La hostilidad en redes sociales y otros espacios digitales, en este sentido, parece orientada a silenciar voces que involucran a personajes que ocultaron la información de la inseguridad y la complicidad que durante años se ocultó, negó o se confabuló con el crimen organizado.
IDENTIDAD POLÍTICA/José Adán Altúzar Figueroa
Sheinbaum calificó como provocaciones los actos violentos durante la marcha del 2 de octubre. “¿De qué sirve esta violencia? ¿A quién le sirve? ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades?”, cuestionó. Además, señaló que, a su juicio, el objetivo de estos grupos era generar un enfrentamiento con la policía y señalar al gobierno como represor de estudiantes.
Sheinbaum expresó su respaldo a los policías y a algunos reporteros de medios impresos y de televisión que resultaron heridos, destacando su contención frente a la provocación. “Es increíble cómo contuvieron sin caer en la provocación”, dijo. Subrayó que las acciones de estos grupos constituyen delitos y que la Fiscalía de la Ciudad de México deberá identificar a los responsables para determinar quiénes agredieron directamente a los oficiales.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Este clima de tensión y hostigamiento hacia periodistas y ciudadanos, evidenciado por el caso de Anahí Torres y los recientes acontecimientos durante la marcha del 2 de octubre, pone en relieve los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la actualidad. La preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales se intensifica cuando las denuncias de intimidación se entrelazan con las reacciones oficiales ante manifestaciones públicas. Así, tanto los episodios de violencia en las protestas como las amenazas a la prensa reflejan un contexto en el que ejercer el derecho a informar y cuestionar requiere valentía y respaldo institucional para garantizar un ambiente realmente libre y seguro para todos.
Durante la conferencia, la periodista Anahí Torres, originaria de San Luis Potosí, denunció que el 2 de octubre fue interceptada fuera de su oficina por cuatro hombres armados. Torres había advertido previamente sobre intentos de censura y hostigamiento dirigidos hacia ella y otros colegas.
La reportera señaló: “Hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia dos periodistas más. Este ataque ocurrió tras la publicación de notas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, mismas que, por su alcance en redes sociales, incomodaron visiblemente al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez. Mi caso no es aislado; en San Luis Potosí periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad, donde cuestionar se ha vuelto un riesgo”
Frente a este panorama, se vuelve imprescindible fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos, así como asegurar que las denuncias de intimidación reciban atención oportuna y efectiva por parte de las autoridades. La garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información no debe depender del clima político ni de la tolerancia al escrutinio público; es una condición fundamental para la democracia y la construcción de una sociedad más justa y transparente.
ULTIMÁTU
Los ataques sistemáticos en redes sociales hacia quienes tienen la responsabilidad de informar sobre las acciones de seguridad pública responden a intereses que buscan deslegitimar la labor del Fiscal General de Chiapas y del Secretario de Seguridad del Pueblo, ambos comprometidos con el derecho a la información y la transparencia. En el contexto actual, estos ataques se intensifican cuando las denuncias públicas y la cobertura mediática incomodan a algunos actores políticos.
La hostilidad en redes sociales y otros espacios digitales, en este sentido, parece orientada a silenciar voces que involucran a personajes que ocultaron la información de la inseguridad y la complicidad que durante años se ocultó, negó o se confabuló con el crimen organizado. Estos patrones de agresión no son aislados; forman parte de una intención de obstaculizar el derecho a informar sobre temas delicados que implica enfrentar riesgos personales y profesionales. El objetivo detrás de estas acciones es denostar el trabajo de quienes se dedican todos los días a cumplir con la encomienda y brindar seguridad al pueblo chiapaneco, la exigencia de rendición de cuentas es ahora compromiso lo que anteriormente se criticaba. Por el momento, es cuánto.
