La búsqueda de personas desaparecidas exige una respuesta conjunta. En México, los hallazgos en fosas clandestinas revelan la magnitud del problema. Organismos como Amnistía Internacional insisten en que la sociedad y el gobierno deben actuar con urgencia y responsabilidad.
IDENTIDAD POLÍTICA/José Adán Altúzar Figueroa
La búsqueda de familiares desaparecidos es una situación compleja tanto para las autoridades como para quienes la experimentan. Es común conocer a personas que enfrentan esta incertidumbre. La información constante sobre cuerpos hallados en fosas clandestinas en el país exige la atención conjunta de la sociedad y el gobierno, favoreciendo la toma de conciencia y la participación en el desarrollo de estrategias orientadas a abordar las causas de estos hechos.
Las desapariciones forzadas son un problema grave en muchos países de todas las regiones del mundo: de México a Siria, de Bangladesh a Laos y de Bosnia y Herzegovina a España. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en algunos de los países que más violaciones de derechos humanos cometen.
REALIDAD EN CHIAPAS
La Colectiva Madres en Resistencia inició este lunes un plantón frente a la entrada principal del Palacio de Gobierno, en demanda de una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
“Lo que nos dejó el gobierno de Rutilio Escandón, flamante cónsul, es esto: desapariciones, feminicidios. “Nos reunimos con el gobernador Eduardo Ramírez al inicio de su mandato, y él nos dijo que acababa de llegar y haría lo posible por ayudarnos “, denunció.
Por su parte, Yoselin Chavarría, hija del señor Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido el 8 de mayo de 2023, indicó que, aunque han tenido múltiples audiencias con autoridades, la justicia sigue sin llegar.
“Queremos hablar directamente con el gobernador. Solo nos han dado búsquedas en las que han aparecido rastros, calzado, credenciales de elector, ropa y restos de cabello en veredas, pero no hemos dado con el paradero de nuestros familiares. Estos indicios nos dicen que están vivos y que los seguimos buscando. Participamos en hasta seis o siete búsquedas por mes, queremos que los busquen en vida “, expresó.
“En muchos casos, hay recompensas de hasta 500 mil pesos ofrecidas por la Fiscalía General del Estado, pero no se ven resultados. Todo es burocracia, hay incertidumbre, injusticia, no se atiende a las víctimas ni a sus familias”, subrayó.
En tanto, María Edith Domínguez Domínguez denunció: “Las familias sufren. A mí me hace falta mi hijo, ya cumplió dos meses desaparecido, no hemos recibido ninguna información de la Fiscalía. Estamos sufriendo. Las recompensas no han servido de nada, nos quitaron la sonrisa, queremos que nos escuchen y nos atiendan, vivimos con una profunda desesperanza”.
Por su parte, Liliana Pérez Gutiérrez busca a sus hijos Luis Emanuel y Mario Valentín Nanga Pérez, desaparecidos el 28 de febrero de 2024. Exige justicia y resultados en las investigaciones. Otras personas también demandan la aparición con vida de Alfonso Cruz Pérez, del municipio de Yajalón, y de José Manuel Hernández, cuyos casos siguen sin atención por parte de las autoridades.
Finalmente, Damaris Juasha, representante de los Observadores Internacionales por la Paz, advirtió sobre el incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos.
El clima de dolor y exigencia que envuelve al plantón se respira en cada testimonio y mirada. Las y los familiares, entre mantas y fotografías, mantienen la esperanza a pesar del desgaste físico y emocional que implican meses —e incluso años— de búsqueda incesante.
La participación activa de colectivos y organizaciones civiles ha sido fundamental para sostener la movilización y visibilizar la magnitud del problema. En este contexto, la exigencia de una mayor coordinación entre autoridades estatales y federales se vuelve una constante, pues las personas sienten que la fragmentación de competencias sólo prolonga el sufrimiento y dificulta el acceso a la verdad.
Las familias no solo buscan a quienes faltan: luchan también contra la revictimización, la estigmatización social y la falta de acompañamiento legal durante los procesos. Mientras tanto, el plantón se ha transformado en un espacio de memoria colectiva, donde cada nombre, cada historia, fortalece la demanda de justicia y verdad, resistiendo el olvido y la desesperanza. Por el momento, es cuánto.
jaltuzarf@hotmail.com
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