Diputada exige lengua de señas

Luz María Castillo señaló que se debe asegurar una comunicación para las personas sordas.

Alfredo Pacheco/Ultimátum

La diputada local por Morena, Luz María Castillo Moreno, anunció que impulsará una reforma integral a la Ley de Inclusión en Chiapas con el objetivo de garantizar el reconocimiento y uso de la lengua de señas en todos los ámbitos, a fin de asegurar una comunicación efectiva y una verdadera inclusión para las personas sordas.
Castillo Moreno, quien preside la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, destacó que en Chiapas viven aproximadamente 150 mil personas con discapacidad auditiva, lo que representa cerca del 50 por ciento de la población con discapacidad en la entidad. Sin embargo, dijo, aún enfrentan barreras para acceder a la justicia, la salud, la educación y otros servicios, debido a la falta de intérpretes y protocolos que contemplen su derecho a comunicarse.
“Hace unos días conocimos el caso de una joven sorda que fue víctima de violencia sexual y no recibió atención adecuada en la Fiscalía porque no había un intérprete de lengua de señas. Este es un ejemplo de por qué urge establecer mecanismos claros para garantizar su acceso a la justicia”, expuso.
La legisladora adelantó que propondrá que la lengua de señas sea reconocida como patrimonio lingüístico de Chiapas, de manera que su uso sea obligatorio en instituciones públicas y privadas.
Además, informó que trabaja en la elaboración de un reglamento que complemente la Ley de Inclusión, ya que la norma vigente carece de este instrumento, lo que limita su aplicación.
“Estamos trabajando para que la Ley de Inclusión sea integral y completa, que involucre a todos los sectores de discapacidad y contemple todos los derechos en todos los ámbitos. Antes de terminar la legislatura, quiero dejar establecido este reglamento para que pueda entrar en vigor”, subrayó.
Finalmente, señaló que buscará que en el próximo proceso electoral se establezca una cuota obligatoria para la participación de personas con discapacidad en cargos de elección popular, no solo como acción afirmativa, sino como un derecho garantizado por ley.