Pese a los diferendos con sectores ciudadanos, Ángel Torres defendió su gestión en suprimer Informe de Gobierno, afirmóque impulsa el desarrollo de Tuxtla Gutiérrez.
El gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Ángel Torres Culebro, ha enfrentado una sucesión de señalamientos y recursos legales por presuntas irregularidades administrativas, procedimientos de contratación cuestionados y conflictos con sectores ciudadanos. En paralelo, el alcalde expuso en su primer informe obras y programas realizados durante su primer año de gestión.
LAS CANASTERAS
Vendedoras tradicionales conocidas como canasteras denunciaron que fueron amedrentadas por elementos de la policía municipal y fiscales del Ayuntamiento con cobros que, aseguraron, no pudieron cubrir por bajas ventas. El tema llegó al Cabildo a partir de la gestión del regidor Miguel Ángel Zárate Izquierdo. De acuerdo con los testimonios presentados, pidieron cesar hostigamientos y establecer reglas claras para la venta de productos típicos en el primer cuadro de la ciudad.
EL MUSEO DE LA CIUDAD
En materia cultural, integrantes de la Fundación Fernando Castañón Gamboa y su representación legal informaron que promoverían un juicio de amparo para recuperar el Museo de la Ciudad. Señalaron que el inmueble continuó bajo custodia de la Policía Municipal y que, pese a un contrato de comodato firmado en 1997, no obtuvieron respuesta a más de 30 solicitudes de audiencia desde 2023. La parte quejosa indicó que la restauración del inmueble contó con recursos públicos gestionados tras los sismos de 2017 y 2020, así como con apoyos del entonces Fonden, y sostuvo que la figura de comodato permanecía vigente.
LOS AMPAROS
En el rubro hacendario, el abogado Manuel de Jesús Cruz Espinosa informó que ganó un amparo para revertir en su recibo del impuesto predial el cambio del concepto de “propietario” a “poseedor”. De acuerdo con la resolución, el Tesorero Municipal debía expedir una nueva impresión con los datos acreditados. El litigante afirmó que buscó presentar la sentencia a regidores para que el Cabildo considerara un punto de acuerdo extensivo a contribuyentes en la misma condición. También refirió una queja adicional por la aplicación del descuento de adulto mayor en servicios de agua potable.
LOS REGIDORES
Respecto de adquisiciones, los regidores Areli Latournerie Castellanos y Francisco Rojas Toledo señalaron inconsistencias en la contratación de servicios de lavado de contenedores y en otras compras municipales. Reportaron que dos empresas —Melcon y Comercializadora La Oriental— fueron contratadas en enero, y que una de ellas había sido dada de alta días antes. Agregaron que el Comité de Adquisiciones no sesionó durante varios meses y que detectaron compras con direcciones fiscales coincidentes y cotizaciones de mercado fechadas posteriormente a la adquisición de productos. Asimismo, cuestionaron pagos de difusión institucional a una firma de comunicación y pidieron transparentar criterios de contratación.
Las regidurías indicaron que presentaron documentación ante la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Administración Tributaria para su revisión. Por su parte, la diputada local Jovannie Maricela Ibarra Gallardo (PAN) consideró que las denuncias debían investigarse por las instancias de fiscalización correspondientes. En contraste, la diputada María Mandiola Totoricaguena (Morena), presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, señaló que la fiscalización del gasto competía al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
MERCADOS
En el ámbito social, locatarias del mercado Juan Sabines ajustaron la entrega gratuita del tradicional pozol del 18 de marzo por el aumento de insumos. Representantes del giro solicitaron al Ayuntamiento una mesa de trabajo; de acuerdo con su versión, no obtuvieron compromisos inmediatos durante la visita del presidente municipal a la actividad.
MÁS ILEGALIDADES
En declaraciones aparte, el excoordinador de Agencias Municipales, Francisco Serrano Montero, anunció acciones legales por un conflicto laboral y criticó decisiones administrativas que, a su juicio, afectaron a la ciudadanía. Afirmó que presentó oficios ante órganos de control estatales y municipales.
En otro frente, el despacho Cruz Islas Abogados informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por hechos que, en su valoración, podrían configurar delitos en materia de adquisiciones. El representante legal precisó que correspondería a la autoridad determinar el tipo penal y, en su caso, judicializar la carpeta.
EL INFORME
Mientras tanto, en su primer informe, Ángel Torres Culebro aseguró que su administración actuó con responsabilidad financiera y cercanía ciudadana. Destacó la construcción de calles con concreto hidráulico, la rehabilitación de parques, la ampliación de alumbrado público, obras hidráulicas y acciones en seguridad, así como programas sociales y culturales. Agradeció el respaldo del gobierno estatal y la Presidencia de la República y afirmó que las acciones emprendidas buscaron mejorar servicios y recuperar la confianza institucional.
