La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, anunció un protocolo de protección para quienes denuncien corrupción, acoso o abuso de poder, respaldado con la plataforma Jaguar Evalúa.
TAROT POLÍTICO/Amet Samayoa Arce
El anuncio de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, sobre la creación de un protocolo de protección a quienes denuncien actos de corrupción, acoso sexual y laboral y abuso de poder por parte de servidores públicos, es un paso que merece destacarse además con la plataforma Jaguar evalúa. En un estado donde la opacidad ha sido la regla y no la excepción, plantear un blindaje institucional para las y los denunciantes abre una rendija de esperanza. El mensaje es claro: la plataforma digital que pone en marcha la Secretaría busca dar garantías para que los contratistas, trabajadores y ciudadanos que sufran abusos de poder puedan alzar la voz sin miedo a represalias. El compromiso suena fuerte, pero la duda es inevitable: ¿se atreverán los afectados a poner el dedo en la llaga cuando se sabe que en el pasado detrás de los escritorios se mueven intereses intocables?. Es hora de probarlo no obstante al recelo. En los pasillos de la Secretaría de Infraestructura se escucha un murmullo constante. Se dice —porque así lo cuentan contratistas en voz baja— que más del famoso “diezmo” es exigido a quienes buscan obtener contratos. Un personaje cercano a la titular de la dependencia es señalado como el encargado de pasar la charola, con la típica fórmula de “si quieres trabajar, tienes que cooperar”, incluso por arriba del 10 por ciento. Nada nuevo en un sistema que se ha normalizado en la cultura política mexicana, pero que ahora podría ser puesto bajo la lupa si el protocolo se aplica con rigor.
Pruebas para protocolo de anticorrupción
Sin embargo, es justo subrayar que no basta con el rumor. La secretaria Romero Basurto fue clara: no se trata de abrir la puerta a chismes ni a vendettas personales o de grupos. Un protocolo anticorrupción debe sostenerse en pruebas sólidas, no en versiones de café. De lo contrario, se corre el riesgo de que la herramienta se convierta en arma política y termine por desacreditarse a sí misma. El reto es enorme: transformar el susurro en denuncia formal respaldada por documentos, transferencias, grabaciones o cualquier elemento probatorio que desmonte de raíz la práctica de extorsión. Lo que está en juego es la credibilidad del gobierno. Si se permite que la plataforma sea vista como un buzón de quejas sin consecuencias, los contratistas seguirán callando, los abusos continuarán sin duda. En cambio, si las denuncias probadas son atendidas, investigadas y sancionadas, estaríamos ante un parteaguas que podría fracturar una de las cadenas más viejas y oxidadas de la administración pública: la del “moche” como condición para trabajar. Romper esa dinámica implicaría dar un golpe real contra la corrupción cotidiana que erosiona las finanzas públicas y la confianza ciudadana. En Chiapas ya no se trata de discursos ni de comisiones rimbombantes: la exigencia es resultados. La secretaria Romero Basurto ha puesto la vara alta por indicaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
De Tarot y Adivinanza
¿Se atreverán a denunciar quienes hoy se dicen víctimas de ser pasados por la báscula, o preferirán seguir murmurando en los pasillos para no perder contratos? … servidos.
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