Aunque el gobierno federal plantea reducir la informalidad en 5.5%, Chiapas sigue entre los estados con mayor precariedad laboral.
A ESTRIBOR/Juan Carlos Cal y Mayor
El gobierno federal ha anunciado con tono optimista su propósito de reducir la informalidad laboral en 5.5%. Una meta ambiciosa, sin duda, pero que parte de un diagnóstico incompleto y de políticas contradictorias. Porque una cosa es decir que se quiere formalizar la economía y otra muy distinta es construir las condiciones para que eso ocurra.
MÁS DE LA MITAD TRABAJA EN LA INFORMALIDAD
Actualmente, más del 55% de la población ocupada en México trabaja en la informalidad, según datos del INEGI. Eso significa que más de 32 millones de mexicanos laboran sin acceso a la seguridad social, sin prestaciones y sin estabilidad laboral. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha profundizado en un entorno de bajo crecimiento, alta regulación y una cultura institucional que castiga al que produce.
Según datos del INEGI al tercer trimestre de 2024, los estados con mayores niveles de informalidad laboral en México son Oaxaca (81.1%), Guerrero (78.3%) y Chiapas (76.1%). Estas cifras reflejan una realidad distinta entre el sur y centro del país, donde más de siete de cada diez personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni prestaciones formales. En contraste, las entidades del norte como Coahuila (34.6%), Nuevo León (34.9%) y Chihuahua (35.9%) presentan las tasas más bajas, lo que evidencia una profunda disparidad regional.
PÉGUENLE AL QUE TRABAJA
En vez de facilitar la formalización, el gobierno ha optado por aumentar el gasto social sin exigir corresponsabilidad, generando una creciente dependencia del presupuesto. Hoy se destinan más de $1.3 billones de pesos a programas sociales, muchos de ellos sin reglas claras ni evaluaciones de impacto. Mientras tanto, la recaudación fiscal sigue estancada, particularmente en el ISR de personas físicas y en el IVA, donde la evasión es rampante. El contribuyente hace de todo para reducir la carga: no expide recibos, no hace depósitos, maneja efectivo y compra facturas porque la economía informal no le factura. El fontanero, el electricista o el carpintero no entregan recibos formales, pero ya cobran como si fueran doctores.
LA GRAN FALACIA: “TODOS PAGAMOS IMPUESTOS”
La presidenta ha declarado que todos los mexicanos pagamos impuestos, pero eso es una falacia. Es cierto que todos consumimos y pagamos IVA, pero eso no equivale a asumir responsabilidades fiscales. Los contribuyentes formales deben inscribirse ante el SAT, emitir facturas, llevar contabilidad, hacer retenciones, presentar declaraciones y enfrentarse a auditorías y sanciones, incluso penales.
INEQUIDAD FISCAL Y DOBLE DISCURSO
En contraste, quienes operan en la informalidad no están sujetos a estas obligaciones, aunque sí acceden a servicios públicos gratuitos como educación y salud. La narrativa de que “todos pagamos” sirve para justificar la evasión y desincentivar la formalización. Se genera una profunda inequidad fiscal: unos pocos cargan con el costo del Estado, mientras otros lo usan sin aportar. Lo más paradójico es que esos mismos sectores suelen exigir que “los empresarios paguen sus impuestos”.
DÉFICIT, DEUDA Y DESPILFARRO
El problema no termina ahí. El déficit presupuestal aprobado para este año es de 5.4% del PIB, el más alto en más de tres décadas. El gobierno gasta más de lo que ingresa y para cubrir el hoyo fiscal ha recurrido a la colocación masiva de CETES, que ya representan más del 30% de la deuda pública, con vencimientos a corto plazo que ponen presión constante sobre las finanzas. ¿Y a dónde se ha ido tanto dinero? No a infraestructura útil, ni a salud, ni a educación. Se ha dilapidado en megaproyectos de dudosa viabilidad: una refinería que no refina, un aeropuerto subutilizado y un tren que ha devastado selvas y duplicado su costo original. Y todo para terminar operando con subsidios por sus bajos ingresos.
SER FORMAL NO ES NEGOCIO
La informalidad no se combate con narrativa ni con discursos. Se combate cuando ser formal es más rentable y accesible que ser informal. Cuando el sistema fiscal es justo y simple, y el Estado devuelve en servicios lo que exige en impuestos. Hoy, empresarios, profesionistas y Pymes no usan muchos servicios públicos. Pagan colegiaturas porque la educación pública es deficiente, contratan seguros privados porque la salud pública es un desastre.
CUATRO DE CADA DIEZ PAGAN IMPUESTOS
En México, solo alrededor del 40% de la población paga impuestos de manera formal, según datos de 2024. Aunque el padrón de contribuyentes activos supera los 84 millones, solo una fracción presenta declaraciones con pago. En el primer trimestre de 2024, apenas 3 millones de contribuyentes presentaron declaraciones con pago de ISR. La mayoría de los trabajadores está fuera del radar fiscal. Esto refleja una informalidad estructural que limita severamente la capacidad financiera del Estado.
CARGA TRIBUTARIA DESIGUAL
Aunque todos pagan impuestos indirectos como el IVA, solo una parte cumple con las obligaciones fiscales formales. Esto evidencia una carga tributaria profundamente desigual y la urgencia de fomentar la formalización fiscal y laboral, algo que ningún gobierno ha conseguido realmente.
Equilibrar las aportaciones al gasto público requeriría una reforma fiscal integral, algo que este gobierno —obsesionado con el control político— no está dispuesto a hacer. En cambio, seguirá apostando al gasto como herramienta electoral, hipotecando el futuro a cambio de votos presentes. Formalizar la economía no es imposible. Lo que es imposible es lograrlo mientras se destruye el Estado de derecho, se castiga la iniciativa privada y se derrocha el dinero público en caprichos. En ese camino, lo único que crece es la informalidad.
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