La secretaria de Anticorrupción, Ana Laura Romero Basurto, reveló que la Auditoría Superior de la Federación ordenó la devolución de más de 41 millones de pesos: 27 millones en la Secretaría de Educación y 14 millones en Salud, durante el gobierno de Rutilio Escandón.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
Durante mucho tiempo, escuchar la palabra “auditoría” en Chiapas era casi como escuchar un conjuro que nunca surtía efecto. Se hablaba de anomalías, de gastos sospechosos, de recursos no comprobados… pero nunca pasaba nada. Todo se diluía entre carpetas sin resolución, funcionarios que “ya no están” y esa cortina de impunidad que parecía impermeable. Por eso, cuando se empieza a hablar de procedimientos resarcitorios, el oído se afina. Porque ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí toca pagar.
Y eso fue justo lo que ocurrió en la conversación que sostuve con Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con claridad y sin rodeos, reveló que la Auditoría Superior de la Federación ya ordenó que se devuelvan recursos por más de 41 millones de pesos. En específico: 27 millones en la Secretaría de Educación y 14 millones en la Secretaría de Salud. Y sí, tienen nombre y apellido los titulares -en ese periodo en funciones-: Rosa Aidé Domínguez Ochoa y José Manuel Cruz Castellanos, quienes encabezaron esas dependencias durante el gobierno de Rutilio Escandón.
EL DINERO NO SE ESFUMA
Uno pensaría que, con el cambio de administración, los excesos del pasado quedarían en el olvido, como suele pasar en este país. Pero al parecer esta vez no. El órgano fiscalizador federal detectó irregularidades claras, emitió observaciones, se agotaron los plazos de defensa y ahora se activaron los procedimientos resarcitorios. Es decir, ya no estamos hablando de especulaciones ni de auditorías abiertas: estamos hablando de una orden formal para que se devuelva el dinero al erario público.
¿En qué se usó ese dinero? ¿Cómo se justificó? ¿A quién se benefició? No lo sabemos a detalle. Pero sí sabemos que el destino final de esos recursos no fue transparente ni justificable. Y por eso, ahora tienen que regresarlo.
Lo interesante —y lo delicado— es que este dinero corresponde a gastos federales, no estatales. Eso quiere decir que la sanción no puede venir desde el gobierno de Chiapas. Como bien explicó Ana Laura Romero, el Estado colabora, audita y documenta, pero es la Federación quien sanciona. Así que, aunque las investigaciones se generan localmente, el peso de la ley —al menos en este caso— depende del ámbito federal. Y eso, en teoría, debería asegurar que las cosas avancen sin los vicios políticos locales que todo lo ensucian.
LA HORA DEL RESARCIMIENTO
Cuando uno escucha que se devolverán 41 millones de pesos, lo primero que surge es la pregunta: ¿de verdad los van a pagar? ¿O será otro anuncio que se desvanezca entre recursos legales, amparos y olvidos?
La secretaria fue clara: el proceso está en marcha, las notificaciones se hicieron, y la Federación tiene la pelota en su cancha. Pero ya no hay pretextos, ni recursos por interponer. “Es correcto”, respondió sin titubeos cuando pregunté si esto era contra los ex titulares.
Y ahí es donde esta columna cobra sentido: porque la ciudadanía debe saber que hay procesos en curso, que hay nombres y cifras, que ya no todo se borra con la salida del cargo. Porque durante mucho tiempo se instaló en Chiapas la idea de que “nada pasa”, que los de arriba siempre se salvan, que rendir cuentas es solo un acto simbólico. Pero esta vez hay un precedente. Y no menor.
Pepe Cruz y Rosa Aidé fueron figuras visibles de un sexenio que prometió “no mentir, no robar y no traicionar”, pero que terminó rodeado de dudas, excesos y simulaciones. Hoy, al menos en papel, la justicia fiscal ya tocó a sus puertas.
COLOFÓN
No se trata de cantar victoria. En Chiapas ya aprendimos que la justicia no siempre se concreta. Pero tampoco podemos ignorar que algo está cambiando. Que se hable abiertamente de procedimientos, que se den cifras exactas, que se mencione a los responsables por su nombre y que se reconozca que hay un dinero que debe regresar, es un paso. Uno pequeño, pero significativo.
Porque rendir cuentas no es solo comparecer en una comisión. Es regresar lo que no es tuyo, es aceptar que el cargo no da permiso para despilfarrar ni para encubrir. Y si esto avanza como debe, tal vez empecemos a sanar una de las heridas más profundas que tiene Chiapas: la de la impunidad.
Cordial saludo.
