No se trata de evadir la responsabilidad como automovilistas, sino de exigir que la autoridad sea la primera en cumplir la norma.
PUNTO DE FUGA/Alfredo Pacheco
El centro de la capital chiapaneca se ha vuelto un jugoso negocio para el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Ángel Torres.
Basta con caminar un par de cuadras para tener que sortear aún sin número de ambulantes quiénes ofertan diversos productos sobre las banquetas e impiden el paso de la ciudadanía.
En trienios anteriores, los tuxtlecos veíamos como el personal de Política Fiscal del Ayuntamiento se la pasaba persiguiendo a los ambulantes a fin de liberar las banquetas, sin embargo, esa situación cambió con la llegada de torres culebro a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez pues ahora en lugar de qué personal del ayuntamiento retire a los ambulantes tal parece que los resguarda.
Destaca que está tolerancia a los vendedores ambulantes que dicho sea de paso se han vuelto una verdadera mafia,suena más a complicidad, pues ha trascendido que cada ambulante le paga una “cuota diaria” al personal del municipio para que los dejen vender libremente.
Cabe resaltar que el municipio no estaría reportando de manera oficial dichos ingresos, por lo que varios millones de pesos estarían llegando al ayuntamiento y este no transparenta el destino de ese recurso.
Ahora ya no vemos a personal de Política Fiscal persiguiendo ambulantes, en cambio, vemos a trabajadores del ayuntamiento enfundados en chalecos grises quienes se identifican “asesores viales”, que tal parece cazan a los automovilistas para infraccionarlos.
Señalo lo anterior, ya que basta estacionarse en las banquetas que tienen delimitados los espacios de estacionamiento para el pago del parquímetro y se puede apreciar a esos trabajadores del ayuntamiento prestos a señalar una infracción, por lo que tal parece que la política recaudatoria del ayuntamiento está enfocada en que se levanten el mayor número de infracciones que sea posible.
Hace algunos días el abogado Manuel Alejandro Cruz Islas, compartió un video en sus redes sociales que, más allá de la anécdota, revela una realidad que muchos tuxtlecos padecemos, la aplicación del reglamento de tránsito que suele estar más cerca del abuso que de la legalidad.
En el video el abogado narra como le retiraron una placa en pleno centro de la ciudad, por olvidarse de pagar el parquímetro, nada fuera de lo común, salvo por un detalle que lo cambió todo: el procedimiento fue irregular. El ciudadano fue abordado primero por un “asesor vial”, quien practicó señaló la infracción, luego intervino una agente de tránsito que retiró la placa y firmó la boleta, aunque no fue ella quien la elaboró. El mismo asesor, por cierto, fue quien la imprimió.
A simple vista puede parecer una falta menor, pero en términos legales no lo es. El artículo 16 de la Constitución mexicana establece que todo acto de autoridad debe estar fundado, motivado y practicado por quien tenga competencia legal. Si no se cumple ese principio, el acto es nulo. Es decir, cuando un procedimiento no se realiza conforme a la ley, deja de ser autoridad y se convierte en arbitrariedad.
Lejos de alegar en el momento, Cruz Islas optó por el camino de la razón: revisó el reglamento de tránsito municipal y descubrió que podía presentar un escrito de revisión. Lo hizo. Anexó la boleta, su tarjeta de circulación, una copia de su INE y el video del incidente. Lo entregó directamente en la Secretaría de Movilidad y, conforme a derecho, la autoridad tiene diez días hábiles para responder. Mientras tanto, puede circular sin problema.
Este episodio, aunque individual, expone un tema colectivo: la fragilidad del Estado de derecho en lo cotidiano. En Tuxtla, hay una delgada línea entre aplicar la ley y abusar de ella. Los llamados “asesores viales”, figuras ambiguas sin claridad jurídica sobre su función, representan un síntoma de ese desorden institucional que erosiona la confianza ciudadana.
No se trata de evadir la responsabilidad como automovilistas, sino de exigir que la autoridad sea la primera en cumplir la norma. El respeto a la ley no puede ser selectivo ni arbitrario; empieza, como bien dice el abogado en su video, “por la autoridad misma”.
PERSPECTIVA
Esta semana, el chiapaneco Gilberto Bátiz García asumió la la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y se comprometió poner fin a las divisiones y crisis de ese órgano jurisdiccional; -o que no es poca cosa y sobre todo de cara al proceso electoral que se avecina en 2027, sin embargo, creo que Bátiz García tiene la capacidad para ello, por lo que pude ver en su trabajo como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).
¡Hasta la próxima!
