El diputado Juan Marcos Trinidad propone una ley para proteger a denunciantes de corrupción. Similar al modelo de testigos protegidos, garantizaría la seguridad de víctimas y sus familias. El objetivo: romper la impunidad y frenar amenazas que silencian a la ciudadanía.
TAROT POLÍTICO/Amet Samayoa Arce
Uno de los problemas más complicados que actualmente enfrentan quienes se atreven a denunciar a funcionarios públicos por actos de corrupción y a otras personas que cometen delitos del fuero común o federal, es que no cuentan con la protección necesaria y se exponen a represalias que en ocasiones pueden afectar su integridad física, familia, empleo o a veces corren el riesgo hasta de perder la vida. En la entrevista que el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares amablemente concedió ayer a diario Ultimátum, habló de una iniciativa de ley de protección a quienes denuncien actos de corrupción, fundamentalmente. Digamos que esto es semejante a la modalidad de testigos protegidos que podrán disfrutar de medidas especiales para garantizar su seguridad e integridad física, así como la de su familia. Obviamente, la iniciativa en mención busca combatir la corrupción y la impunidad con toda la fuerza del gobierno de la Nueva ERA, dado que con ello se incentivaría la participación ciudadana para acusar a quienes deben ser investigados por las autoridades jurisdiccionales. Es decir, se promoverá esta cultura de participación social para someter a procesos administrativos y judiciales a quienes hasta ahora se han reído de las denuncias públicas y legales que muchas personas han hecho. Estos procesos no avanzan, en muchas ocasiones, porque a falta de contar con el respaldo legal para cuidar de su integridad, desisten de sus acusaciones y no les dan el seguimiento correspondiente, ya sea porque los sobornan o los amenazan.
FUNCIONARIOS FISCALIZADOS EN TIEMPO REAL
Es preciso mencionar que en reciente reunión con los integrantes de su gabinete y la obvia presencia de Ana Laura Romero Basurto y José Antonio Aguilar Meza, titulares de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), respectivamente, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar advirtió que va en serio y, en tiempo real, serán auditados los servidores públicos. Con las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial es más fácil obtener información por parte de las autoridades para conocer los movimientos financieros de quienes se desempeñan en un cargo. Es por ello que también existe una acción que permitirá monitorear la evolución de bienes de los funcionarios, de ahí que se ha puesto énfasis en la declaración patrimonial. Se sabe que quienes no han cumplido han sido destituidos. Además, aquellos que se han quedado en la administración estatal como servidores del pueblo, saben a lo que se atienen si pretenden tentar el presupuesto público o incumplir con sus obligaciones. El Congreso del Estado busca, desde el principio de la actual administración, conceder al Poder Ejecutivo todos los elementos legales para cumplir con los planes, programas y proyectos del Jaguar, porque tanto el diputado Luis Ignacio Avendaño como su homólogo Mario Guillén Guillén saben y comparten con el gobernador la idea de que durante muchos años el pueblo ha sido sometido a la inmoralidad de ex funcionarios que se enriquecieron cada tres y seis años, sin importarles las necesidades del pueblo.
DIPUTADO JUAN MARCOS TRINIDAD
Por eso es harto interesante la iniciativa de ley que el diputado Juan Marcos Trinidad habrá de presentar, en los próximos días, como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, pues sostiene que en Tuxtla, por ejemplo, existe mucha preocupación por el tema de denuncia, en vista de que se ha impulsado la participación de la sociedad, pero no se ha fortalecido una estrategia de protección a la gente. En la entrevista, el legislador dijo que se busca fortalecer el marco jurídico, “porque todo mundo dice: hay que denunciar, pero nadie protege al denunciante. Si es burócrata muchas veces pierde el empleo y si es ciudadano queda vulnerable”. Sin lugar a dudas, la SAyBG y la ASE tendrán tarea suficiente para cumplir con las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez, en cuanto a su propósito de reducir a tasa cero la corrupción en Chiapas y eliminar por completo la impunidad que tanto daño le ha hecho al estado.
DE TAROT Y ADIVINANZA
Que pongan sus barbas a remojar los ex y actuales funcionarios. Jaguar va en serio. Ahí les hablan Grupo Tabasco… Servidos.
tarot722@hotmail.com
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