En 2024, los casos de acoso sexual en el estado se dispararon. Observatorios y cifras oficiales revelan que la violencia de género se ha vuelto sistemática, mientras la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. La impunidad persiste, incluso dentro del propio gobierno.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
En Chiapas, el acoso sexual ha dejado de ser un fenómeno esporádico y silencioso para convertirse en una realidad sistemática que se expande sin control. Las cifras más recientes lo evidencian con brutal claridad: en 2024, los casos de acoso sexual en el estado aumentaron un 129 % con respecto al año anterior. Esta escalada no solo revela un crecimiento alarmante de la violencia de género, sino también la profunda ineficacia institucional para frenarla, sancionarla o, siquiera, documentarla con rigor.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de organismos locales como el Observatorio Ciudadano, muestran que el acoso sexual y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual —como el abuso, hostigamiento y violación— han mantenido una presencia constante, aunque muchas veces invisibilizada, en Chiapas. En 2019, se registraron 1,491 carpetas de investigación por estos delitos, entre las cuales destacaron 94 por acoso sexual y 162 por abuso sexual. A lo largo de los años siguientes, la cifra fluctuó, pero la tendencia general ha sido al alza.
En el primer trimestre de 2025 ya se habían abierto 251 carpetas de investigación por delitos sexuales, y para mayo de ese año la cifra había ascendido a 421. Es decir, cada semana se presentan decenas de denuncias por actos que vulneran la integridad física y emocional de mujeres —principalmente— en espacios públicos, laborales e incluso institucionales. Pero el dato más inquietante lo proporciona el Observatorio Ciudadano de Chiapas: en 2024, el acoso sexual creció más del doble respecto a 2023, con una concentración particular en municipios como Tuxtla Gutiérrez, donde la tasa pasó de 24.5 a 30.4 casos por cada 100,000 habitantes.
¿Estamos ante una epidemia de violencia sexual? No podríamos indicar o hacer un juicio al respecto. Pero esto no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es el nivel de denuncia y visibilización. Las mujeres ya no están dispuestas a callar, aunque el sistema aún no esté dispuesto a escucharlas. La respuesta institucional sigue siendo tibia, cuando no inexistente. A pesar del aumento de denuncias, las sentencias firmes siguen siendo una excepción. De acuerdo con cifras federales, en el país menos del 10 % de las denuncias por acoso sexual en dependencias públicas llega a una sanción. En Chiapas, el panorama no es diferente.
Otro dato preocupante es la persistente impunidad dentro del aparato público. Desde 2019, se han documentado múltiples casos de acoso y hostigamiento dentro de oficinas gubernamentales, sin que los responsables enfrenten consecuencias reales. La ausencia de mecanismos internos eficaces de prevención y atención ha convertido a muchas dependencias en terrenos fértiles para la violencia de género, destituirlos del cargo a veces no es suficiente.
Sin embargo, más allá de los números, está la dimensión humana de este fenómeno. Cada carpeta de investigación representa una historia personal de miedo, humillación, dolor, y en muchos casos, de revictimización. En un entorno donde las víctimas son muchas veces desacreditadas, culpabilizadas o silenciadas, denunciar sigue siendo un acto de valentía.
La falta de políticas públicas efectivas agrava la situación. Si bien existen protocolos y mecanismos como las Unidades de Género en distintas instituciones, su aplicación es deficiente o meramente simbólica o bien, a veces utilizadas para consignas.
Los programas de prevención son escasos, mal difundidos o nulos. Y los datos oficiales suelen estar fragmentados, desactualizados o incompletos, lo que impide tener un diagnóstico real y eficaz.
El crecimiento de los casos también tiene una dimensión social. Chiapas es un estado profundamente desigual, con altos índices de pobreza, marginación y violencia estructural contra las mujeres. Estas condiciones facilitan un entorno de impunidad y normalización del acoso, en particular en espacios laborales, escolares y comunitarios. En zonas rurales y pueblos indígenas, el fenómeno es aún más difícil de denunciar, ya sea por barreras culturales, lingüísticas o la ausencia de instituciones confiables.
La sociedad civil ha intentado llenar los vacíos del Estado. Colectivas feministas, periodistas y observatorios ciudadanos han sido actores fundamentales para visibilizar la problemática, ofrecer acompañamiento legal y psicológico a víctimas, y exigir reformas estructurales. Pero esta tarea no debería recaer exclusivamente en la ciudadanía. Es el Estado —a través de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— el que tiene la obligación
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