Solo en la última década los homicidios dolosos han mostrado picos y persistencia alarmante.
Carlos Serrano/Ultimátum
El tráfico de armas es uno de los factores más determinantes de la violencia en México. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 2024 había 13 millones 374 mil 819 armas ilegales en nuestro país, lo que ha alimentado homicidios, delitos graves y episodios de violencia. Solo en la última década los homicidios dolosos han mostrado picos y persistencia alarmante, particularmente en el promedio anual de homicidios dolosos que, de acuerdo con el INEGI, se ha mantenido por encima de los 30 mil casos, con variaciones significativas por cada entidad.
En este contexto, el reciente foro denominado “El impacto del tráfico de armas en México”, realizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, con la participación de la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, experta en derechos humanos, igualdad de género y procuración de justicia; de los doctores Miguel Ontiveros y Mijail Champo, académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios y del propio rector Oswaldo Chacón Rojas, como moderador, ofreció una mirada profunda para reflexionar sobre la magnitud del problema y la efectividad de las políticas públicas implementadas.
Por otro lado, en materia de prevención, México ha desarrollado programas formales estatales y federales, incluyendo campañas de desarme voluntario desde hace más de 20 años, como la iniciativa reciente presentada este 2025 denominada “Sí al Desarme, Sí a La Paz”. Sin embargo, los resultados en este tipo de esfuerzos han sido limitados por diversas razones, desde el hecho de que la oferta ilegal de armas sigue siendo masiva y los canjes “voluntarios” atraen principalmente armas antiguas o inservibles y la focalización de las campañas ha sido insuficiente.
Asimismo, la desconfianza ciudadana, la alta impunidad y la limitada cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, complican aún más el panorama, porque aún con los esfuerzos del gobierno y la demanda presentada en 2021 a las armerías estadounidenses para frenar la entrada de armas, el flujo ilegal continúa, exacerbando los homicidios y otros delitos graves. Incluso, el presidente Donald Trump sigue responsabilizado a México por el tráfico de fentanilo y la violencia asociada, evidenciando que la problemática tiene implicaciones internacionales, lo que exigiría una mayor coordinación y no solamente acusaciones hacia nuestro país.
La pregunta que ahora surge es: ¿ha funcionado la política de prevención del delito en México? Las cifras disponibles indican avances limitados ya que, si bien se han fortalecido los programas de prevención social y se han construido capacidades locales, las cifras de homicidios y delitos cometidos con arma de fuego no han disminuido de manera sistemática. Las evaluaciones oficiales resaltan logros en cobertura y diseño de programas, pero persisten brechas en implementación, coordinación interinstitucional y evaluación de impacto. En este sentido, las campañas de desarme, aunque necesarias, no han contribuido a prevenir la violencia porque la oferta ilegal supera ampliamente lo que se retira mediante canjes y la selección limita su efectividad.
Por ello, para avanzar hacia la pacificación en nuestro país es indispensable un enfoque integral, como bien coincidieron el panel de expertos en la UNACH, de actuar simultáneamente sobre la oferta, la demanda y las condiciones estructurales de violencia. El doctor Miguel Ontiveros señala que entre las acciones prioritarias se debe fortalecer el andamiaje legal y aprovechar el Tratado de Libre Comercio para propiciar una mayor y mejor cooperación bilateral con Estados Unidos y Canadá para controlar el tráfico de armas.
Aunado a ello, resulta fundamental mejorar la inteligencia y operativos en rutas de tráfico; implementar registros y trazabilidad forense; diseñar canjes focalizados por tipo de artefactos y vincularlos a operativos locales; reforzar programas de prevención social y los modelos de interrupción de la violencia desde los hogares; y combatir la impunidad mediante fiscalías estatales fortalecidas, procesos más ágiles y sanciones que sienten precedentes.
En suma, México enfrenta un desafío complejo, donde la violencia armada continúa siendo una amenaza para la paz y la cohesión social. Los programas de prevención y desarme, aislados o poco coordinados, no alcanzan a mitigar el flujo ilegal de armas ni la demanda interna.
Solo con políticas combinadas, coordinación internacional y compromiso institucional será posible reducir la violencia por armas de fuego y avanzar hacia la pacificación que millones de mexicanos demandan. La evidencia, la experiencia internacional y los resultados locales apuntan hacia una ruta clara, en la que se deben impulsar medidas integrales, focalizadas y evaluables que articulen prevención, control y sobre todo, justicia para quienes han sido víctimas.
