El problema no comienza con la reforma laboral 2019, ni con la transición a los nuevos Centros de Conciliación y Juzgados Laborales en el Estado, es un mal histórico.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
En Chiapas, obtener un laudo favorable no es, ni de cerca, el final de una disputa laboral. Para miles de trabajadores, ese papel que reconoce una deuda, una reinstalación o un derecho vulnerado, es apenas el inicio de un camino tortuoso que puede prolongarse por años o incluso décadas. La justicia laboral en el estado vive un rezago que se ha normalizado al grado de convertirse en una forma silenciosa de negación de derechos, sostenida por la inercia institucional, la falta de recursos y una cultura administrativa que tolera la impunidad patronal —incluida la gubernamental.
El problema no comienza con la reforma laboral 2019, ni con la transición a los nuevos Centros de Conciliación y Juzgados Laborales en el Estado, es un mal histórico. En las extintas Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunal Burocrático, se acumularon expedientes que hoy, pese a estar resueltos mediante laudos firmes, continúan atorados en un limbo jurídico donde nada avanza. En teoría, un laudo es una orden, en la práctica, es una recomendación que muchos empleadores — particularmente instituciones públicas— simplemente ignoran, confiados en que el Estado carece de mecanismos eficaces para obligarlos a cumplir o es complice en su incumplimiento.
Los trabajadores que acuden a exigir la ejecución del laudo se encuentran con una cadena de obstáculos que parecen diseñados para cansarlos, emplazamientos que nunca llegan, oficios que tardan meses en liberarse, requerimientos que se repiten sin sentido, y la falta crónica de actuarios, personal administrativo y jueces “especializados” con excasa o nula experiencia laboral.
Entre pasillos llenos de carpetas y oficinas saturadas, la justicia se vuelve un acto de resistencia. No es raro encontrar a trabajadores que llevan 10, 15 o hasta 20 años esperando que se ejecute una resolución que les da la razón desde hace tanto tiempo que su caso pasó de ser un conflicto laboral a un drama humano.
El panorama se agrava cuando el patrón responsable es una dependencia estatal o municipal. Muchos ayuntamientos, amparados en la rotación política y en la falta de responsabilidad administrativa, se niegan sistemáticamente a pagar laudos que superan sus capacidades financieras o que fueron generados por gestiones pasadas. Esta práctica ha dejado a cientos de trabajadores con resoluciones inservibles, mientras los gobiernos entrantes y salientes se culpan mutuamente, sin que exista una ruta clara que garantice el cumplimiento efectivo.
La reforma laboral 2019, prometió agilizar los procedimientos, profesionalizar al personal y garantizar que los laudos tuvieran fuerza real. Sin embargo, la transición ha sido lenta y desigual. En teoría los juzgados laborales deberían contar con mejores herramientas, pero siguen enfrentando limitaciones presupuestales, una carga de trabajo creciente y la resistencia de actores acostumbrados a litigar mediante el desgaste y juzgadores que coadyuvan al retraso jurisdiccional.
El costo de esta ineficiencia se mide en vidas, trabajadores que fallecen sin ver cumplida una sentencia, familias que pierden estabilidad económica, personas que envejecen en salas de espera tratando de descifrar cómo exigir lo que ya ganaron legalmente. La justicia tardía no es justicia, pero en Chiapas la tardanza se ha vuelto una constante que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Es urgente replantear el modelo de ejecución laboral. La creación de unidades especializadas, la coordinación interinstitucional con municipios, la judicialización de autoridades omisas y la creación de fondos de garantía, podrían acelerar un proceso que hoy está roto. La justicia laboral no puede seguir siendo un privilegio al que sólo acceden quienes resisten más años, más trámites y más omisiones.
Mientras los laudos sigan archivados sin ejecución, el mensaje será claro, en Chiapas, los derechos laborales solo existen en el papel, pero no en la realidad. Y esa brecha —injusta, dolorosa e indigna— es la verdadera deuda que el Estado mantiene con sus trabajadores, todo lo demás, son puros discursos.
