Aunque 86 % está al tanto del proceso electoral, solo 18 % dice tener información suficiente sobre los aspirantes a jueces, magistrados y ministros.
MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/Carlos Serrano
>En la recta final del proceso electoral que se vive en nuestro país, que tendrá su clímax el próximo domingo 1 de junio, una gran mayoría de los mexicanos se mantienen en incertidumbre sobre las propuestas y particularmente sobre quiénes son las y los aspirantes a ocupar los cargos de magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial Federal ya que, si bien es cierto que el 86% de la población se mantiene al tanto de la elección, solamente el 48% conoce la fecha exacta y apenas el 18% considera que cuenta con información suficiente sobre el tema.
Por si fuera poco, de acuerdo con diversas encuestas, el 77% de las personas que fueron entrevistadas desconoce a los candidatos. A pesar de ello, el 72% considera necesaria esta elección para combatir la corrupción y mejorar nuestro sistema de justicia. En contraste, encuestadoras de prestigio, nacionales e internacionales, como Enkoll, en colaboración para El País; Buendía & Márquez, para El Universal y Mitofsky, con El Economista, prevén una baja participación de la población –estimada entre el 22.9% y el 37%- que tiene previsto participar en los comicios del domingo, lo que podría afectar la legitimidad del proceso.
¿Cómo llegamos hasta este momento?, me parece que a pesar de que hay una creciente necesidad de transformar/modernizar/limpiar nuestras instituciones, la desinformación ha sido factor clave para que muchos mexicanos sientan apatía por elegir a las próximas autoridades judiciales, primero porque no conocen cómo funciona el sistema de impartición de justicia y qué funciones tendrán los que resulten electos, aunado a que el periodo de campaña fue limitado para algunos y ya no digamos lo complejo que resultó el formato para que la ciudadanía pueda emitir su sufragio (seis boletas distintas y más de 3 mil 400 cargos a elegir), lo que ha generado desinterés, confusión e incluso desconfianza.
Además de ello, durante este proceso se registraron quejas sobre la inequidad en las campañas, particularmente sobre limitaciones en cuanto al acceso a medios de difusión y la realización de actos públicos y la falta de debates públicos, lo que dificultó su visibilidad, así como la posibilidad de identificar las cualidades, fortalezas y debilidades de los participantes. A diferencia del proceso electoral del año pasado, donde se eligió a la actual Presidenta Claudia Sheimbaum, a gobernadores, senadores y diputados federales, congresos estatales y a presidentes municipales, en esta ocasión las personas que se encuentran recluidas y los connacionales en el exterior no podrán participar, lo que también fue duramente criticado por la oposición.
EL CASO DE CHIAPAS
De acuerdo con el INE, a nivel nacional se instalarán 84 mil 220 casillas seccionales, así como 245 especiales para facilitar el voto de ciudadanos que estén fuera de su lugar de residencia. De este universo, 2 mil 939 estarán en Chiapas, distribuidas en las 13 juntas distritales ejecutivas, lo que refleja un esfuerzo extraordinario por garantizar la participación ciudadana en este proceso histórico.
Aquí, aunque las autoridades electorales han dicho con reservas que se espera una jornada sin contratiempos, lo cierto es que hay preocupación por las tensiones que ha generado en las últimas semanas el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), puesto que han ido elevando la intensidad de sus protestas en varias entidades del país, como es el caso de Oaxaca, Guerrero y en Chiapas, en donde esta misma semana marcharon por diversas calles y avenidas, se plantaron y bloquearon los accesos a las instalaciones del INE en Tuxtla Gutiérrez.
Y aunque la CNTE ha negado tener un plan para boicotear la elección del 1 de junio, han manifestado su decisión de realizar acciones contundentes si no se atienden sus demandas, que nada tienen que ver con la justicia en nuestro país. ¿qué pasará?, no hay certeza, pero ya han desafiado a la autoridad en Palacio Nacional y no tienen intenciones de retirarse. El Gobierno de Chiapas ha optado por una postura de contención pacífica y de diálogo, dejando en manos del Gobierno Federal la conducción de las negociaciones con la CNTE, lo que ha permitido que no se desborden los ánimos de los profesores, aunque la tensión se mantiene y continúan las protestas en las calles y en las principales carreteras.
Pese a ello y a manera de conclusión, debo decir que el experimento democrático que representa la renovación del Poder Judicial, más allá de fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción, debe buscar y garantizar que no haya más impunidad, que la justicia que se imparta en nuestro país sea más humana y más eficaz, que los tiempos y los procesos den certeza a los mexicanos y más aún, que sean menos costosos para las víctimas y que sea implacable contra aquellos que desafían la paz y la legalidad, sin distinciones.
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