Advirtieron a Ultimátum MX que la administración enfrenta una crisis interna marcada por desabasto de medicamentos, sobreprecios en servicios médicos y asignación de obra pública a “conocidos”.
La inconformidad dejó de escucharse solo en la calle y comenzó a manifestarse dentro del propio Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. En la emisión de La Entrevista del 18 de noviembre, transmitida por Ultimátum MX, la regidora Areli Guadalupe Latournerie Castellanos y el regidor Francisco Rojas Toledo, presidente de la Comisión de Salud, trazaron un panorama crítico sobre el rumbo de la actual administración encabezada por Ángel Torres Culebro.
El primer señalamiento se centró en la situación de salud de la base trabajadora. Con cerca de cinco mil empleados municipales y sus familias derechohabientes, la demanda de servicios médicos es constante. Rojas Toledo explicó que la Comisión de Salud recibe solicitudes para cirugías, estudios especiales y medicamentos fuera del cuadro básico, especialmente para pacientes con cáncer, enfermedades degenerativas, hipertensión y diabetes.
En la revisión más reciente, detalló, se integró un paquete de apoyos médicos por alrededor de dos millones 188 mil pesos para cirugías, reembolsos por atenciones de urgencia en hospitales privados y medicamentos de alto costo. Al presentar la solicitud ante la Tesorería, la respuesta fue que solo podían autorizar un millón 600 mil pesos y que el resto se entregaría hasta enero. Para el regidor, esta negativa parcial evidenció la fragilidad financiera del Ayuntamiento.
Sin embargo, en sesión de Cabildo, el alcalde aseguró que las finanzas estaban “cubiertas hasta diciembre” y que no habría problema para atender los casos de salud. Rojas señaló que, con esa declaración pública, volverán a integrar un nuevo paquete de apoyos, pues hay trabajadoras postradas por problemas severos de columna y otros casos que no pueden esperar.
La regidora Latournerie añadió que a diario reciben quejas de empleados a quienes se les niegan medicamentos o se les difiere la entrega hasta enero, pese a tratarse de tratamientos indispensables para controlar padecimientos crónicos. En varios casos, dijo, la intervención de los regidores ha permitido destrabar recetas, pero recordó que el derecho a la salud no debería depender de presiones o favores.
En este contexto, también comenzaron a detectar posibles sobreprecios en cotizaciones de cirugías y estudios médicos. Rojas explicó que procedimientos que en el mercado privado tienen un costo conocido aparecen inflados “hasta el doble” en algunas propuestas presentadas al Ayuntamiento. Como ejemplo, mencionó una histerectomía que suele rondar los 40 mil pesos y que en ciertos presupuestos llegó a 60 mil. Por ahora, dijo, se trata de observaciones en revisión, pues no quieren realizar acusaciones sin los expedientes completos, aunque reconoció que estas irregularidades ya encendieron alertas.
El malestar dentro del Ayuntamiento tampoco se limita al ámbito de la salud. Ambos regidores señalaron que existe una atmósfera de tensión y miedo entre el personal. Indicaron que hay quejas sobre el trato recibido, despidos de trabajadores con antigüedad para incorporar a personas cercanas a la administración y presuntas órdenes para impedir que el personal se acerque a regidores de oposición, bajo amenaza de represalias.
Otro bloque de señalamientos se centró en la obra pública. Durante la glosa del informe municipal, recordó Latournerie, el secretario del ramo reconoció ante el Cabildo que muchas obras se asignaban a “conocidos para que cumplan”. La frase preocupó a los regidores, pues se suma al hecho de que se han otorgado alrededor de 124 adjudicaciones directas, frente a un número mucho menor de licitaciones públicas. Esto, advirtieron, abre sospechas de favoritismo y deja fuera a constructoras tuxtlecas sin vínculos con la administración.
En cuanto a servicios públicos, los regidores destacaron fallas graves. A pesar de la inversión conjunta con el gobierno del estado para adquirir luminarias por más de 20 millones de pesos, amplios sectores permanecen a oscuras, incluso tramos del boulevard y la zona sur poniente. Rojas relató que al circular de noche encontró completamente apagado el trayecto de Plaza Cristal hacia la zona de los puentes, situación que, además de proyectar abandono, implica un riesgo de seguridad.
Sobre la recolección de basura, indicaron que la empresa Veolia continúa a cargo del servicio, pero la ciudad luce cada vez más sucia, con montones de residuos acumulados y reportes ciudadanos constantes. Según explicaron, la empresa argumenta que el dinero ya no alcanza para sostener el servicio, mientras que el Ayuntamiento se declara atado a un contrato que no garantiza eficiencia.
Latournerie recordó que, gracias a denuncias en Cabildo, se frenaron gastos considerados injustificables, como el pago de más de tres millones de pesos a una empresa contratada para “actualizar” reglamentos municipales, tarea que históricamente realizan las áreas jurídicas del Ayuntamiento. También se detuvo la contratación de otra firma vinculada en su acta constitutiva a un exsocio del tesorero municipal, lo que habría contravenido normas sobre conflicto de interés.
Programas como la entrega de láminas, tinacos y el llamado “Pollotón” fueron mencionados con reservas. Rojas cuestionó si las familias tienen las condiciones para alojar y alimentar a los animales sin generar abandono o maltrato, y consideró que el esquema parece responder a fines electorales más que productivos.
Como muestra del distanciamiento entre la administración y la ciudadanía, Rojas recordó que al primer informe de gobierno de Torres Culebro no asistieron cámaras empresariales ni organizaciones civiles; el auditorio estuvo ocupado casi en su totalidad por personal del Ayuntamiento.
“Tuxtla es nuestra casa mayor”, coincidieron ambos regidores. Sin embargo, entre baches, basura, apagones y trabajadores que batallan por medicinas, la capital chiapaneca se parece más a una casa descuidada que a la puerta digna de un estado que busca proyectarse.
