Pacto de Sororidad cuestionó desinterés municipal ante crímenes de mujeres.
Alfredo Pacheco/Ultimátum
La reciente ola de crímenes contra mujeres en la capital chiapaneca reflejó la escalada de la violencia feminicida y la falta de respuesta efectiva de las autoridades, advirtió la doctora Sandra Aurora González Sánchez, presidenta de la organización Pacto de Sororidad.
Tras los asesinatos ocurridos el pasado fin de semana en Terán y en el fraccionamiento Real del Bosque, la activista señaló que estos hechos son resultado de “una suma de omisiones históricas” de las autoridades en todos sus niveles para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“La ley ya está escrita, las dependencias existen, incluso hay alerta de género. El problema es que las autoridades no actúan con firmeza ni implementan medidas emergentes”, sostuvo González Sánchez.
Cuestionó también la falta de sensibilidad del ayuntamiento capitalino frente a la crisis de violencia derivada de la desatención de los servicios municipales y de la carencia de alumbrado público. “Tuxtla debería ser ejemplo como capital, pero enfrenta desafíos enormes: calles oscuras, transporte inseguro y un edil más preocupado por eventos deportivos que por atender a las víctimas”, dijo.
Consideró inaceptable que mientras las familias lloraban a las víctimas, el presidente municipal Ángel Torres participara en actividades recreativas. “Eso demuestra una falta total de interés o de valorización de la vida de las mujeres, la congruencia comienza con hechos, no con discursos”, puntualizó.
González Sánchez subrayó que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y sancionar, pero la prevención debe ser prioridad. Añadió que hay casos recientes que muestran que mujeres que denunciaron previamente no recibieron medidas de protección, lo que constituye una omisión.
La activista reconoció que la violencia feminicida se ha recrudecido en su brutalidad, pues meses antes se registró el caso de un hombre que quemó a su pareja, y ahora se habla de desmembramientos. Esto, afirmó, evidencia una deshumanización y la falta de temor al castigo.
Para finalizar, llamó a la sociedad a reflexionar y a no normalizar estos crímenes. “Nadie merece morir en condiciones tan violentas. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, pero también las familias, las escuelas y las iglesias deben dejar de reproducir patrones de violencia. La prevención pasa por educación y conciencia”, sentenció.
