Propietarios exigieron puente y reparación por desbordes canalizados.
Eric Ordóñez/Ultimátum
La transmisión de La Entrevista en las plataformas de Diario Ultimátum presentó el testimonio de tres pobladores de Chiapa de Corzo —Javier Cervantes, Juan Carlos Coutiño y William Aguirre— quienes expusieron una problemática que, dijeron, se originó con la construcción del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y se prolongó por más de dos décadas: el aislamiento de predios y ranchos debido al colapso recurrente de cruces y obras de drenaje a causa de avenidas de agua que fueron concentradas y conducidas hacia arroyos de la zona. Los invitados solicitaron la intervención del gobierno estatal para una solución técnica definitiva.
Durante el diálogo, se explicó que el aeropuerto se edificó en la administración de Pablo Salazar. Según los afectados, la obra incluyó, por un evento posterior al manifiesto de impacto ambiental original, un canal de resguardo paralelo a la pista. Ese conducto —describieron— midió alrededor de dos kilómetros, con base de tres metros, corona de cinco y derivaciones que descargaron caudales hacia una ribera con alta densidad de asentamientos rurales. Afirmaron que aproximadamente 70 por ciento del volumen se dirigió hacia una zona con más de 150 familias, ejidos y ranchos. En esa franja, sostuvieron, las corrientes incrementaron su energía, destruyeron arroyos y superaron la capacidad de alcantarillas y vados existentes.
Coutiño refirió que, previo y durante la obra, propietarios del entorno colaboraron con facilidades diversas —como estudios tierra-aire y acuerdos de suministro temporal de agua con la Comisión Nacional del Agua—, bajo la premisa de que un proyecto de conectividad detonaría desarrollo regional. Señaló no obstante que “el desarrollo común no debía afectar a terceros” y que, en la práctica, un conjunto de ranchos y viviendas quedó sin paso vehicular seguro. En temporada de lluvias, describió, habitantes dejaron autos a ambos lados de los cruces dañados para poder caminar entre lodo y corrientes, con riesgos para niños, mujeres y adultos mayores.
Cervantes explicó que el canal perimetral “indujo” siete escurrimientos naturales a un solo cauce, lo que multiplicó volúmenes y velocidades y terminó por socavar los caminos rurales. Recordó que, en un primer momento, la autoridad operadora del aeropuerto atendió tramos contiguos a la terminal con soluciones mayores a las de alcantarillado (claro mayor y elevación de terraplén). Sin embargo, “aguas abajo” —donde se ubican los predios de su microrregión— persistieron los arrastres y la pérdida del revestimiento de rodamiento. Uno de los puntos críticos terminó con un socavón cuya luz, calcularon, rebasó los 30 metros, lo que hizo inviable el tránsito de vehículos ligeros y cualquier equipo de emergencia.
Aguirre recalcó la afectación productiva. Indicó que, además del tránsito cotidiano de residentes que estudiaban o trabajaban en Tuxtla Gutiérrez y en el propio aeropuerto, la desconexión comprometió cosechas de papaya y guayaba, la operación de granjas avícolas y la movilización de ganado. Señaló que los pobladores intentaron paliativos con recursos y mano de obra comunitaria —bolsas con material, llantas, tubería—, pero las avenidas extraordinarias de agua se llevaron esas soluciones en una noche. “Diez días de trabajo desaparecieron de un día para otro”, resumió.
Los entrevistados precisaron que el camino afectado figura en cartografía estatal como paso natural entre comunidades de Narciso Mendoza y Salvador Urbina. Antes de la terminal aérea, aseguraron, las crecientes subían por encima de los vados, pero el paso se restablecía cuando el nivel bajaba; no ocurrían destrucciones estructurales de la magnitud registrada en los últimos años. Tras el aeropuerto, añadieron, la concentración de escurrimientos cambió la dinámica hidráulica y rebasó la sección de las obras transversales.
En el programa, los pobladores relataron gestiones recientes. Informaron que, con un cuadernillo firmado por 25 propietarios de la zona, solicitaron formalmente la intervención del Ejecutivo estatal. Detallaron que la documentación se presentó en Palacio de Gobierno, donde personal jurídico y técnico recibió el expediente y emitió acuse de atención con la promesa de respuesta en un plazo de 15 días. Expusieron, además, que la petición se acompañó de un estudio ordenado por la anterior administración de la operadora aeroportuaria, el cual —dijeron— reconoció la obstrucción de cuencas y recomendó pasos con claros mayores en sitios específicos.
Los testimonios señalaron que, en años previos, autoridades locales atendieron un tramo inmediato a la pista, mientras que los cruces ubicados corriente abajo permanecieron vulnerables. A ello atribuyeron la paradoja de observar un nodo de conectividad aérea en funcionamiento en tanto comunidades contiguas quedaron sin accesos estables.
