Manuel Cruz obtuvo sentencia que obliga a autoridades municipales a pronunciarse.
Eric Ordóñez/Ultimátum
El abogado Manuel Cruz, del despacho Cruz Islas Abogados, informó que obtuvo una nueva sentencia federal que obliga al Cabildo de Tuxtla Gutiérrez a pronunciarse sobre la corrección en boletas del impuesto predial, donde en varios casos se consigna a los contribuyentes como “poseedores” y no como propietarios de sus inmuebles.
En entrevista con Diario Ultimátum, el litigante explicó que este proceso inició cuando detectó la anomalía en su propia boleta predial. Tras promover un amparo, la justicia federal le dio la razón y ordenó al Ayuntamiento corregir el documento. Con la resolución cumplida, Cruz solicitó al Pleno del Cabildo emitir un acuerdo que permitiera a todos los contribuyentes en la misma situación solicitar la corrección sin tener que recurrir a procesos legales individuales.
“Me concedieron el amparo por la leyenda de la boleta predial. Ya me corrigieron la mía y tengo copia certificada de la resolución. Sin embargo, pedí al Cabildo que emitiera un pronunciamiento general para que cualquier ciudadano en esta hipótesis pudiera corregir su boleta. No respondieron y nuevamente me amparé, obteniendo una nueva sentencia que ahora los obliga a contestar en un plazo de tres días, una vez que cause ejecutoria”, relató.
El abogado señaló que el Cabildo ha recurrido a recursos de revisión, lo que consideró como prácticas dilatorias. “Ellos ya cumplieron conmigo, pero no quieren hacerlo extensivo a la sociedad porque quedaría en evidencia que la actuación anterior no era la correcta”, afirmó.
Como parte del proceso, el regidor de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, llevó al Pleno del Cabildo una propuesta en la que solicitó formalmente un acuerdo para informar a los ciudadanos que podían verificar su derecho. “Solicito respetuosamente un acuerdo de Cabildo, donde se le diga a los ciudadanos que estén interesados que vengan a verificar su derecho”, expresó en sesión pública. La propuesta, sin embargo, no fue atendida.
Cruz insistió en que la resolución judicial establece la obligación de las autoridades de dar una respuesta fundada y motivada. De no hacerlo, advirtió que pedirá que se declare el incumplimiento de la sentencia. “No se pide otra cosa que respetar la ley. Si hay un error, la resolución federal establece el camino para corregirlo y cualquier contribuyente debe tener acceso a ese derecho”, subrayó.
El abogado recordó que en casos similares, como la reparación de una calle tras un amparo promovido en 2018, la intervención judicial permitió resolver problemas que no habían sido atendidos por el municipio. “Me gusta servir, me gusta ayudar a los grupos vulnerables y defender a la naturaleza. Lo hago por convicción. Cuando se trata de adultos mayores o temas ambientales, asumo la defensa sin costo, porque creo que nadie debe ver vulnerados sus derechos”, señaló.
Cruz también mencionó que su despacho ha acompañado otras luchas ciudadanas, entre ellas la relacionada con la protección del Museo de Tuxtla, en coordinación con colectivos locales. “Nuestra lucha es jurídica, pero también de calle. Ambas deben ir de la mano para tener éxito en la defensa de los derechos”, explicó.
Respecto a su relación con el presidente municipal, Ángel Torres, el abogado fue enfático en pedir respeto a la resolución judicial. “El alcalde dice que es respetuoso de la ley. Si es así, que cumpla con la sentencia federal. No perdió nada: todos cometemos errores y la ley está para corregirlos. Lo único que se pide es respeto a la determinación judicial, sin agresiones ni imposiciones, solo con apego a derecho”, puntualizó.
En enero próximo comenzará de nuevo el periodo de pagos del impuesto predial, por lo que Cruz adelantó que seguirá atento a posibles irregularidades en los cobros. “Si detecto que se realizan de manera excesiva, también lo haré valer ante la justicia”, advirtió.
Con esta resolución, el debate se centra en la obligación del Ayuntamiento de Tuxtla de dar certeza jurídica a los contribuyentes sobre la propiedad de sus inmuebles, en cumplimiento de un mandato federal. Para los afectados, la expectativa es que no sea necesario promover nuevos amparos de manera individual, sino que el Cabildo establezca un mecanismo general que garantice el derecho de todos los ciudadanos.
