El mal se metió hasta las entrañas

No hay que ir muy lejos para encontrar las heridas abiertas que dejó el sexenio pasado. Lo peor no fue lo que hizo, sino lo que dejó en herencia: una estructura de seguridad carcomida por dentro, infiltrada por el crimen y desprovista de la confianza ciudadana.

REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez

No hay que ir muy lejos para encontrar las heridas abiertas que dejó el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas. Lo peor no fue lo que hizo, sino lo que dejó en herencia: una estructura de seguridad carcomida por dentro, infiltrada por el crimen y desprovista de la confianza ciudadana. Hoy, esa herencia maldita nos estalla en la cara. Hasta el 12 de agosto de 2025, la Fiscalía ha detenido a 493 policías municipales por presuntos vínculos con la delincuencia. La estadística no es fría: es un retrato escalofriante del tamaño de la podredumbre.
El municipio de Tonalá, gobernado por Manuel Narcía Coutiño, encabeza la lista con 99 elementos arrestados. Le siguen Comitán de Domínguez con 93 y Chiapa de Corzo con 89. El resto se reparte en 16 municipios más, desde las grandes ciudades como Tuxtla Gutiérrez hasta localidades pequeñas como Pantepec o Acapetahua. La geografía de la corrupción no discrimina tamaño ni relevancia política: está en todos lados.

UNA POLICÍA QUE TRAICIONÓ SU JURAMENTO

El juramento de proteger y servir se convirtió en papel mojado. Policías municipales, de tránsito, comandantes, directores y hasta administrativos aparecen en la lista negra. La radiografía es brutal: 459 eran policías municipales, pero también hay directores de tránsito, subdirectores y coordinadores de área. No se trata de casos aislados, sino de un sistema contaminado desde la base hasta la cúspide.
Cuando la columna vertebral de la seguridad se fractura de esta manera, no hay operativo que alcance para remendar la confianza ciudadana. Y lo más preocupante: muchos de estos puestos fueron ocupados por años, bajo la complacencia de autoridades que prefirieron mirar hacia otro lado.

HERENCIA DE IMPUNIDAD
No podemos atribuir toda la culpa a los que hoy gobiernan, pero sería un error pensar que se trata de un problema nuevo. Esta red de complicidades se incubó durante años, alimentada por la impunidad y la corrupción institucional. Lo que hoy vemos es el resultado de nombramientos a modo, de mandos puestos por favores políticos, de expedientes manchados ignorados por conveniencia.

La pregunta incómoda es: ¿quién vigilaba a los que debían vigilarnos? El daño no es solo numérico, es moral. El mensaje que recibió la sociedad durante años fue claro: la ley se aplicaba solo a conveniencia, y en esa lógica se permitió que el crimen se infiltrara hasta en los uniformes.

¿Y AHORA QUÉ?
El gobierno actual habla de pacificación y respalda ese discurso con acciones visibles. Sin embargo, la pacificación no se decreta, se construye. Y para consolidarla se requiere más que operativos y estrategias en curso: se necesita una depuración real, procesos judiciales firmes y garantías de que quienes hoy están tras las rejas no volverán a ocupar cargos. Porque si los nombres cambian pero el sistema permanece, el mal seguirá reproduciéndose como una plaga.El reto es monumental: devolverle sentido y dignidad a un uniforme que hoy carga con el estigma de la traición. La sociedad espera justicia, pero también un cambio de raíz. El miedo y la desconfianza no se disipan con boletines de prensa, sino con resultados visibles y sostenidos.
En Chiapas, la pacificación no será un camino corto. El mal se metió hasta las entrañas y sacarlo exigirá algo más que voluntad política: requerirá romper pactos oscuros, desmantelar redes internas y asumir que la limpieza será dolorosa. Pero es eso o seguir viviendo bajo la sombra de un uniforme que, lejos de proteger, ha servido para encubrir al enemigo.

Cordial saludo.