Alertan sobre colapso institucional y abandono a miles de migrantes en Chiapas.
Eric Ordóñez/Ultimátum
Tapachula se consolidó como el epicentro migratorio de México al concentrar más del 65 por ciento de las solicitudes de asilo en el país, según datos expuestos en la Cámara de Diputados durante una reunión organizada por la Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la legisladora Marcela Guerra Castillo.
Entre enero y mayo de 2025, más de 36 mil personas solicitaron refugio en México, mientras que más de 40 mil niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad fueron registrados, muchos de ellos sin compañía. La diputada Guerra calificó la situación como una crisis crónica, agravada por un recorte presupuestal del 10 por ciento a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y un rezago del 60 por ciento en la atención de solicitudes.
Durante el encuentro legislativo se alertó que personas de al menos 70 nacionalidades distintas transitan por México, muchas a través de Chiapas, una entidad que carece de condiciones mínimas para garantizar la protección de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova presentó un diagnóstico que advierte la presencia de hasta 19 retenes entre Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, que afectan incluso a personas solicitantes de refugio. Denunciaron que en regiones como Ocosingo no existen oficinas de la COMAR, y se obstaculiza el ingreso a procedimientos de asilo en puntos fronterizos, dejando a los migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.
Uno de los señalamientos más graves recayó sobre el Instituto Nacional de Migración (INM), que desde 2023 dejó de emitir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), sustituyéndola por un “oficio migratorio” sin valor legal, lo que ha derivado en detenciones arbitrarias y deportaciones, incluso de mujeres embarazadas o con hijos pequeños.
Nubia Vásquez, coordinadora del área de integración del Fray Matías, presentó una encuesta aplicada a 235 personas migrantes en Tapachula: el 63 por ciento carece de estatus regular, el 60 por ciento no tiene empleo, el 17 por ciento vive en situación de calle y solo el 26 por ciento de niñas y niños accede a educación. Además, el 22 por ciento sólo realiza una comida al día.
Desde el Congreso, la diputada Marcela Guerra propuso reformar el artículo 111 de la Ley de Migración para eliminar la detención de menores, y pidió a la Secretaría de Hacienda reasignar recursos a la COMAR. Su compañera Blanca Leticia Gutiérrez solicitó mayor financiamiento a organizaciones civiles que han asumido funciones que el Estado ha dejado de cumplir.
Melisa Vértiz, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, planteó reformas que permitan la regularización por arraigo social o cultural, el reconocimiento del trabajo informal y el registro obligatorio de detenciones conforme a estándares internacionales.
Desde ACNUR, Guillermo Díaz advirtió que en lo que va del año solo se han emitido 751 tarjetas de visitante por razones humanitarias, frente a decenas de miles de solicitudes, y subrayó que fortalecer a la COMAR es urgente.
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