Publican tiempos máximos en Registro Público; exigen modernización y vigilancia.
Eric Ordóñez/Ultimátum
En una edición reciente de La Entrevista transmitida por Diario Ultimátum, los notarios públicos Luis Gabriel Sánchez Velázquez y Juan Carlos Cal y Mayor Franco conversaron con Amet Samayoa Arce, director general, y con el subdirector Eric Ordóñez, sobre las nuevas disposiciones en el Registro Público de la Propiedad de Chiapas y los retos que enfrentan en el ejercicio de la función notarial.
Ambos coincidieron en que la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los plazos máximos para la atención de trámites es una buena noticia para la ciudadanía, pues durante años los servicios registrales sufrieron retrasos que llegaron a prolongarse por meses, afectando operaciones de compraventa, créditos y donaciones. El ejemplo más claro, señalaron, es el certificado de libertad de gravamen, documento indispensable para garantizar que una propiedad esté libre de adeudos o limitaciones legales y que, de acuerdo con la norma, debía entregarse en un plazo de diez días hábiles. En la práctica, sin embargo, este trámite llegó a tardar hasta seis u ocho meses, lo que derivaba en cancelaciones de operaciones, incertidumbre jurídica y frustración entre clientes y notarios.
Sánchez Velázquez explicó que los fedatarios son intermediarios entre el ciudadano y el Estado, encargados de dar certeza jurídica a las operaciones y también de recaudar impuestos y derechos que ingresan a la hacienda pública. No obstante, al ser el rostro más cercano al usuario, los notarios suelen cargar con la inconformidad de la gente cuando los trámites se retrasan, aunque el problema tenga origen en las oficinas gubernamentales. En este sentido, consideró que el establecimiento de plazos máximos de hasta veinte días hábiles para ciertos trámites representa un avance importante, aunque todavía insuficiente si se compara con entidades como Yucatán, donde esos documentos se expiden en tres días gracias a procesos digitalizados.
Por su parte, Juan Carlos Cal y Mayor Franco subrayó que la función notarial es mucho más amplia que la compraventa de inmuebles, pues también abarca la constitución de sociedades, la elaboración de contratos, la formalización de créditos y una serie de actos que influyen directamente en el desarrollo económico del estado. Aseguró que mientras más ágiles y confiables sean los servicios registrales, mayor dinamismo habrá en la economía, ya que las personas se animan a invertir, a comprar propiedades y a emprender negocios cuando sienten respaldo legal y tiempos claros de respuesta. Advirtió, sin embargo, que la tardanza histórica en los trámites ha propiciado espacios de corrupción, en donde los ciudadanos se ven presionados a pagar “mordidas” para agilizar procesos.
Ambos notarios coincidieron en que si bien la reforma es alentadora, todavía falta modernizar de fondo al Registro Público de la Propiedad. Entre los pendientes mencionaron la homologación de criterios en las delegaciones del estado, la mejora de la infraestructura mínima como papelería, impresoras o instalaciones accesibles para personas con discapacidad, y sobre todo, la digitalización de los procedimientos para que los fedatarios puedan ingresar, pagar y recibir documentos en línea, como ya ocurre en otros estados. También llamaron a fortalecer la pedagogía hacia el ciudadano, pues muchos trámites se rechazan por desconocimiento de requisitos, lo que provoca que la gente deba volver una y otra vez a las oficinas.
En el plano institucional, señalaron que aún existe confusión sobre qué autoridad debe vigilar el cumplimiento de los plazos y corregir las omisiones. En el pasado, el Registro Público ha estado bajo distintas dependencias, lo que generó incertidumbre para denunciar irregularidades. Actualmente, la supervisión recae en la Consejería Jurídica, pero es necesario que se establezcan canales claros de sanción para que los nuevos tiempos publicados en el Periódico Oficial no queden sólo en papel.
Cal y Mayor aprovechó para recordar que hoy los notarios enfrentan responsabilidades mucho más amplias que antes, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero. Advirtió que cualquier irregularidad en operaciones inmobiliarias puede derivar en consecuencias penales para los fedatarios, lo que obliga a actuar con absoluto rigor jurídico. Por ello, insistió en que la modernización debe incluir sistemas digitales seguros, trazabilidad de documentos y reglas claras para todos, de manera que no sólo se garantice rapidez, sino también certeza y legalidad.
Sánchez Velázquez agregó que la confianza ciudadana depende de que estas medidas se apliquen cabalmente y no se conviertan en simples anuncios. “Si los plazos se cumplen, se generará un nuevo ambiente de certidumbre para las inversiones y para el desarrollo económico de Chiapas”, afirmó. Ambos coincidieron en que el gremio notarial debe ser tomado en cuenta en la implementación de estas disposiciones, pues son quienes tienen contacto directo con los procesos y pueden señalar con precisión qué funciona y qué no.
La entrevista concluyó con un reconocimiento a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del Congreso del Estado para atender un problema histórico que había lastimado la confianza en los servicios registrales. Sin embargo, los notarios reiteraron que la tarea apenas comienza y que la verdadera prueba será la capacidad de las instituciones para transformar la realidad de los trámites en Chiapas. Modernizar tecnológicamente, dignificar las instalaciones, capacitar al personal y escuchar a los fedatarios son pasos indispensables para que el Registro Público se convierta en una herramienta de certeza jurídica y no en un obstáculo para el desarrollo.
