Horacio Culebro reportó mil quejas y gestiones en nueve meses.
Eric Ordóñez/Ultimátum
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, encabezada por Horacio Culebro Borrayas, reportó un incremento significativo en la emisión de recomendaciones y en la atención de quejas en sus primeros nueve meses de gestión. De acuerdo con el ombudsman, en este periodo se han elaborado once recomendaciones, superando con amplitud el número registrado en la administración anterior, cuando en siete años solo se emitieron cinco.
“En nueve meses estamos por firmar la recomendación número once; la diferencia es que ahora hay un compromiso permanente con los ciudadanos y con la defensa de sus derechos”, aseguró Culebro. Explicó que el próximo pronunciamiento será dirigido a la Fiscalía General del Estado por un caso ocurrido en 2004, cuyo expediente fue ingresado en la CEDH en 2019 y que permaneció sin avance hasta su administración.
Entre los casos destacados, recordó la recomendación por la desaparición del niño Dylan, otra relacionada con un indígena de Chenalhó, así como expedientes dirigidos a gobiernos municipales —como La Trinitaria y Cintalapa—, a la Secretaría de Educación por el incumplimiento de pagos y dos más hacia la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Una de ellas derivó en la reinstalación de un docente y el pago de 200 mil pesos por salarios caídos.
Otro de los asuntos relevantes fue la intervención en el caso de ocho aspirantes que aprobaron los exámenes de ingreso en la normal rural Mactumactzá, pero que fueron rechazados por el consejo estudiantil. La CEDH emitió medidas precautorias que llevaron a la Secretaría de Educación a abrir espacios en la Normal del Estado, lo que permitió garantizar su derecho a la educación. “Nuestra labor fue evitar un conflicto mayor, garantizar el derecho de los jóvenes y al mismo tiempo destrabar la entrega de recursos federales a la normal”, explicó.
Sobre infraestructura institucional, Culebro informó que la CEDH opera desde el piso 17 de la Torre Chiapas, instalaciones cedidas por el Ejecutivo estatal tras detectarse riesgos estructurales en el antiguo edificio de Plaza. Según dictámenes técnicos, ese inmueble presentaba hasta 50 por ciento de daño estructural y representaba un peligro en caso de un sismo. “Hoy contamos con oficinas dignas, seguras y accesibles para la población”, señaló.
En materia de atención ciudadana, el presidente destacó que el organismo pasó de 620 aperturas de expedientes a cerca de mil en lo que va del año. De esas, alrededor de 500 fueron resueltas sin necesidad de recomendaciones formales, sino a través de gestiones directas o “opiniones jurídicas”, que incluyen desde llamadas a funcionarios hasta visitas de campo de los visitadores. Ejemplificó que, en temas de salud, una simple intervención permitió que pacientes fueran atendidos de inmediato en el Seguro Social o que personas desplazadas recibieran paquetes de subsistencia completos.
Además de su labor local, la CEDH ha abierto puentes con representaciones diplomáticas para beneficiar a la población chiapaneca. Culebro adelantó que existe un acuerdo con la embajada de Italia para que, una vez formalizado el convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajadores chiapanecos puedan laborar en aquel país con condiciones laborales garantizadas: 20 euros por hora, transporte, hospedaje y alimentación. Asimismo, afirmó que con el respaldo de la embajada de Alemania se gestionarán becas para investigadoras e investigadores, siendo la CEDH la instancia que canalizará las solicitudes.
En relación con la normal rural Mactumactzá, Culebro se pronunció por abrir un diálogo sobre su permanencia en Tuxtla Gutiérrez. “La capital ya no es un entorno rural. La normal ha sido formadora de grandes maestros, pero también es cierto que el contexto se ha transformado. Debemos escuchar a la comunidad estudiantil y a la sociedad para encontrar la mejor solución”, dijo. Reconoció que habitantes de ejidos cercanos han manifestado inconformidad por la presencia de la escuela y sostuvo que la CEDH trabaja en mediar entre ambos sectores.
En la entrevista, el ombudsman también hizo una reflexión sobre el 2 de octubre de 1968, al cumplirse 56 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco. Señaló que ese episodio es un recordatorio de que el Estado debe garantizar siempre los derechos humanos y que las protestas deben ejercerse sin dañar a terceros. “Está bien manifestarse, pero nunca debe perderse el respeto a la sociedad civil que no tiene nada que ver con los conflictos”, expresó.
Finalmente, subrayó que la Comisión ha atendido con prontitud casos relacionados con salud, educación, seguridad y derechos laborales, además de mantener coordinación con autoridades y organismos internacionales. “En menos de un año hemos atendido casi mil quejas, de las cuales 500 se resolvieron de inmediato. Nuestro compromiso es claro: ser una institución cercana, accesible y resolutiva, sin distingo de raza, sexo o religión”, concluyó.
