El segundo dictamen de la AVGM revela que entre 2018 y 2022, Chiapas incumplió la mayoría de las medidas para frenar la violencia contra mujeres. De 21 acciones, solo una se cumplió. Falta voluntad política para garantizar justicia y reparación.
LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE/Gely Pacheco
Mientras en Chiapas las cifras de violencia contra las mujeres se acumulan como cuerpos silenciados, el gobierno anterior se limitó a enfrentar la realidad con campañas y simulaciones. El Segundo Dictamen sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que revisa el periodo 2018–2022, deja claro que el Estado no cumplió. No porque no supiera cómo, sino porque no hubo la suficiente voluntad política.
La evaluación es contundente: solo una medida cumplida, nueve en proceso y once sin cumplir. El dictamen, firmado por instancias federales, estatales y organizaciones de la sociedad civil, advierte que mientras las medidas de seguridad han tenido cierto avance, las de justicia y reparación están rezagadas, cuando son estas las que deberían garantizar condiciones para frenar la impunidad y transformar las estructuras que perpetua la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
En este punto, hago una pausa para compartir que fui parte de este proceso institucional a nivel municipal: durante parte del periodo evaluado, fui enlace municipal de la AVGM en Tuxtla Gutiérrez. Lo digo con responsabilidad y también con dolor. Desde ese lugar, pude presenciar los esfuerzos que hicimos muchas mujeres feministas que tuvimos la oportunidad de estar en administración pública tanto municipales como estatales nadando contracorriente: servidoras públicas comprometidas con la causa, gestoras comunitarias, muchas aliadas y también aliados dentro de las instituciones. Sin embargo, también fui testiga de las enormes limitaciones estructurales. Hoy, desde la reflexión crítica y la memoria activa, puedo decir que no bastan los esfuerzos aislados ni la buena voluntad si el sistema no cambia de raíz. Lo que falló no fue la entrega de muchas personas, sino el compromiso integral del Estado.
El dictamen reconoce campañas, ferias de prevención y algunas capacitaciones. Pero algunas de estas acciones, aunque necesarias, resultaron fragmentadas, sin evaluación ni enfoque diferenciado. Se invirtió en alumbrado público, se imprimió material informativo y educativo, se organizaron eventos y actividades de prevención. Pero ¿cuántas mujeres encontraron refugio?, ¿Cuántas lograron justicia?, ¿Cuántas salieron vivas?, ¿Cuántos agresores fueron sancionados?, ¿A cuántas víctimas directas o indirectas se les reparó el daño? ¿ Hasta cuándo se seguirá confundiendo, propaganda institucional o personal con políticas públicas?
Especialmente grave es lo que señala respecto a la región de los Altos de Chiapas, una de las zonas más violentas y marginadas. Las acciones ahí fueron mínimas, inadecuadas o simplemente inexistentes. ¿Dónde están las campañas en lenguas originarias? ¿Dónde están los módulos de atención con personal capacitado en cultura y lengua indígena? ¿Dónde están las estadísticas desagregadas? La deuda del Estado con las mujeres indígenas sigue siendo brutal.
El dictamen también expone el abandono de las medidas de justicia y reparación. No se garantizó el acceso efectivo a denuncias, órdenes de protección ni sentencias. Es casi inexistente la reparación del daño. El Estado abandonó a las mujeres en la parte más crucial del proceso: el acceso a la justicia sigue siendo la gran deuda.
La AVGM no es una medalla ni un programa con logo. Es un grito institucional que exige acciones inmediatas, integrales y urgentes.
Hoy que ya no formo parte de ese engranaje institucional, no escribo desde la comodidad de la crítica externa, sino desde la memoria de lo que intentamos hacer, de lo que no pudimos lograr y de lo que ya no se puede seguir postergando. Es tiempo de una evaluación seria, pero también de una transformación profunda. La violencia contra las mujeres no se combate con informes, sino con justicia. Ojalá este dictamen no se archive. Ojalá no sea sólo una evaluación técnica. Que sea al inicio de un proceso de justicia. Porque si algo duele más que la violencia, es la indiferencia y omisión con la que se le permite crecer.
vocesfeministas@gmail.com
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