Entre la inercia y la simulación en los Ayuntamientos
Carlos Serrano/Ultimátum
En las últimas semanas transcurrieron, sin pena ni gloria, muchos de los informes de los ayuntamientos en Chiapas, por lo que es importante hacer un balance de lo que ha sido su desempeño del 1 de octubre de 2024 al 1 de octubre de 2025, periodo en los que pocos, realmente pocos, dieron buenas cuentas.
Más allá de los discursos y de los escenarios montados para presumir obras o programas, lo cierto es que la mayoría de los gobiernos municipales siguen atrapados en viejos vicios, desde opacidad y nepotismo, endeudamiento y, sobre todo, una profunda desconexión con las verdaderas necesidades ciudadanas.
En teoría, los informes municipales deberían ser un ejercicio de rendición de cuentas; en la práctica, siguen siendo actos políticos que en muchos casos bordean en el derroche. Hay municipios que, pese al llamado de la Nueva ERA a ejercer una administración austera y sensible, parecieran haber interpretado la austeridad solo como un eslogan.
Uno de los casos más cuestionados es el municipio de La Concordia, donde el dispendio con que se organizó el acto de informe fue apenas la superficie de un problema más profundo: la herencia de poder y el nepotismo que se ha enquistado desde el 2018 con cuatro administraciones seguidas con apellidos repetidos, lo que es reflejo de un sistema familiar más que de un gobierno democrático. A ello se suma la falta de resultados tangibles y el deterioro social que mantiene al municipio en rezago y, peor aún, bajo una lógica de simulación institucional.
En Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, el gobierno municipal que encabeza Ángel Torres busca proyectar una narrativa de modernización y obra pública, pero los contrastes con la realidad cotidiana son evidentes, desde la falta de capacidad en servicios básicos como la recolección de basura –donde por cierto siguen guardados cientos de contenedores de basura con logotipos de la gestión de Carlos Morales en un vivero frente a Convivencia Infantil-, seguridad pública y vial, aunado a denuncias por el destino de los recursos del agua potable que provee a Chiapa de Corzo, lo que volvió a encender las alertas sobre la opacidad con la que operan los organismos municipales.
Por otro lado, el municipio de Comitán de Domínguez, pese a mostrar un mejor orden administrativo y cumplir con la publicación de información financiera, tampoco escapa al descontrol presupuestal y prueba de ello es el adeudo superior a los 325 millones de pesos con la CFE, poniendo en relieve que la planeación fiscal sigue siendo un punto débil. Hay obra pública, sí, pero sin un modelo de desarrollo integral que vincule infraestructura con bienestar social.
En contraste, San Cristóbal de Las Casas parece haber encontrado cierta estabilidad institucional. La coordinación que mantiene Fabiola Ricci con el gobierno estatal ha permitido mejorar infraestructura urbana, rehabilitar espacios públicos y fortalecer la atención social en comunidades rurales. Sin embargo, la antigua Ciudad Real no está exenta de conflictos —como la tensión social que provocó los daños ocasionados por las lluvias, que expusieron la necesidad urgente de mejorar los servicios públicos—, pero al menos muestra un esfuerzo por alinear la gestión municipal con la visión del gobernador Eduardo Ramírez de trabajar por un Chiapas más seguro y con desarrollo equitativo.
Aun así, los resultados globales de los Ayuntamientos no alcanzan para hablar de un verdadero cambio. En casi todos predomina la inercia administrativa, la improvisación y la ausencia de planeación. Los informes se convirtieron en vitrinas políticas donde se maquilla la realidad con cifras parciales o promesas recicladas. Los ciudadanos, por su parte, siguen esperando gobiernos que resuelvan lo elemental: agua, alumbrado, recolección de basura, seguridad y caminos transitables, por decir lo menos.
Si ordenamos los resultados de este primer año, La Concordia aparece como el caso de mayor rezago; Tuxtla Gutiérrez y Comitán se mantienen en un punto medio, con problemas financieros y administrativos visibles; mientras que San Cristóbal destaca como el de mejor desempeño relativo, aunque sin alcanzar aún una gestión ejemplar.
Para el segundo año de las gestiones municipales los retos son claros: La austeridad no debe limitarse a evitar el dispendio, sino a reorientar los recursos hacia servicios básicos y bienestar ciudadano; los portales de transparencia son solo escaparates vacíos si no hay auditoría social ni rendición real de cuentas; las deudas históricas con CFE, con los organismos de agua o con proveedores son el reflejo de una administración pública que gasta más de lo que planea y el nepotismo, la corrupción y la herencia de poder siguen siendo las cadenas que impiden avanzar en la construcción de democracia participativa.
En conclusión, el primer año ha sido de actos publicitados en redes sociales más que de resultados para muchos ayuntamientos en Chiapas. Si en el segundo año no se traslada esa formalidad a transformaciones reales —más seguridad, servicios municipales funcionales, cuentas claras, obra concluida, beneficio ciudadano palpable—, correrán el riesgo de que los informes sean vistos solo como rituales de autopromoción, pero sin sustancia. Los Ayuntamientos deben quitarse la venda de los ojos y tomar seriamente el hecho de que los ciudadanos exigimos ir más allá del discurso, con más transparencia, más eficacia y resultados.
