En un país donde la prudencia suele confundirse con complicidad, él optó por la confrontación abierta.
BALANZA LEGAR/Rodolfo L. Chanota
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no sólo estremeció a Michoacán, expuso, una vez más, las fracturas del poder en México. Su muerte simboliza la tragedia del político que se enfrenta al crimen sin el respaldo del Estado, pero evidencia también, como en los círculos más altos del poder siguen respirando cómodamente aquellos cuya reputación se sostiene entre sospechas, contratos y silencios.
Carlos Manzo Rodríguez representaba una rareza en el escenario político nacional, fue un alcalde independiente, joven, desafiante, que hablaba sin rodeos del dominio criminal en su municipio. En un país donde la prudencia suele confundirse con complicidad, él optó por la confrontación abierta. “No quiero ser uno más de los ejecutados”, declaró apenas semanas antes de ser asesinado. Su frase se volvió profecía y epitafio.
Durante su breve gestión, Manzo combinó la denuncia y la exposición mediática, recorría las calles con chaleco antibalas, encabezaba operativos, y exigía públicamente al gobierno federal mayor presencia de seguridad. Esa imagen —la del alcalde que desafía al miedo— le ganó simpatía popular y encuestas favorables, más del 60 % de aprobación ciudadana, lo colocaban entre los mejor evaluados de Michoacán. Pero también le granjeó enemigos. Su lucha, sin respaldo real, terminó siendo una sentencia.
En el otro extremo del tablero político, se encuentra Adán Augusto López Hernández, senador, exsecretario de Gobernación y uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Su carrera se ha tejido entre los pasillos del poder y las redes del partido gobernante. Sin embargo, su reputación está lejos de ser la de un político inmaculado; enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades financieras y por haber protegido a funcionarios de seguridad en Tabasco vinculados al crimen organizado.
Mientras Manzo pedía ayuda frente a los grupos armados de la delincuencia organizada,
Adán Augusto era señalado por su cercanía con estos.
El contraste es brutal. Manzo simbolizaba la política de riesgo, la del cuerpo expuesto; Adán, la política de resguardo, la del poder blindado. Uno enfrentaba a los cárteles desde la trinchera municipal; el otro es acusado de convivir con su sombra desde el Senado. Y ambos, curiosamente, pertenecen al mismo mapa nacional, el de un país donde el valor se paga con la vida y la complicidad se premia con un escaño.
La tragedia de Uruapan no sólo deja huérfano a un municipio; desnuda el fracaso del Estado mexicano para proteger a quienes aún creen que gobernar implica enfrentar. Manzo denunció 98 actos de corrupción de su antecesor, habló de campamentos armados, advirtió de la infiltración criminal. Lo hizo solo. Su final es el retrato de la soledad política en la que operan los alcaldes que deciden no pactar.
Adán Augusto, por su parte, sigue en el escenario. Con poder, con fuero, con micrófonos. En su discurso, la legalidad; en su entorno, el rumor de los vínculos. Su reputación es hoy un espejo empañado, se le reconoce influencia, pero no confianza. Es un político que representa el peso del sistema y sus zonas grises.
Carlos Manzo, en cambio, representa algo que el sistema ya casi no produce “convicción”. Su asesinato recuerda que en México la justicia no sólo se administra; también se entierra.
Y mientras el país despide a un alcalde valiente, la clase política sigue mirándose entre sí, calculando el costo de hablar, el riesgo de actuar y el precio de guardar silencio.
Dos hombres, dos destinos, uno cayó por enfrentar a la violencia, el otro sobrevive bajo la sospecha de convivir con ella.
Esa es, quizá, la metáfora más exacta de la política mexicana contemporánea “la muerte del valor y la supervivencia del poder”.
