Programa acercó jueces, impulsó amnistía, modernización en tribunales chiapanecos.
Eric Ordóñez/Ultimátum
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió este martes a ‘La Entrevista’ de Diario Ultimátum, conducido por Amet Samayoa Arce y Eric Ordóñez, -director y subdirector respectivamente- donde expuso los ejes de su gestión: pacificación con base en legalidad, mediación como política pública, apertura institucional hacia la ciudadanía y modernización de la infraestructura y los procesos jurisdiccionales. La conversación detalló acciones y metas que, según explicó, buscaron reducir conflictividad social, transparentar la función judicial y dignificar la atención en juzgados.
Durante la charla, Moreno Guillén abordó la iniciativa de Ley de Amnistía anunciada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Precisó que la medida pretendió recuperar tejido social en municipios afectados por viejos conflictos políticos y por la presencia de grupos delictivos que, en periodos recientes, forzaron a pobladores a realizar actos contrarios a la ley. Relató que, en distintos contextos, liderazgos comunitarios enfrentaron acusaciones penales con defensas deficientes o tardías, y que también existieron casos en los que la población fue utilizada como barrera humana ante despliegues de fuerzas federales. En este marco, la amnistía se planteó como instrumento excepcional y caso por caso para revisar expedientes, reparar agravios y favorecer el retorno ordenado de personas a sus localidades.
El magistrado explicó que el objetivo de esa ruta se ancló en dos ideas: disminuir la conflictividad donde se cruzaron dinámicas de poder local con persecución de opositores, y atender escenarios en los que la ciudadanía actuó bajo coacción. Subrayó que la revisión judicial debía ceñirse a criterios jurídicos estrictos, con miras a restituir equilibrios comunitarios y a profundizar la recuperación de la paz en regiones como la Sierra y la Frailesca, donde la ausencia institucional generó vulnerabilidades.
En materia de política judicial cotidiana, Moreno Guillén destacó el programa Restaurando Vínculos, un piloto que integró equipos multidisciplinarios para resolver conflictos familiares mediante mediación. Señaló que se seleccionaron expedientes en Tuxtla Gutiérrez y otros distritos –San Cristóbal, Tapachula y Comitán– y que las partes aceptaron someterse a sesiones escalonadas: primero por separado y luego de forma conjunta. Expuso que los casos versaron sobre divorcios, custodia, pensión alimenticia y convivencia; y que el enfoque priorizó el interés superior de la niñez para evitar litigios prolongados. Según dijo, esta metodología permitió acuerdos que disminuyeron la confrontación, redujeron costos y acortaron tiempos procesales.
El titular del Poder Judicial explicó que la mediación se consolidó como herramienta útil para contener la escalada de conflictos y despresurizar juzgados. Indicó que, en paralelo, el Tribunal trabajó para implementar la justicia oral familiar con horizonte 2026–2027, a fin de agilizar audiencias, transparentar decisiones y dar certidumbre a las familias. Aclaró que los juzgados orales requerían inversión en salas, capacidades técnicas y personal especializado, por lo que se planificó una expansión gradual acompañada de capacitación.
Otro eje que expuso fue la cercanía institucional. Moreno Guillén anunció el programa Acercando la Justicia al Pueblo, que fijó jornadas periódicas de atención directa por parte de jueces, juezas, magistrados y áreas auxiliares. La iniciativa contempló visitas a escuelas, encuentros con colegios profesionales y apertura de agendas en sedes jurisdiccionales, con la finalidad de explicar competencias, escuchar inquietudes y orientar trámites. Sostuvo que la ciudadanía acudió a los tribunales por necesidad y que el sistema debía abandonar prácticas de lejanía, como ventanillas inaccesibles o filtros excesivos, para construir confianza pública.
El presidente del Tribunal también abordó temas de integridad institucional. Informó que, en su administración, los señalamientos por acoso laboral o sexual fueron tramitados sin carpetazo, con procedimientos abiertos y medidas firmes para proteger a víctimas y sancionar a responsables. Indicó que revirtió inercias que desplazaban a la persona agraviada en lugar de intervenir contra el agresor y que envió el mensaje de cero tolerancia a conductas indebidas dentro de la institución. Expuso que, además, sostuvo reuniones con barras y asociaciones de abogados para atender quejas de operación y corregir deficiencias.
En infraestructura, Moreno Guillén reportó intervenciones en sedes judiciales. Detalló que se rehabilitaron espacios de atención al público, se dignificaron áreas de trabajo, se remodelaron servicios sanitarios y se restableció equipamiento básico, incluido aire acondicionado y elevadores en inmuebles con mayor flujo. Enfatizó que las condiciones materiales incidieron en la calidad del servicio y en la dignidad del personal, por lo que el plan de mantenimiento priorizó sedes con mayores rezagos, como las de Tapachula y Comitán.
Anunció, además, la instalación de salas especializadas para entrevistas a niñas, niños y personas en condición de vulnerabilidad en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y, posteriormente, San Cristóbal de Las Casas. Explicó que estos espacios siguieron lineamientos de organismos internacionales para evitar revictimización, mediante una única entrevista en entornos controlados, con personal capacitado y dispositivos que permitieron seguimiento judicial sin repetición de relatos.
La modernización tecnológica ocupó otro tramo de la entrevista. El magistrado señaló que el juicio en línea resultó impostergable para ampliar acceso, reducir traslados y transparentar actuaciones. Reconoció que la inversión tecnológica era elevada, pero afirmó que el Poder Judicial trazó un plan para incorporar gradualmente plataformas y fortalecer la tramitación electrónica. En paralelo, anticipó la apertura de 20 juzgados civiles y familiares de materia oral antes de abril de 2027, conforme al plazo legal, con el fin de abatir rezagos y mejorar tiempos de resolución.
En relación con casos de alto impacto social, Moreno Guillén aseguró que mantuvo seguimiento puntual sobre vinculaciones a proceso, órdenes de aprehensión y decisiones clave en delitos como feminicidio, pederastia, pornografía infantil, homicidio doloso, secuestro y extorsión. Explicó que un solo error atribuible a una resolución mal fundada dañaba la percepción pública y debilitaba la confianza en las instituciones, por lo que instruyó supervisión reforzada en asuntos sensibles para inhibir impunidad.
La pedagogía cívica fue otro componente destacado. El magistrado describió que, durante la elección de integrantes del Poder Judicial, se detectó desconocimiento social sobre funciones y competencias de juzgados, tribunales, fiscalías y otras instancias. Por ello, el programa de proximidad incluyó charlas y materiales para explicar qué asuntos correspondieron a cada órgano, cómo se tramitó una controversia y cuáles fueron los derechos de las personas usuarias. Esta ruta, dijo, permitió ordenar expectativas y disminuir reclamos dirigidos a autoridades no competentes.
Consultado sobre el uso de redes sociales y la difusión de contenidos sensibles, el presidente del Tribunal reiteró que la publicación de imágenes de personas sin consentimiento, en contextos de intimidad o en espacios regulados, transgredió derechos y podía constituir delitos. Señaló que, ante hechos mediáticos, correspondió al Ministerio Público integrar carpetas, solicitar audiencias y sostener imputaciones; y a jueces y juezas resolver con base en derecho, garantizando reparación del daño cuando procediera. Subrayó que la libertad de expresión convivió con responsabilidades y límites previstos en la ley.
Moreno Guillén insistió en que la consigna rectora de su gestión fue “la justicia es la paz”. Explicó que la correcta aplicación de la ley redujo agravio y resentimiento social, abonó a la prevención de violencia y fortaleció la gobernabilidad democrática. Añadió que la paz pública requirió decisiones firmes y al mismo tiempo cercanas a las realidades comunitarias, con comprensión de causas y con soluciones concretas: mediación donde fuese posible, sanción cuando correspondiera y reparación frente a víctimas.
Hacia el cierre, el magistrado recordó que el Poder Judicial operó con restricciones presupuestales y que, por ello, priorizó obras y adquisiciones con mayor impacto en la atención. Expuso que, cuando realizó recorridos sin aviso por sedes jurisdiccionales, levantó diagnósticos directos y programó correcciones viables en el corto y mediano plazo. Recalcó que la institución mantuvo un sistema de monitoreo de casos relevantes y de incidencias operativas, con reportes diarios para la presidencia y canales de respuesta ante la ciudadanía.
La entrevista dejó un mapa de trabajo: revisión de expedientes susceptibles de amnistía bajo criterios legales estrictos; expansión de la mediación familiar con metodología escalonada; jornadas de puertas abiertas y orientación pública; combate a conductas indebidas internas; rehabilitación de sedes y creación de salas amigables para infancia; impulso al juicio en línea; y crecimiento de juzgados orales antes de 2027. Con estos componentes, la administración judicial planteó que trabajó para consolidar legalidad, reducir tiempos de justicia y mejorar la experiencia de las personas usuarias en Chiapas.
