Abogado denunció incumplimiento de sentencia y pidió diálogo a la autoridad.
Eric Ordóñez/Ultimátum
En Tuxtla Gutiérrez, los problemas de infraestructura pluvial volvieron al debate público a raíz de la entrevista realizada el 18 de septiembre de 2025 en el espacio de Diario Ultimátum al abogado Manuel Alejandro Cruz Islas, uno de los afectados en la zona de Fovissste Puente 3. El litigante relató que desde 2021 existe una sentencia del Juzgado Séptimo de Distrito que ordenó al Ayuntamiento capitalino implementar medidas para evitar inundaciones en domicilios particulares, resolución que aún no se cumple en su totalidad.
El caso se originó en la colonia Fovissste Puente 3, donde las lluvias intensas han provocado escurrimientos que rebasan la capacidad de los conductos y afectan directamente viviendas.
Cruz Islas expuso que, debido a la presión del agua de lluvia, llegó a modificarse el acceso principal de su vivienda, dejar los automóviles en la vía pública —con el consecuente riesgo de vandalismo— y enfrentar anegaciones en el interior. “El agua regresaba incluso por el drenaje doméstico, lo que generaba serias afectaciones”, relató.
La problemática, señaló, no se limita a una sola calle o colonia. Alcanzaría zonas como La Reliquia, Solidaridad, Fovissste Puente 3 y parte de la Cuarta Sur Oriente, con un cálculo aproximado de más de cien viviendas en riesgo. Aunque reconoció que tras la última remodelación del pluvial hubo cambios, advirtió que los resultados no han sido suficientes y que el propio Ayuntamiento ha admitido en informes oficiales que aún existe riesgo, aunque lo califique como “bajo”.
LA SENTENCIA Y SUS ALCANCES
De acuerdo con el abogado, la resolución judicial con número 404/2021 obligó al municipio a realizar obras de mitigación que garantizaran un ambiente sano para los vecinos, en concordancia con el artículo 4º de la Constitución. Si bien el Ayuntamiento informó avances “conforme a sus posibilidades económicas”, un tribunal colegiado determinó que las acciones eran insuficientes y que persistían riesgos para la ciudadanía.
“El juicio de amparo se promovió desde 2021 y continúa en vías de cumplimiento. El tribunal colegiado fue claro: no debe existir riesgo alguno para el ciudadano, pues el derecho a un medio ambiente sano es una obligación que la autoridad debe garantizar”, explicó.
RECLAMOS AL AYUNTAMIENTO ACTUAL
Cruz Islas relató que intentó acercamientos directos con el presidente municipal en funciones, Ángel Torres Culebro, sin éxito. “Lo abordé afuera de su oficina al inicio de su gestión. Me pidió mis datos, pero nunca me volvió a contactar. No hay disposición al diálogo ni apertura para construir soluciones conjuntas”, afirmó.
En su opinión, la falta de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía agrava la situación, pues impide explorar alternativas técnicas y financieras que no necesariamente implicarían un gasto elevado. “He propuesto otras formas de reparación que podrían ajustarse al presupuesto municipal, pero ni siquiera me permiten plantearlas”, agregó.
El abogado subrayó que la postura de la actual administración ha sido de “apatía y autoritarismo”, lo que a su juicio se traduce en un mensaje preocupante: “El presidente municipal decide con quién hablar y con quién no, dejando de lado los mecanismos de democracia participativa como la audiencia pública o el derecho de petición”.
CONSECUENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
La falta de un dren pluvial eficiente se traduce en daños recurrentes para los vecinos. Durante cada temporada de lluvias, las corrientes arrastran basura y agua que terminan acumulándose en calles y viviendas. Los automovilistas también enfrentan riesgos por registros sin tapa o alcantarillas abiertas, particularmente en puntos como el Libramiento Sur, donde —según Cruz Islas— ya se han registrado accidentes de tránsito.
“Cuando llueve, Tuxtla cambia de rostro. Hay vialidades peligrosas, baches, coladeras abiertas y escurrimientos que ponen en riesgo tanto a peatones como a conductores. Esto no es un error de los ciudadanos, sino una omisión de la autoridad al no atender la infraestructura urbana”, puntualizó.
NUEVAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS
El litigante destacó que desde 2024 está vigente la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual permite a la ciudadanía demandar al gobierno por omisiones en la prestación de servicios públicos. A su juicio, este marco legal abre la puerta para exigir la construcción de infraestructura pluvial y la reparación de vialidades.
“Es probable que sea de los primeros en demandar por esta vía la falta de un dren pluvial adecuado. La ley contempla que los ciudadanos pueden reclamar cuando la autoridad no cumple con su deber, y aquí tenemos un ejemplo claro”, afirmó.
Cruz Islas instó a la población a documentar con fotografías, escritos y solicitudes formales los daños ocasionados por la falta de mantenimiento, para fortalecer posibles demandas colectivas o individuales. Asimismo, recomendó no limitarse a denuncias en redes sociales, sino formalizar las quejas mediante escritos dirigidos al Ayuntamiento o al Gobierno del Estado.
Finalmente, reiteró su llamado al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para establecer un diálogo con expertos, priorizar la atención a los pluviales y garantizar un entorno seguro a los habitantes de las colonias más afectadas. “Nuestra exigencia es legítima, respaldada por una sentencia de amparo y sustentada en el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente sano. Lo que pedimos es voluntad política para resolver un problema que cada temporada de lluvias se convierte en un riesgo latente”, concluyó.
