Colectivas feministas celebran la nueva ley sobre aborto, pero advierten rezagos en su aplicación.
Alfredo Pacheco/Ultimátum
Tras la aprobación de la reforma que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, colectivas feministas señalaron que aún existen grandes retos para que este derecho se ejerza plenamente en Chiapas.
Alejandra Muñoz, representante de la Red por la Justicia Reproductiva e integrante de la Red de Aborto Libre Chiapas, destacó que aunque la modificación legal obliga a las instituciones de salud a brindar el servicio sin obstáculos, “en Chiapas persisten barreras institucionales que impiden el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes”.
Recordó que, pese a la despenalización del aborto en el estado desde noviembre de 2024, en la práctica no se garantiza como un derecho, especialmente en el sistema público de salud. “En hospitales estatales y en IMSS-Bienestar sigue habiendo resistencia del personal para ofrecer el servicio”, señaló.
Muñoz celebró que la nueva ley confirma el derecho de las niñas víctimas de violencia sexual a interrumpir el embarazo sin necesidad de denunciar ni cumplir con límites de temporalidad, pero advirtió que todavía falta difundir esta información y evitar la revictimización.
“Una niña embarazada es una niña posiblemente violentada sexualmente; debe tener derecho a decidir. No basta con castigar al agresor, hay que garantizar acceso al aborto, atención psicológica y acompañamiento integral”, enfatizó.
La activista recordó que Chiapas ocupa los primeros lugares en embarazo infantil en México y urgió a que las instituciones estatales, los DIF y la Secretaría de Igualdad de Género fortalezcan la prevención y difusión de los derechos reproductivos.
También subrayó la necesidad de garantizar el servicio en hospitales públicos como el Dr. Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, y reiteró que la objeción de conciencia no puede ser obstáculo: “La ley obliga a que haya personal no objetor disponible”.
Finalmente, consideró urgente una campaña masiva de información en el estado, pues “a casi un año de la despenalización, muchas personas aún desconocen que el aborto es un derecho, especialmente para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”.
“La ley existe —concluyó—, ahora falta que se cumpla.”
