y evaluar el actuar jurisdiccional, sin comprometer la confidencialidad de los casos. Esto —dijo— ayudaría a desmontar el “velo” que muchas veces impide que los juzgadores rindan cuentas.
Con más de 14 años de trayectoria en el ámbito jurídico, el candidato afirma no tener vínculos con partidos ni estructuras políticas, y basa su candidatura en la preparación académica, la ética profesional y la independencia de criterio. Asegura que representa una alternativa seria y comprometida frente a un sistema que necesita renovarse desde sus cimientos.
Castellanos reconoce que el proceso aún enfrenta vacíos normativos y logísticos. La fiscalización de campañas, la escasa difusión de propuestas y los retos del INE para organizar el proceso son asuntos pendientes. Sin embargo, confía en que esta experiencia sentará las bases para consolidar una justicia más eficiente y cercana.
En materia de derechos humanos, advierte que la progresividad debe ir acompañada de viabilidad. “Desde una oficina se pueden dictar sentencias ideales, pero hay que pensar en cómo se ejecutan en contextos de pobreza y marginación”, puntualizó. Por ello, considera indispensable una articulación entre resoluciones judiciales y políticas públicas del Ejecutivo y Legislativo que garanticen su cumplimiento efectivo.
Finalmente, hizo un llamado a la participación ciudadana: “Tenemos una cita histórica. Nunca antes habíamos elegido a nuestros funcionarios judiciales. Es momento de decidir quién nos juzga y cómo”.
En Chiapas, entidad que conforma el Vigésimo Circuito, el reto es mayor: comunidades rurales, pueblos originarios y profundas desigualdades sociales convierten el acceso a la justicia en un privilegio más que en un derecho. Candidatos como Octavio Castellanos buscan revertir esa lógica y construir un Poder Judicial con rostro humano.
