El diputado anunció que presentará una iniciativa para proteger a quienes señalen corrupción. Aseguró que los ciudadanos temen represalias, sobre todo por parte de alcaldes que abusan del poder.
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
Durante el período de receso legislativo, el diputado local Juan Marcos Trinidad Palomares ha sostenido reuniones con líderes formales e informales de distintos sectores de la sociedad. También ha dialogado con habitantes de colonias populares para recoger sus demandas e informarles sobre las actividades realizadas durante su primer año de trabajo.
Entrevistado por Amet Samayoa Arce y Eric Ordóñez, director y subdirector del diario Ultimátum, así como por el analista político Juan Carlos Cal y Mayor, Trinidad Palomares expresó que en Tuxtla persiste una gran preocupación respecto a las denuncias, las cuales se han impulsado, pero no fortalecido de manera adecuada.
Como presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, sostuvo que presentará una iniciativa de ley para proteger a los denunciantes.
Señaló que es necesario establecer mecanismos eficaces en esta materia, ya que quienes denuncian temen por su seguridad durante los careos. Además, los procesos suelen ser prolongados, requieren la contratación de gestores y, lo más grave, pueden implicar represalias.
“Se busca fortalecer el marco jurídico porque todo mundo dice que hay que denunciar, pero nadie protege al denunciante. Si es burócrata, muchas veces pierde el empleo; si es ciudadano, queda vulnerable”, afirmó.
También se refirió a la advertencia hecha por el gobernador Eduardo Ramírez para que los alcaldes dejen de fungir como constructores. “El gremio, cada vez que lo tocas, lo primero que pide es: saquen a los alcaldes de la obra”, comentó.
Aseguró que con estas prácticas “le dan en la torre a todo el sector. No son constructores, subcontratan, descuidan la obra y, de entrada, eso es corrupción”.
Agregó que se están impulsando herramientas digitales para que, mediante una ventanilla única en la Secretaría Anticorrupción, los constructores legítimos obtengan en 30 minutos la Constancia de Registro Único.
Juan Marcos Trinidad informó que al Congreso del Estado han llegado formalmente denuncias por corrupción contra ayuntamientos, las cuales se analizan y canalizan a la Auditoría Superior de la Fiscalización del Estado (ASE). “Somos un puente con la ciudadanía en ese seguimiento”, dijo.
Explicó que el 30 de junio se recibe el primer informe de la ASE; el segundo, en octubre; y el tercero, en febrero del siguiente año.
Reveló que recientemente “le pegaron a 37 ayuntamientos y a 16 entes gubernamentales, entre ellos el Cobach y la Secretaría de la Mujer”.
También indicó que “le van a entrar a los DIF municipales, y yo lo veo muy sano, tanto para quienes no están como para quienes van llegando y aquellos que llegarán. Es una medida preventiva”.
En cuanto a la supervisión del ejercicio del presupuesto público, destacó que durante este primer período se logró un resultado histórico: 115 cuentas públicas de ayuntamientos fueron entregadas en tiempo y forma.
Atribuyó este logro al trabajo de la Comisión, pero también al ejemplo del gobernador Eduardo Ramírez y del Poder Judicial.
Añadió que aquellos que no cumplieron a tiempo fueron advertidos por la ASE, y al 30 de mayo —fecha límite— el 100 % de los municipios había cumplido con esta responsabilidad.
En materia de derechos humanos, señaló que la comisión correspondiente ha trabajado de manera transversal y ha impulsado diversas iniciativas, como la pena de cien años de prisión para feminicidas.
Asimismo, informó que se ha realizado una labor intensa en la defensa de los derechos de las personas migrantes.
Respecto a la deuda del gobierno estatal, explicó que el Congreso otorgó facultades a la Secretaría de Hacienda para reorganizar los pasivos existentes, con el fin de evitar mayores problemas financieros para la entidad.
Detalló que inicialmente se contrataron 5 mil millones de pesos en deuda, y que al día de hoy ha crecido en mil 680 millones, a pesar de los pagos puntuales realizados año con año. Esto representa un incremento del 32 % respecto al monto original.
Consideró que una alternativa es cambiar esa deuda de UDIS a tasa comercial, ya que este tipo de saldos “afecta al estado en materia de infraestructura, obra pública, desarrollo, seguridad y atracción de inversiones, porque no se pueden condonar ni exentar impuestos. Lo poco que entra se va en pagar”.
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